Y Azaña cierra TV3

«Democracia es la suma de procedimientos que acogen cualquier pensamiento, excepto el que propone derrocarla. No creo que siempre sea así…», escribe Roberto Calasso en su ensayo La actualidad innombrable. La democracia, alguna democracia, debido a sus complejos de culpa no curados ¿psicoanalíticamente?, es capaz de dejar circular incluso ideas que pueden llevar, con el tiempo, a su derrocamiento. Esto es lo que ha sucedido en Cataluña con sus planes de estudio nacionalistas, y esto es lo que podría suceder también en otras comunidades autónomas siguiendo las mismas pautas y directrices sin control.

¿Cómo es posible si no que todavía la televisión catalana y toda su red de innumerables radios locales sigan emitiendo estruendosos insultos y amenazas intolerantes contra el resto de España y sus propios conciudadanos también catalanes? ¿Acaso una democracia puede seguir permitiendo esto? ¿Nos imaginamos qué pasaría si RTVE, con toda su red, estuviera transmitiendo 24 horas seguidas consignas, insultos, noticias falsas, publicidad insidiosa y amenazas contra Cataluña? Que yo sepa, solo hay un país en estas mismas condiciones: Corea del Norte contra la del Sur y creo que, ahora, esa voz chillona debe haberse acallado algo después de los gestos pacíficos entre sus presidentes. En Cataluña cualquier día alquilarán esos altavoces que están desmontado en la frontera coreana desde donde también se insultaba a los del sur. Probablemente los resintonizarán en la frontera de Lérida con Aragón.

Y Azaña cierra TV3El teólogo Johannes Baptist Metz, actualizando a Marx, del que se están cumpliendo los doscientos años de su nacimiento, decía que el opio de los pobres hacía bastante rato que ya no era la religión, sino la cultura que estaban y están imponiendo los medios de comunicación. Y en Cataluña, a la educación sectaria, mentirosa, anticientífica y beligerante contra el resto de España (y de Europa), se le añade otro elemento más muy fundamental y destacado: las radios y televisiones indignas, racistas y antidemocráticas, como es la TV3. ¿Por qué no se la ha intervenido (es decir, reconducido, no clausurada) simplemente aplicando la Constitución? ¿Por qué se la ha dejado continuar difundiendo sin control sus mentiras? ¿Acaso podría emitir, por ejemplo, un mismo discurso contra la vecina Francia? Toda esta situación es insólita y hace descreer a muchos catalanes constitucionalistas y democráticos que allí se puedan arreglar las cosas. ¿Es esto libertad de expresión? ¿Es libertad de expresión el permitir que unos ciudadanos ofendan y denosten a otros compatriotas permanentemente sin que nadie haga respetar sus derechos? Estamos ante un nuevo fascismo latente bajo la capa del nacionalismo. Los totalitarismos iniciaron así su andadura. Un fascismo que nace como ideología y actitud anímica de la profunda angustia de un mundo adolescente, de la enemistad con la vida de los otros congéneres que destruye todo respeto y devoción hacia ella. Un nacionalismo inventado, repleto de rencores y resentimientos profusamente enseñados, y ensañados que han acrecentado cada vez más su vieja costra de odio tribal.

El nacionalismo, como decía María Zambrano del fascismo, no solo comete crímenes sino que él mismo es un crimen: porque obra sin reconocer más realidad que la suya, porque funda la realidad en un acto suyo de violencia destructora. Esa violencia arrasadora es la que se está promoviendo todos los días, desde los medios de comunicación audiovisuales públicos de Cataluña contra el resto de España. Para quienes se rasgan las vestiduras en defensa de la libertad de expresión a ultranza sin conocer la propia historia de su país, creo que valdrá la pena recordarles, aunque muy sucintamente, este episodio que le aconteció a la propia II República Española.

Ante los ataques que, por la derecha y la izquierda, sufría el nuevo régimen recién constituido y sin apenas tiempo para proclamar su nueva constitución, el Gobierno, sin acuerdo dentro de su propio seno y con carácter de urgencia, aprobó la Ley de Defensa de la República. Los ataques furibundos provenían, fundamentalmente, de parte de la prensa escrita que, por aquel entonces, movilizaba la opinión pública. La Ley fue aprobada en la sesión del 20 de octubre de 1931. Manuel Azaña no era partidario de la misma, propuesta por Antonio Maura, porque veía extraño y contradictorio que el nuevo régimen, siempre defensor a ultranza de la libertad de expresión e imprenta, fuera ahora quien la reprimiese. Manuel Azaña era más partidario de suspensiones temporales, pero la rápida y acelerada experiencia de gobierno que tuvo que adquirir a marchas forzadas, le hizo ver la necesidad de dicha Ley a la que Prieto opuso la mayor resistencia (como hoy también el Partido Socialista).

Las relaciones de Manuel Azaña con la prensa, curiosamente él que era un escritor, un intelectual y un periodista, aparte de funcionario, nunca fueron buenas. Lo mismo le pasó a la República zarandeada por extremos de distinto signo. Al aprobarse la Constitución, en diciembre del mismo año de 1931, la Ley se hubiera convertido automáticamente en anticonstitucional, en virtud del artículo treinta y cuatro que garantizaba la libertad de prensa, si no fuera porque se especificó que la anterior Ley conservaría su vigencia, asimismo constitucional, mientras estuvieran en funcionamiento las actuales Cortes Constituyentes, si antes no las derogaba expresamente.

Manuel Azaña en el complicado discurso que tuvo que pronunciar en defensa de la Ley, clasificaba a la prensa en dos categorías: una, verdadera, digna, legal y decente; la otra: malévola e insidiosa, difusora de mentiras. La primera no tenía por qué temer nada, podía seguir haciendo libremente su labor; mientras que la segunda debía andar con cuidado. La prensa que se ocultaba a la luz del día (las hojas facciosas y clandestinas de diversas ideologías revolucionarias) se dedicaba al descrédito de la República. A esa prensa de las tinieblas la calificaba Azaña de «reptil». Por lo tanto, él aceptaba que la libertad de expresión, en determinadas circunstancias de emergencia y ante el acoso permanente y contínuo al Estado de derecho, podía ser protegida y no censurada como otros querían hacer creer. Noticias incitadoras de la violencia social, y noticias desestabilizadoras del orden público, menosprecio de las instituciones u organismos del Estado, apología de otros regímenes despóticos del pasado o si no incipientes, relacionados con los totalitarismos, etcétera. Todo esto conducía a penas carcelarias, multas, suspensiones y ocupaciones de la publicación.

Ante aquellos tumultos provocados por algunas relevantes cabeceras y un sinfín de otras recién nacidas, el Gobierno tomó la decisión de «no dar libertad para los enemigos de la República». Así el propio Azaña se lo manifestó personalmente, y él mismo, además, lo dejó notarialmente escrito, a los directores de El Debate, Heraldo de Madrid y La Época, que asustados lo fueron a ver. La Ley de Defensa de la República duró hasta finales de agosto del año 1933. Fue sustituida por la Ley de Orden Público, promulgada un mes antes que la derogada anteriormente por un gobierno todavía presidido por Manuel Azaña. La utilización de la misma por otros gobiernos de signo conservador ya sería otra historia. Posteriormente, en el año 1935, se redactó un proyecto de Ley de Prensa muy involucionista rechazado incluso por una parte de la propia derecha. La vida de la prensa fue convulsa durante los últimos meses de la II República. Durante el segundo bienio, la libertad de prensa fue más difícil de mantener e incluso se impuso la censura previa ante la declaración del Estado de Alarma de 1934. La Revolución de Octubre lo complicó todavía más. El caso es que la censura previa duró 15 meses hasta enero de 1936 en víspera de los sufragios que ganaría el Frente Popular. Durante la campaña electoral hubo más libertad pero ante el cada día más creciente clima de violencia, el Gobierno recién salido de las urnas impulsó nuevamente la censura previa.

¿Sería hoy permisible una prensa escrita o digital, o unos medios de comunicación audiovisuales, que se manifestaran en contra de nuestra actual democracia y azuzaran a las masas al fascismo, al comunismo o a los populismos que ya conocemos? ¿Sería ir en contra de la libertad de expresión cercenar este camino antidemocrático y anticonstitucional? Eso es lo que desde hace ya muchos años se está produciendo en los medios de comunicación gobernados y firmemente manipulados por la Generalitat, con las consecuencias que sabemos y las que todavía queremos desconocer. El «reptil» de Manuel Azaña aún existe y la libertad de expresión debe servir para defender la Libertad y no para coartarla. «Democracia es la suma de procedimientos que acogen cualquier pensamiento, excepto el que propone derrocarla…», escribe Calasso. ¿Lo estamos permitiendo?

César Antonio Molina es escritor, ex director del Instituto Cervantes y ex ministro de Cultura.

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