Pese a haberse cerrado la controversia iniciada por el alcalde de Vic con su voluntad de no empadronar a los inmigrantes irregulares, la clase política ha retrocedido 10 años en el debate sobre la inmigración. Tras el debate tranquilo de la reforma de la ley de extranjería del pasado otoño, súbitamente han salido del armario amplios sectores de nuestra clase política, recuperando un discurso que muestra la inmigración como problema, en lugar de lo que ha sido: la solución al gravísimo problema que se generó en los años 80 y 90, cuando España se convirtió en el país de menor natalidad de la Europa desarrollada, y Catalunya, de España. La inmigración es el mayor fenómeno social, económico y demográfico que ha vivido España la última década y ha solucionado un grave problema, pese a haber generado otros concretos por su rapidez y su no planificación.
El diputado de CiU Carles Campuzano, que es el único diputado que sigue llevando la temática migratoria de manera ininterrumpida en el Congreso desde 1997, cuando se creó una subcomisión para consensuar la primera versión de la actual ley 4/2000, decía recientemente que si analizábamos la evolución de este fenómeno desde mediados de los años 90, cuando los extranjeros eran solo un 2% de la población en España, al actual 15%, podía calificarse de un éxito. Éxito porque habíamos sido el país que había acogido a un número mayor de inmigrantes en tiempo récord y éxito también porque, pese a los luctuosos hechos de El Ejido y las consignas alarmistas que hacía Aznar en el año 2000, se aprendió la lección y, pese a las discrepancias de unos y otros, no se deseaba hacer electoralismo alarmista que pusiera en peligro la convivencia. Además, la ciudadanía europea que adquirían los inmigrantes rumanos, la adquisición de la nacionalidad de más 100.000 extranjeros al año y los acuerdos de reciprocidad que darán en las próximas municipales el derecho al voto a cientos de miles de latinos sugerían no ofender a quien nos debía votar.
Si releemos los debates del pasado otoño, cuando el Congreso abordó la ley de extranjería, veremos cómo el PP, pese a no votar la reforma por no aceptarse su propuesta de contrato de integración, propuso muchas enmiendas concretas similares a las de CiU, Esquerra e Iniciativa per Catalunya. Así, el PP proponía que la regularización por arraigo se pudiera solicitar a los tres años de estar empadronado, frente a la redacción actual, que deja la fijación de este periodo en manos del reglamento, o pedía que la ampliación de los 40 días de internamiento a los 60 fuera aplicable solo en casos excepcionales.
El alcalde de Vic, Josep Maria Vila d’Abadal, que llegó a la alcaldía tras la retirada, por disputas internas, del anterior alcalde de CiU, Jacint Codina, quien había desarrollado una ejemplar y modélica gestión de la inmigración, vio cómo CiU perdía apoyo, en parte por las trifulcas internas y en parte por el éxito de la xenófoba Plataforma per Catalunya de Josep Anglada. Quien desee saber qué opina este político de la inmigración, que busque en internet sus declaraciones en su último congreso, donde dijo que la mayoría de los inmigrantes eran: «¡Chusma, chusma, chusma!» (vídeo de 9tv).
Vila d’Abadal ha dicho estos días que había que hablar claro, dado que, si no lo hacía, «nadie nos votaría», y que había que evitar el empadronamiento de los irregulares para poner orden. Pero la existencia de esa bolsa de irregulares forma parte del modelo de gestión de flujos que eligieron tanto los gobiernos del PSOE como del PP y siempre con el apoyo de CiU.
Cuando había en España solo un 3%, un 5% o un 10% de inmigrantes, hacíamos una regularización que siempre se decía que era la última, se proclamaba que posiblemente habíamos tocado techo y nadie se atrevía a reconocer lo que anunciaban la mayoría de estudios demógraficos y económicos: que el flujo seguiría aumentando. Y al no crearse mecanismos de llegada legal masiva, entraban como irregulares. Solo con el ministro Caldera funcionó durante una época la contratación en origen masiva. Así, nuestra gestión del fenómeno ha sido tener irregulares y, después, regularizarlos. Posiblemente eso ha sido de este modo dado que ni a los votantes españoles ni a los políticos europeos les hubiera gustado escuchar que España necesitaría en poco tiempo varios millones de nuevos inmigrantes. Y, ahora, con la crisis, el flujo se ha frenado por sí solo.
Sería injusto acusar a Vila d’Abadal de xenófobo, porque Vic ha desarrollado una ejemplar gestión de la inmigración. Pero su demanda a destiempo de «poner orden» ha generado que el PP y parte de CiU hayan cambiado su discurso. La xenofobia, la demagogia sobre los perjuicios que genera la inmigración y las peticiones de expulsar masivamente a los irregulares han salido del armario. El PP ha asumido las tesis de su concejal de Badalona, Xavier García Albiol, mezclando inmigración y delincuencia. Y una vez han asumido el lenguaje de Josep Anglada, este discurso será difícil frenarlo.
Xavier Rius Sant, periodista y autor de El libro de la inmigración en España.