La Iglesia emprendió importantes batallas en los años de Gobierno de Rodríguez Zapatero, frente al aborto y los matrimonios homosexuales, el reconocimiento de las víctimas del franquismo, que “abría viejas heridas”, y, sobre todo, contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), donde unió la defensa de la religión con su peculiar concepto de la libertad de enseñanza.
Las declaraciones de los representantes de la Iglesia católica en esos ocho años podrían recopilarse en un manual de cómo utilizar el engaño y la propaganda para auxilio espiritual y material de la derecha política. La Iglesia desplegó toda su infantería y la puso al servicio del Partido Popular. El objetivo: echar a Rodríguez Zapatero, a los socialistas y recuperar las riendas del poder.
La Iglesia encontró un auténtico filón en lo que los obispos denominaban “intolerancia del laicismo que promueve el Gobierno”. Por ahí atacó una y otra vez, para defender sus privilegios, hasta que el enemigo desapareció.
Y para no quedarse solo en declaraciones y palabras, invitó a los católicos a manifestarse. Porque tocar a rebato y manifestarse contra los Gobiernos de izquierda fueron comportamientos habituales de la Iglesia, durante la Segunda República y durante la democracia actual. Una forma de resistir a los cambios, aunque la democracia, sus gobiernos y sus instituciones, le han dado a la Iglesia católica un trato exquisito. No hay ningún otro país democrático en el que la enseñanza privada católica, concertada la llaman ahora, cuente con el apoyo y financiación que tiene en España.
Ahora, sin embargo, que la sociedad civil se rearma frente a las políticas del Partido Popular, cuando el Estado ya no quiere actuar como dispositivo de seguridad frente a los amos del capital y a la desigualdad excesiva, la jerarquía eclesiástica guarda silencio o predica la resignación ante lo que el Gobierno de Mariano Rajoy impone como inevitables recortes.
No necesita reconvertirse o adaptarse a los tiempos de crisis y penuria, distanciada de las protestas contra la corrupción y el enriquecimiento fácil, contra los bancos y los especuladores, que tienen mucha más fuerza que los parlamentos y que los órganos de representación popular.
No reclama políticas al servicio de los ciudadanos, que se propongan la redistribución de los recursos sociales. El integrismo se impone. Y con la educación y las finanzas a salvo, ¿para qué descender a los problemas mundanos?
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.