Las empresas petroleras, particularmente en España, sufren de un problema serio de comunicación y, en términos generales, carecen del esfuerzo educativo necesario para evitar conflictos abiertos con la sociedad a la que sirven.
A nadie le cabe duda que hasta que se encuentren o implanten nuevas fuentes de energía capaces de abastecer los requerimientos de la sociedad moderna, se tendrá que seguir contando con las energías fósiles. La alternativa de las renovables no está madura, no cubre los enésimos productos derivados del petróleo y tampoco está exenta de daños colaterales sobre el medio ambiente como se pensaba a priori. Y como todavía no se ha querido dar paso a combustibles de bajo coste, como el hidrógeno, tendremos que seguir explotando las reservas de hidrocarburos que aguarda la corteza terrestre. Pero ¿a qué precio?
La industria petrolera es millonaria. No sólo porque genera grandes beneficios, sino porque requiere una enorme inversión en infraestructuras. Si es complejo extraer petróleo en tierra firme, la tarea se convierte en reto tecnológico desmesurado cuando se traslada en alta mar y a fortiori en condiciones extremas como en el Ártico, el último rincón inexplorado del planeta. Toda inversión requiere amortización y este siglo, que apenas empieza su recorrido, será probablemente el escenario temporal de una transición hacia otra forma de energía, facilitada no sólo por la probable escasez futura de las reservas actuales, sino también por la necesidad de realizar inversiones más rentables.
Mientras tanto, resulta interesante comprobar cómo la sensibilidad de nuestra sociedad de consumo al aumento del precio del litro de gasolina o de diésel, que en los últimos años no pasa de algunos céntimos, no se corresponde con su sorprendente conformidad a la hora de pagar un litro de agua mineral casi al mismo precio, cuando la inversión necesaria al embotellamiento de este último líquido no aguanta comparación con la que requiere la detección, extracción y refinamiento de los hidrocarburos.
De cualquier modo, nos toca gestionar esta herencia industrial de forma que no causemos daños irreversibles a nuestros ecosistemas naturales. Desgraciadamente, estos daños, o las consecuencias de una sobreexplotación en cualquier ámbito, suelen dilatarse en el tiempo y sus señales sólo aparecen cuando es demasiado tarde para actuar. Pero no deja de ser un ejercicio de responsabilidad civil enfrentarnos de forma conjunta al problema, en vez de disparar sobre el mensajero y acusarle de todos los males. Dejando de lado las implicaciones económicas y políticas inevitablemente asociadas a la elección de los lugares de exploración y de explotación de petróleo en España, convendría pensar en el mar como garante de equilibrio y de vida antes que como un recurso energético infinito o turístico puntual, y analizar las condiciones que se deben de dar para compatibilizar su explotación industrial con la conservación de sus ecosistemas.
En la actualidad, nuestras leyes exigen a todo operador la entrega de un estudio de impacto ambiental a las autoridades competentes previo a cualquier actuación, estudio donde se tiene que describir, con datos científicos y técnicos, los pormenores de la futura actividad industrial y sus posibles efectos sobre el medio ambiente. Al mismo tiempo, se requiere la toma de medidas preventivas y, en su caso, reparadoras si se identifica un posible problema medioambiental. Sorprendentemente, las agencias independientes elegidas para la redacción de tales estudios de impacto, siguen, a pocas comas de diferencia, los mismos patrones en sus informes. Expediente tras expediente, se encuentran los mismos argumentos, las mismas referencias, la mayoría de ellas no actualizadas porque sus autores no son siempre científicos activamente involucrados en investigación y, por lo tanto, al día de sus avances, sino técnicos ciertamente limitados a tareas de redacción.
Los operadores offshore, por su parte, en este caso las petroleras, carecen de competencia interna para evaluar de forma objetiva el contenido de estos informes, que ellos mismos encargan, y mostrarse suficientemente críticos, sobre todo si el informe les es favorable, para exigir a las agencias redactoras un mayor esfuerzo analítico.
Una vez llegan estos informes a la Administración, se recurre a expertos externos a quienes se pide, sin ninguna retribución a cambio (en esto España se distingue también de sus vecinos europeos y americanos) un análisis exhaustivo de dichos documentos y unas alegaciones en un plazo determinado, momento en el cual se devuelve el material redactado a los operadores, quienes generalmente aceptan los argumentos y comentarios recibidos y se comprometen a tenerlos en cuenta a la hora de actuar. Una vez el permiso entregado, no se ejerce ningún mecanismo de control que permita comprobar si se cumple lo establecido en dichos informes.
En paralelo, se establece un canal informativo donde opinan a través de los medios de comunicación los colectivos sociales implicados, plataformas ciudadanas y grupos ecologistas, aportando, seguramente de buena fe, datos relevantes a la defensa de sus intereses, a veces utilizando comparaciones inverosímiles basadas en seudodatos científicos, sin realmente medir las consecuencias de crear alarmas sociales a menudo infundadas.
Posiblemente, esta situación se deba también a nuestra incapacidad, como científicos, de explicar de forma más asequible para el público no experto los resultados de una investigación cuyas implicaciones deberían de estar, sin embargo, en primera línea de los debates.
El resultado de todo este proceso se puede leer estos días en la prensa. Por una parte, las petroleras no salen de su mutismo y parecen incapaces de proporcionar a la sociedad los argumentos técnicos necesarios a la comprensión de su actividad, al control de los riesgos que comporta y no se atreven a apostar por tecnologías de mitigación de última generación (¿por qué tienen un coste añadido?). Mientras, la Administración no se dota de los medios necesarios a la gestión de la situación, dejando en manos de la buena voluntad de expertos externos la responsabilidad de evaluar los informes de impacto ambiental. Finalmente, los colectivos sociales implicados aceptan, sin comprobarlos, argumentos provenientes de juicios paralelos que alimentan su cólera.
¿Y el mar en todo esto?
El protocolo de actuación existe, sin embargo, para limitar los efectos inevitablemente negativos de las prospecciones petrolíferas, en particular a los que se refieren al ruido que desprenden estas actividades. La disposición de sensores acústicos capaces de detectar automáticamente e identificar a las especies animales, especialmente a los cetáceos, permite alertar de su presencia en el área y suspender las operaciones el tiempo que se alejen, evitando exponerles inútilmente a cargas acústicas que pueden ser letales a corta distancia. Esta tecnología está implementada en muchos océanos y ayuda a combinar los intereses de las actividades humanas en el mar con la conservación de sus ecosistemas.
¿A qué esperan las petroleras para adoptarla? Probablemente a que se lo exija una Administración demasiada lenta en incorporar los avances científicos en su hoja de ruta medioambiental.
Mientras tanto, seguimos comprometiendo el equilibrio natural de los océanos y nos alejamos a pasos agigantados de nuestra responsabilidad cívica. Es tiempo que la industria offshore demuestre su cometido y actúe en consecuencia, sin esperar una hipotética regulación que ampare sus operaciones..
Michel André es profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña, BarcelonaTech (UPC) y director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas (LAB).