¿Y después qué?

El 1 de octubre no habrá referéndum, sino su caricatura. El Gobierno español está ahora actuando inteligentemente. Los gobernantes catalanes han profundizado su desvarío hasta el paroxismo, pero miles de personas les siguen. Esa es su única fuerza, nada desdeñable: masa y no razón; eslogan y no argumento; hechos y no normas. Con la amenaza de la violencia (a los fanáticos les gustan los mártires). La presencia de tantos jóvenes asegura, además, problemas futuros.

No es momento de mirar atrás y repartir culpas. El conflicto catalán tampoco ha debutado ayer. Lo decisivo es que tenemos un problema político al que responder. No hablo del 1-O, sino de qué hacer después de ese día y de cómo manejar la frustración de millones de ciudadanos, catalanes y no catalanes, porque es difícil no leer todo esto como un fracaso colectivo.

Caben diversas posibilidades. La primera es no hacer nada y, por tanto, seguir planteando desde el Gobierno central las respuestas jurídicas que se precisen. Esta postura ofrece ventajas. Es la más sencilla para un Gobierno central en minoría parlamentaria y, desde luego, la más afín a la personalidad de Rajoy. Por otro lado, el ordenamiento vigente es un muro contra desafíos independentistas a las bravas. Además, todavía puede haber personas en el entorno gubernamental que tengan la tentación de pensar, en clave de política palaciega, que el problema catalán es un suflé que bajará por sí solo si se convocan pronto elecciones en Cataluña y emerge un escenario parlamentario menos combativo; o si funcionarios y políticos pierden entusiasmo por miedo a las consecuencias judiciales; o porque desde el punto de vista de la mirada internacional el problema se está abordando de modo impecable; o si mejora la situación económica general o la de los catalanes en particular.

Sin embargo, este enfoque del problema ya ha fracasado en la práctica, es cortoplacista y no arregla ni minimiza la cuestión, sino que, al revés, la va exasperando.

Entre otras cosas, porque el problema catalán no es el problema catalán, sino el problema español. No sólo hay pulsión independentista en Cataluña, sino también en el País Vasco y, menos intensa pero creciendo, en Navarra, Galicia, Baleares y Canarias. En otras palabras, nuestro país se enfrenta al problema de su balcanización. El Estado (no sólo el Gobierno) debe dejar de ir a remolque. El procés no es un procedimiento judicial, sino un proceso político. La inteligencia jurídica de los letrados del Estado debe ir dejando paso a la inteligencia política.

Un sector de la ciudadanía catalana se ha fanatizado y no cabe esperar que regrese al orden constitucional, presente o futuro. Pero cabe suponer que otro grupo, incluso aunque haya defendido con ardor el 1-O, recobre la racionalidad suficiente como para recapacitar y empezar a dialogar. La experiencia del referéndum non nato enfadará a muchos, pero es posible que traiga a la realidad a algunos. Sobre todo tras las elecciones que, a no faltar, deberá convocar Puigdemont tras el 1-O. La política es una lucha de ideales —ay, la independencia— que, para algunos, quizá los más importantes, no es sino una lucha de intereses, el reparto del magnífico botín: los votos de todos los ciudadanos enfadados.

Si se quiere enfrentar el problema, me parece inevitable la reforma constitucional de nuestro modelo territorial. Insisto: no sólo para encauzar la querella catalana, ni mucho menos para intentar conseguir su tranquilidad a cambio de algunas golosinas. El original modelo territorial español es el único que podemos tener pues permite conciliar elementos federales (igualdad entre autonomías) y confederales (hechos diferenciales de algunas). Por favor, que nadie se siga confundiendo con los nombres; hay que dejar de utilizar la etiqueta “federal” para contentar a los nacionalistas. Estos no son tan tontos: lo que quieren son los elementos confederales, no los federales.

Pues bien, la reforma pasaría, a mi juicio, por, a partir de la experiencia de décadas de Estado autonómico, darle otra forma y para ello reducir el número de comunidades autónomas; recentralizar algunas competencias en favor del Estado (como hacen los alemanes de vez en cuando); profundizar en el autogobierno transfiriendo algunas competencias estatales a las autonomías; reconocer algunos hechos diferenciales (no sólo, pero también a los catalanes); y, por último, definir mejor el modelo de financiación autonómico (espoleta de esta explosión). Todo esto parece contradictorio pero es que el propio modelo autonómico es paradójico y por eso los equilibrios sólo pueden alcanzarse con finura.

Si queremos otros 40 años de convivencia, mucho me temo que habrá que abrir un proceso constituyente de verdad; los daños actuales del sistema no son sólo de chapa y pintura. La validez jurídica de la Constitución del 78 sigue intacta al tiempo que el consenso político sobre el que se asienta se ha ido fragilizando (entre otras cosas porque hemos sido incapaces de irla reformando). Da pereza, da miedo, es compleja y está llena de amenazas, pero es precisa la confirmación ciudadana de esos consensos o su cambio. La tranquilidad jurídica que parece ofrecer el ordenamiento vigente es un espejismo; no servirá para mañana.

Con esa reforma bien hecha bastaría. Pero cabe plantearse también la posibilidad de convocar referendos de autodeterminación en serio. Aquí tengo más dudas. Hacerlo es ya, por sí solo, otorgar la autodeterminación, a falta de una consumación posterior. Sin embargo, no es sostenible un sistema democrático con millones de personas que no se sienten dentro de él. El proceso pasaría, primero, por aprobar una ley de claridad a la canadiense; segundo, por informar objetivamente de las consecuencias monetarias, fiscales, de nacionalidad, políticas, económicas, etcétera, de la eventual secesión, al estilo británico; tercero, por consultar a los catalanes, con carácter previo, si quieren o no abrir este proceso (exigiendo una mayoría cualificada, obviamente); y, por último, por acudir al mecanismo de reforma constitucional agravada del artículo 168 de la Constitución, que, entre otros trámites, exige un referéndum final para todos los españoles.

Este es el punto: muchos catalanes quieren votar, pero esta decisión nos afecta directamente a todos. ¿Por qué va a poder decidir un señor de Olot y no uno de Valladolid sobre un asunto que nos impacta personalmente a los dos? ¿no tienen ambos idéntico derecho democrático de participación? Así pues, llegado el caso, jo també vull votar.

Fernando Rey Martínez es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y consejero de Educación de Castilla y León.

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