¿Y por qué no políticos colaborativos?

Hasta hace relativamente poco tiempo el ejercicio de la política tenía reminiscencias bélicas, de inevitable confrontación y de enfoque partidista. El paradigma guerrero de la política se inspira en Clausewitz, según el cual “la guerra es la continuación de la política por otros medios”, afirmación que aproximaba el conflicto armado con la actividad política, estableciendo entre el uno y la otra un nexo permanente. Y, aunque todavía persisten teorías sobre el carácter esencialmente antagonista de la política, lo cierto es que, como ha ocurrido en otros ámbitos, la realidad social obliga a superar esos modelos tradicionales y adoptar otros en consonancia con la expresión democrática de los ciudadanos, que pide a los dirigentes desarrollar sus funciones públicas con criterios transaccionales y colaborativos.

Los atributos deseados en los nuevos políticos, además de algunos de carácter generacional, son bien diferentes a los que definían los antaño liderazgos fuertes y personalistas, extremadamente ideologizados y apoderados más por los aparatos de los partidos que por las instancias representativas. En la política ha ocurrido en  cierta manera como en la empresa. Los gestores han de ser, especialmente después de la gran recesión, referentes de valores que se consideraban blandos y que ahora resultan imprescindibles: integridad, capacidad de dirección de equipos, accesibilidad, aptitud para la comunicación, empatía, transparencia… La empresa ha dejado de ser solo un negocio para convertirse en un proyecto social y económico en constante desarrollo y el empresario tiene que ser ahora un primero entre iguales que asuma con fuertes criterios éticos la responsabilidad del liderazgo.

Cuando las sociedades democráticas votan como lo hacen las occidentales hay que extraer lecciones que interpelan a la clase dirigente. La pluralidad de opciones con representación parlamentaria no es sinónimo de ingobernabilidad, sino un desafío que los electores lanzan a sus políticos para que abandonen la interpretación bélica de la política y la transformen en un ejercicio de ponderación de intereses diversos hasta integrarlos en políticas transversales e inclusivas. El recurso, muy común, de confundir la pluralidad con el desgobierno representa mucho más un síntoma de impotencia que un análisis adecuado de la realidad. La descodificación de los mensajes que envían las urnas requiere, por lo tanto, una reconexión con las aspiraciones sociales que evitan la concesión de poderes absolutos y los diversifican para sortear los procesos de decisión excluyentes.

El nuevo paradigma de la política –y, en cierto modo, de otros ámbitos- ha mutado el diccionario que se utilizaba en ella. Aunque persiste el contraste de modelos sociales e ideológicos, el eje izquierda/derecha ha adquirido unas tonalidades mucho menos antagonistas y las diferencias sociales se manifiestan en expresiones poco convencionales. Así la gente se ha convertido en un concepto sociopolítico con significaciones distintas a las anteriores puramente coloquiales; los “de arriba” y los de “abajo”, denominan ahora a las precedentes clases sociales, el empoderamiento ciudadano es en la actualidad la descripción de las facultades que reclaman los electores individual y colectivamente frente a los poderes públicos. El laicismo, la globalización en la comunicación y la digitalización en la economía, son fenómenos que remiten también a una nueva política a la que se apela pero que no se define, que no acaba de salir del terreno conceptual de la entelequia.

La nueva política, en lo que tiene de aspiración, no puede confundirse con fenómenos que en absoluto son históricamente nuevos como la emergencia de populismos –nacionalistas, de izquierda o de derecha-, tampoco con manifestaciones preocupantes de xenofobia o rechazo al extranjero y, menos aún, con expresiones violentas.

La nueva política se fundamenta en un renovado esquema de valores cuyo común denominador se contendría en la palabra colaboración. Por eso, los políticos están obligados a ser colaborativos entre sí para servir con fidelidad a unas sociedades que han adoptado actitudes colectivas que reclaman su protagonismo mediante la exigencia de políticas eficaces, éticas, transparentes y que amparen el mayor número posible de legítimos intereses, más allá de favorecimientos o concesiones de carácter ideológico. De ahí que la corrupción provoque un rechazo radical, que la partidización de las instituciones suscite una crisis de confianza sostenida en sus decisiones, que las imposiciones religiosas repelan a la ciudadanía y que la ausencia de empatía con las lacras sociales que ha provocado la crisis y que causan los conflictos internacionales sea duramente combatida por una ciudadanía que se ha artillado con asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales y movimientos diversos que replican a las grandes infraestructuras del poder convencional.

España se encuentra en el tránsito de la vieja a la nueva política. Los recientes procesos electorales están lanzando un mensaje tan obvio que causa perplejidad que resulte inaudible para la clase dirigente.

Se trata de un mensaje fácil de interpretar: hay que transformar la concepción bélica de la política –un paradigma del siglo pasado- por otra plenamente colaborativa que, manteniendo las diferencias de opinión y valoración, responda e integre a las necesidades sociales y a sus aspiraciones. Desde esta perspectiva, resulta coherente comprobar cómo en muchos países democráticos europeos los Gobiernos de coalición e integración de ideologías diferentes son la regla y no la excepción. De ahí que haya que volver a mirar a Europa, como aconsejaba Ortega, para sanar nuestros males y entender que, pese a las resistencias de los más numantinos, se impone la transacción, el pacto y la colaboración. La alternativa es el fracaso.

José Antonio Llorente es fundador y presidente de Llorente & Cuenca.

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