¿Y ahora?

Contestar a la obvia pregunta que se está haciendo el público después de la captura del ‘Alakrana’ por los piratas somalíes exige distinguir adecuadamente varios planos.

En primer lugar, la cuestión más urgente y humanamente sensible: la de liberar a los rehenes. Como ya sucedió en el caso del ‘Playa de Bakio’, el Gobierno español -a través del Centro Nacional de Inteligencia- ha asumido la totalidad de las gestiones que proceden. La intervención militar está descartada y sólo cabe negociar y pagar la tarifa correspondiente (los precios han subido últimamente). Nuestros servicios de inteligencia conocen el terreno y los canales a seguir y, a buen seguro, en un plazo de siete a diez días el buque quedará libre. El Gobierno negará cualquier intervención en la negociación y pago -como cualquier gobierno inseguro del terreno que pisa haría-, la oposición protestará ritualmente, y punto. Algún pescador precisará de asistencia psicológica durante meses o años, pero el sufrimiento humano es poco valorado una vez que deja de ser noticia.

Los armadores del buque tendrán pérdidas económicas inevitables, pero tampoco fuera de control. El seguro del casco (Institute Fishing Vessels Clauses) les cubrirá tanto de los daños y robos a bordo (a los piratas les encanta saquear el delicado instrumental tecnológico del puente), como del rescate que se abone por el buque y la pesca a bordo. El seguro marítimo, por raro que suene, siempre ha considerado la piratería como un riesgo del mar frecuente y, por ello, cubierto por la póliza. El Club de Protección e Indemnización cubrirá la parte del rescate que se abone por las vidas de los tripulantes. La única pérdida sin cobertura aseguradora serán las ganancias dejadas de obtener durante el período de secuestro y subsiguiente reparación.

Queda la cuestión política, la más fragorosa en los próximos días con toda probabilidad. Nacionalistas y populares culparán al Gobierno de la captura del pesquero, por no haberlo protegido con infantes de marina destacados a bordo. Lo pedimos, no nos hicieron caso. Una acusación perfectamente gratuita: los ‘marines’ tanto podrían haber evitado la captura como causado un baño de sangre. La solución del problema no es embarcar a bordo militares o mercenarios, eso no es sino emprender una escalada de violencia sin final estable a la vista ¿Y cuál es entonces? Pues seguramente no hay ninguna fácil ni rápida, sino sólo una muy lenta: intervenir sobre la costa, que es de donde vienen siempre los piratas, y crear allí algo que se asemeje a un Estado eficaz. Y mientras se logra, no agravar el problema recurriendo a los fusiles. España tiene una dilatada experiencia histórica en la lucha contra la piratería, por eso no debiera caer en la trampa de intentar bunkerizar los barcos civiles.

El Gobierno, por lo que parece, intentará culpar a las empresas armadoras de lo sucedido, por pescar donde es peligroso o «fuera del perímetro de seguridad», como ya ha dicho la inefable vicepresidenta. Con lo cual, además de refugiarse en una excusa bastante absurda (no se pueden pescar atunes esperando a que acudan al barco, hay que ir a buscar los bancos móviles y aleatorios de esta especie migratoria), dará un nuevo ejemplo de su proverbial pereza por asumir la tarea de gobernar cuando ésta es impopular. Porque gobernar significa, a veces, que hay que intervenir y regular coactivamente una situación antes de que se vaya de las manos. Gobernar puede ser, en este caso, valorar cuidadosamente tanto los riesgos como los costes y asumir la decisión de prohibir a los buques españoles acudir a estas aguas peligrosas.

J. M. Ruiz Soroa