¿Y después del 25 de noviembre?

El domingo 25 conoceremos los resultados electorales. Más allá de que se despejen algunas de las principales incógnitas que plantea la campaña –¿obtendrá o no la mayoría absoluta CiU?, ¿cuál será el resultado electoral del PSC?–, lo más previsible es que una amplia mayoría de los diputados elegidos sean partidarios de que los catalanes se pronuncien sobre el futuro de las relaciones Catalunya/España. Para que ello sea posible, el marco legal actual exige que la mayoría parlamentaria que da sustento al Gobierno español sea favorable a la propuesta que haga el Parlamento catalán. Cabe, sin embargo, la posibilidad de una respuesta negativa por parte del Gobierno central y, entonces, habrá que ver cuál es la respuesta que darán a esta posición los partidos políticos representados en el Parlament.

Creo que el Gobierno central y el autonómico que surja de las urnas el día 25 no pueden volver a desaprovechar la ocasión, después de la fallida reunión sobre el pacto fiscal, de iniciar un diálogo que explore las posibilidades existentes de llegar a acuerdos que puedan satisfacer a ambas partes. Y en este diálogo habrá que incorporar las cuestiones vinculadas al mismo referéndum: características de la pregunta o preguntas, carácter vinculante o no, mayorías cualificadas o simples… Mantener posturas cerradas por ambas partes no creo que sea beneficioso para ninguna. Para el Gobierno catalán, porque mantener la escalada de la tensión no tiene por qué ser compartido por la sociedad catalana en su conjunto. Para el Gobierno español, porque tampoco es seguro que la sociedad española en su conjunto apoye una actitud que desatienda un problema político de envergadura como el que se expresó en la manifestación del pasado 11 de septiembre.

Durante estas últimas semanas hemos asistido a un, en mi opinión, lastimoso debate sobre la viabilidad económica de la independencia. Como si la independencia fuera un problema contable, muchos de los que han opinado sobre esta cuestión han precisado cuánto pagamos de más los ciudadanos de Catalunya, cómo afectaría al PIB catalán un boicot comercial mutuo entre Catalunya y el resto de España, cuántos almuerzos gratuitos podríamos dar a nuestros niños a cuenta del saldo negativo de nuestra balanza fiscal. Otros se han encargado de explicar que Catalunya no tiene una balanza fiscal negativa. Es más, se afirma que Catalunya ha tenido un superávit con la Administración del Estado y han justificado la inviabilidad económica de una Catalunya independiente. Desconfiemos, en mi opinión, de análisis que pretendan reducir el debate en Catalunya y, también, en España a establecer, al modo en que lo hace cualquier empresa, una cuenta de pérdidas y ganancias y un balance de la economía catalana. Son tantas las incógnitas del proceso que el esfuerzo deviene estéril. La viabilidad de un proceso como el que se plantea va a depender exclusivamente de la voluntad del conjunto de los ciudadanos de Catalunya de asumir las dificultades que con seguridad se van a producir, algunas de las cuales son más que evidentes. Por ejemplo: ¿Cómo recuperar la confianza de los inversores internacionales cuando hoy ha desaparecido? ¿Cuál va a ser nuestro destino en la Unión Europea y en la zona euro? ¿Cómo recuperar la fractura social que se va a producir, que se está produciendo, en la medida que avance un proceso como el actual?

¿Hay alguna cosa que garantice que estas dificultades van a desaparecer desde una Catalunya independiente? Sería una imprudencia pensar, como ya se ha señalado en estas mismas páginas, que desde una Catalunya independiente lo haríamos mejor, porque en estos últimos años cuando hemos tenido posibilidad de hacerlo no siempre lo hemos hecho.

¿Por qué creo que debería haber margen para el diálogo y el acuerdo? Porque tenemos desafíos a los que no podemos permanecer ajenos. En primer lugar, el que supone la construcción de una unión política, fiscal y bancaria en la Unión Europea y, en particular, en el Eurogrupo.

Qué significa la independencia cuando hay un amplio consenso, al menos en nuestro país, que la supervivencia del euro y de la misma Unión Europea debe ir asociada a más unión política entre los estados miembros –lo que supone cesiones adicionales de soberanía nacional– que conduzca a un fortalecido gobierno europeo y, por qué no, como ha afirmado el ministro de Economía alemán, a un presidente europeo elegido por los ciudadanos europeos. Qué significa la independencia cuando compartimos que la unión política debe ir asociada a una mayor unión fiscal, lo que debería suponer desarrollar un presupuesto europeo trasladando a él ingresos fiscales de los estados miembros y determinados conceptos de gasto, que permitan que dicho presupuesto haga funciones de un, al menos, incipiente presupuesto federal con capacidad para influir en la cohesión europea y hacer frente a los desajustes que se puedan presentar en países determinados. Qué significa la independencia en el terreno bancario y monetario cuando la Unión Bancaria Europea y el Banco Central Europeo van a asumir, están asumiendo o ya han asumido competencias que hasta no hace mucho correspondían a los estados.

En segundo lugar, otro desafío lo tenemos en España. ¿No hay cada vez más voces, aquí y allá, que expresan que es necesario reconsiderar el sistema autonómico tal como se constituyó? ¿No hay que adaptar, de una vez por todas, la Administración central a las competencias que se le atribuyen? ¿No hay que reformar la Constitución para dar cabida a un Senado como cámara territorial y para definir más claramente los ámbitos competenciales que corresponden a unos y a otros y evitar, así, los continuos conflictos competenciales? ¿No hay margen para mejorar la financiación autonómica aumentando su autonomía fiscal y su capacidad de gestión tributaria? ¿No hay que construir, en suma, un Estado federal en el que queden definidas las cuestiones anteriores?

Los desafíos son considerables pero quiero entender que aún hay posibilidad para que estas cuestiones se puedan debatir, y aunque todo ello pueda suscitar incertidumbres son, en mi opinión, aún mayores las vinculadas al proceso de independencia.

Martí Parellada, doctor en Económicas por la Universitat de Barcelona.

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