¿Y después de Puigdemont, qué?

La detención en Alemania de Puigdemont tras una fuga con más glamour que gloria, ha vuelto a demostrar que la magistratura, la Guardia Civil, la Policía Nacional y los servicios de inteligencia hacen su trabajo. Contra lo que preveían sus adversarios, nuestro Estado constitucional sigue estando a la altura del grave desafío planteado por el nacionalismo catalán, trocado ya en independentismo franco y rupturista. Por este lado, sólo cabe dejar que la fuerza pública y los tribunales culminen su ardua tarea. Especialmente los segundos deberán despejar varias dudas. La de más monto es si el Código Penal de 1995 nos deja inermes ante este tipo de amenazas. Esto es, si cabe sostener que, contra los mismos hechos que todos hemos presenciado, la tentativa de golpe de Estado patrocinada por las autoridades autonómicas en Cataluña puede rebajarse a un pacífico acto de desobediencia civil. Y, por añadidura, si cabe avalar la absurda teoría de que la violencia material, la agresión directa, es requisito sine qua non para que exista una rebelión. Los historiadores sabemos hace tiempo que no es así. Por si alguien lo ignora de buena fe, le recomiendo Radiografía de un Golpe de Estado, del inolvidable Javier Tusell, que relata el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera.

Y después de Puigdemont, quéPor tanto, de los tribunales va a depender el grado de impunidad que un movimiento de estas características disfrutará en el futuro, cuando atente de nuevo contra las libertades civiles de todos y contra los principios constitutivos de nuestra sociedad política, de nuestro Estado de derecho. No quisiera que, con la detención de Puigdemont, se olvide que ambas cosas siguen en juego. Al pretender la destrucción de España y su Constitución, los nacionalistas han intentado sustraernos la titularidad y el ejercicio de nuestros derechos civiles en una parte del territorio nacional. Esta tentativa de latrocinio engloba, claro, la vertiente económica, la más mediática de todas. Pero los rendimientos de una contribución obligatoria y equitativa, o la propiedad pública de los servicios y las infraestructuras de aquella región son sólo partes de un todo más relevante, que haríamos bien en recordar releyendo el Título Primero de la Constitución. Y es que, con arreglo a las leyes, nadie está legitimado, por mucha mayoría que le arrope, a convertir a los españoles en parias, esto es, a privarles de su ciudadanía o de sus libertades civiles. Vergonzosa intentona que dirigentes como Oriol Junqueras quisieron tapar con la añagaza de una «doble nacionalidad» simultánea. Un engañabobos comparable al de las balanzas fiscales, la versión refinada del Espanya ens roba.

Pero los tribunales no lo resuelven todo. No se les puede pedir que solventen la fractura del pacto constitucional por el lado nacionalista. Y aquí abarco no sólo el catalán sino también el vasco. Comprueben, si no, con qué naturalidad el PNV defiende que el golpe quede impune, velada invitación a que se reproduzca en el futuro, sin que provoque el escándalo de nadie. Así las cosas, si no contamos con la lealtad de unos partidos que no tienen previsto renunciar a sus posiciones maximalistas, pero que pueden gobernar las autonomías vasca y catalana, ¿no ha llegado el momento de plantear el problema en toda su extensión? Como mínimo, ¿no sería razonable establecer constitucionalmente un núcleo de competencias indelegables, privativas del poder central? Además, ¿no sería aconsejable introducir nuevos mecanismos de intervención en las autonomías, más ágiles y atenuados que el 155, para que éste constituya el último y no el único recurso al que encomendarse en momentos de crisis? Sería un error mayúsculo no tomar ninguna lección de lo ocurrido, pasividad que sólo puede ser interpretada como una invitación a que se repita en unos años y en versión mejorada.

Cierto que el presidente del Gobierno tiene razón en que no cabe hablar de reformas constitucionales si no definimos claramente unos objetivos que puedan ser consensuados, susceptibles de ser aprobados por una mayoría mucho más elevada que la absoluta. Pero el líder de Ciudadanos también la tiene cuando urge a plantear fórmulas que permitan finiquitar la indefinición y la asimetría de nuestro Estado autonómico. Descartado Podemos, que propone contentar a los nacionalistas autorizándoles a plebiscitar nuestra ciudadanía y nuestros derechos cuantas veces quieran hasta que consigan abolirlos, esa amplia mayoría necesita al PSOE. Después de lo ocurrido, los socialistas no pueden atascarse en la simultánea reinvención de España como Federación de Estados y Confederación de naciones y, acto seguido, esperar a que los demás nos convirtamos a esa supuesta genialidad. Y menos cuando ni entre ellos suscita consenso.

La falta de acuerdo, no digamos de entusiasmo, dentro del PSOE en torno a la plurinacionalidad que plantea Pedro Sánchez guarda inequívoca correspondencia con que, desde su fundación, el proyecto socialista siempre tomó como sujeto al pueblo español en su conjunto. Esta identidad se reforzó, además, durante la Segunda República, cuando el PSOE devino en partido de gobierno y tuvo que lidiar con otro grave desafío nacionalista. Aquel 14 de abril de 1931 no fue la República española, sino la catalana, la que se proclamó en Barcelona. Lo hizo el entonces líder de la Esquerra, Francesc Maciá, que quedó de facto dueño de los resortes de poder en Cataluña, antes incluso de que se aprobara el régimen autonómico. Esta situación conllevó que Esquerra ya no considerara la autonomía como una concesión de las futuras Cortes constituyentes, sino como una suerte de concierto entre España y una entidad, el Estat Català, nacida independiente por virtud de una revolución y constituida primero en República y después en Generalidad.

Conscientes del peligro que representaba el nacionalismo para la consolidación de la República, los dirigentes del PSOE no dudaron desde el primer momento en denunciar la deslealtad de la Esquerra. Para reafirmar la autoridad de las Cortes españolas, se negaron a reconocer una autonomía catalana que no obtuviera en el parlamento una mayoría semiaclamatoria, como la de la Constitución de 1931. Tampoco se mostraron dispuestos a transigir, por boca de Indalecio Prieto, con gobiernos regionales que subvirtieran los principios liberales y democráticos que la República debía encarnar. Precisamente porque el internacionalismo y el federalismo pan-estatal, de Estados-nación preexistentes, eran consustanciales con el proyecto socialista, Luis Jiménez de Asúa, su miembro más conspicuo en la comisión constitucional, tachó de retrógrada toda división del Estado español en una federación de entidades regionales: de ahí que propusiera la alternativa del Estado integral, precursor de nuestro Estado autonómico. Preocupados, además, por garantizar una igualdad efectiva respecto de los derechos sociales, Prieto y Largo Caballero se opusieron en el debate constitucional a que las regiones pudieran legislar en materia laboral, hacendística o de previsión social.

Todavía más. El mismo PSOE catalán descalificó la «ética política» de la Generalidad, al que trató de «organismo anacrónico y patriarcal», con motivo de las «intolerables coacciones» en el «plebiscito amañado» del 2 de agosto de 1931, celebrado a capricho de Maciá para refrendar su proyecto estatutario. La Juventud Socialista de Barcelona se indispuso contra los primeros intentos de postergar al castellano en la enseñanza. Y como los socialistas consideraban que el respeto por las lenguas regionales no obstaba para que el español prevaleciera en toda relación entre los ciudadanos y su Estado, las votaciones parlamentarias del Estatuto catalán registraron la inasistencia del grueso del grupo parlamentario y hasta la renuncia al escaño de varios diputados, como José Algora, Rodrigo Almada y José Mouriz, que no querían refrendarlo. Los ejemplos de este cariz podrían multiplicarse. Bien puede decirse que el PSOE, aunque acabó propiciando la autonomía catalana, puso buen cuidado en no hacer concesiones, como la enseñanza, que pudieran ser instrumentalizadas por los nacionalistas para avanzar hacia su desiderátum independentista.

Pues de eso se trata, de nuevo, en 2018. Si a los socialistas españoles no les ata ningún pasado plurinacional, si lo que ahora ventilamos es un problema de organización territorial y, ante todo, de derechos civiles, ¿es mucho pedir que se comprometan en firme para hacer viable el Estado autonómico, único que suscita algún consenso, junto al PP y Ciudadanos? Más valdría esto que cualquier mitin de Pedro Sánchez con la rojigualda detrás.

Roberto Villa García es profesor de Historia Política en la URJC y autor de España en las Urnas. Una historia electoral (Catarata, 2016) y de 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa, 2017).

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