¿Y después del pacto de Estado, qué?

El 24 de julio la Subcomisión del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género creada en noviembre del 2016 aprobó por unanimidad el informe presentado a la Comisión de Igualdad del Congreso. El 28 de julio, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobó el informe presentado por la Subcomisión con 29 votos a favor y 7 abstenciones.

Nos encontramos ante un momento importante desde el punto de vista de los derechos de las mujeres. Y es que si ya fue importante la creación de la subcomisión en noviembre por lo que de simbólico (y no solo) supone aunar esfuerzos para un pacto de Estado contra este tipo de violencia por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, el hito de haber llegado a un documento consensuado –aunque de mínimos– no es menor, puesto que coloca en el centro del debate político algo que resulta incuestionable a tenor de los datos sobre asesinatos machistas, y es que en sociedades democráticas como la nuestra existe un tipo de violencia que es estructural y que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

Pero veamos en qué términos se podría hablar de hito histórico como algunos medios reflejan. En la misma línea, veamos cuáles son los retos pro futuro del pacto de Estado en esta materia. Y es que si hay una cuestión que late en el ambiente en estos momentos no es otra que: ¿y después del pacto de Estado, qué?

Hablar de pacto de Estado implica reconocer que hay un problema que requiere de un pacto político con altura de miras que dirija de forma decidida y enmarque la acción del Estado y sus políticas públicas a lo largo del tiempo en una clara dirección, que no es otra que acabar con el machismo imperante en nuestra sociedad. Obviamente, esta reivindicación de la necesidad de un pacto de Estado contra las violencias machistas no es nueva. De ahí la importancia de reseñar el importante papel de las asociaciones feministas y de mujeres que han venido reclamando la necesidad de un pacto para que la erradicación de las múltiples violencias de las que son objeto las mujeres ocupe centralidad en la agenda política de más alto nivel. No olvidemos las materias que en los 40 años de democracia han sido merecedoras de un pacto de Estado.

Ahora bien, sin perjuicio de las valoraciones positivas realizadas y de las concretas medidas aprobadas con afectación directa en la vida de las mujeres (y de sus hijas e hijos) que desde ciertos colectivos profesionales y desde el feminismo jurídico se han venido reclamando, lo cierto y verdad es que la lectura del documento que dará sustento al pacto de Estado parece retrotraernos en el tiempo al año 2004, cuando por unanimidad se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una unanimidad que si bien se escenificó en el Parlamento no ha tenido el reflejo esperado en otros sectores de la sociedad.

Llegados a este punto, bienvenido el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género y bienvenidas todas y cada una de las medidas articuladas para dotarlo de efectividad. No obstante, no se olvide que muchos de los aspectos concretados ya se recogían en la LO 1/2004 y que uno de los aspectos que han fallado ha sido su falta de desarrollo y concreción en políticas concretas con suficiente dotación presupuestaria. Esperemos que no ocurra lo mismo con el ansiado pacto.

Sin perjuicio de lo expuesto, sí cabría significar una última cuestión que no resulta menor. Y es que se echa en falta un abordaje integral de las múltiples violencias de las que son (somos) objeto las mujeres por el mero hecho de serlo. Violencias que dan sustento y continuidad al pacto patriarcal del sistema sexo/género. De ahí que quepa criticar desde estas líneas que el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género no vaya a incluir formas específicas de violencia contra las mujeres como la prostitución y el alquiler de úteros. Sin duda, puntos para la reflexión crítica sobre el modelo de lo humano que pervive en el ansiado pacto. Y es que todo apunta a que nace mutilado, por cuanto se observa que vuelve a hacer abstracción de la sexuación de los sujetos de derechos y que, por tanto, resulta insuficiente para romper el pacto patriarcal tan naturalizado en nuestra sociedad. La pregunta –de momento– queda en el aire: ¿y después del pacto de Estado, qué?

María Concepción Torres, profesora de Derecho Constitucional. Analista de Agenda Pública.

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