"Tratado por el que se establece una Constitución para Europa". Éste era el ambicioso título con el que la Convención presidida por Valéry Giscard d'Estaing presentaba el resultado de su trabajo. Aquel tratado se firmó el 29 de octubre de 2004 en Roma y, más tarde, fue sometido a los diferentes procesos de ratificación nacional. El resto es bien conocido: los resultados negativos de los referéndums en Francia y los Países Bajos llevaron a las autoridades europeas a decretar un "periodo de reflexión" que ahora toca a su fin. Desde enero de 2007, la presidencia alemana de la UE no escatima esfuerzos para sacar a Europa de la crisis y para definir un guión que le permita dotarse de un marco institucional que garantice el progreso de la integración. En los umbrales del siglo XXI, la prolongación de los 50 años de éxito de la construcción europea pasa por una reformulación del proyecto común. El Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo anuncian sendas decisiones para los próximos meses. Está prevista también la convocatoria de una Conferencia Intergubernamental (CIG), cuyo punto de partida, según todo parece indicar, será un doble consenso en torno al tratado de 2004 como base de trabajo y a la necesidad de llegar a las conclusiones antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, en mayo de 2009. Hay que señalar, no obstante, que la CIG se enfrentará a la cuadratura del círculo: ¿cómo conciliar el hecho de que 18 países miembros ya hayan ratificado el tratado, dos lo hayan rechazado y siete sigan dudando al respecto?
Estamos firmemente convencidos de que en esta coyuntura hay que dar la palabra a todos los ciudadanos europeos, y no sólo a los que pudieron expresarse en referéndum. Con este objetivo, proponemos que se organice una gran consulta simultánea en todos los países de la Unión. Tal consulta no reemplazaría el proceso de ratificación, sino que vendría a ser una contribución a éste, pues proporcionaría a las instancias de la UE que deben tomar las decisiones una información crucial, una imagen más precisa de las aspiraciones y la voluntad de sus ciudadanos. La consulta no sería vinculante, pero sus resultados constituirían una valiosísima orientación política. De esta forma, incluso los países que no tienen costumbre, o carecen del marco jurídico apropiado para proceder a un referéndum vinculante, podrían participar.
Aunque no sería un referéndum en el sentido constitucional del término, estaría lejos de ser un simple sondeo de opinión pública, pues concedería al ciudadano un papel central en el proceso político en curso, reforzando la transparencia del proceso constitucional y reduciendo el "déficit democrático" en la UE. Estamos convencidos de que ese déficit no concierne a las instituciones europeas, que son democráticas y legítimas, pero sí a la incómoda y a veces ignorada posición del ciudadano en este escenario político. No hay que dudar en recurrir a prácticas que refuercen la autoconsciencia del ciudadano europeo, la conciencia de tener derechos y obligaciones que no se limitan al marco nacional, sino que se extienden a toda la Comunidad. Demasiado a menudo, los debates sobre Europa encuentran dificultades para trascender el ámbito nacional. Una consulta de estas características permitiría cotejar cada escena política nacional con las otras 26 que componen el espacio público europeo. Ningún resultado podría entonces leerse ni interpretarse únicamente en clave nacional.
La idea es, claro está, acercar el debate sobre el futuro de Europa a la calle, a los cafés y a las familias. Impulsar una toma de conciencia a escala europea de que lo que está en juego es la forma de la UE durante las próximas décadas. No se trata de plantear una pregunta general sobre la aprobación del tratado, lo que entraría dentro de la lógica del referéndum, sino un cuestionario lo más concreto e inteligible posible sobre la esencia de las reformas que se barajan. Este cuestionario debería pues abordar problemas relacionados con la dimensión política de la UE y con la eficacia de su funcionamiento: bastaría con tres o cuatro preguntas centradas en la política exterior común, el establecimiento de una defensa europea, la política común sobre seguridad energética, etcétera. De esta forma, podríamos cerrar el "periodo de reflexión" abierto tras los referéndums en Francia y los Países Bajos, pues es evidente que aquella llamada a la reflexión no iba dirigida a las instituciones, sino a los ciudadanos. Los partidos políticos europeos desempeñarían entonces el papel que por definición les corresponde y los partidos nacionales, tan tímidos en lo que se refiere a los asuntos europeos -que a menudo crean confusión en sus filas-, se verían obligados a abrir un debate con sus militantes y electores sobre estas cuestiones.
Para que tal iniciativa pudiera llevarse a cabo, sería necesario que el Parlamento Europeo se implicase plenamente, así como los Parlamentos nacionales de los países miembros, y actuara en colaboración con el Consejo y la Comisión. La experiencia demuestra que es posible consultar al mismo tiempo, y sobre los mismos temas, a todo el cuerpo electoral de la Unión, pues así viene ocurriendo desde 1979 con ocasión de las elecciones directas al Parlamento Europeo.
Estas "consultas europeas" deberían estudiarse en relación con la Conferencia Intergubernamental que intentará poner fin al actual impasse constitucional, y podrían organizarse antes o después de aquella. En el primer caso, se trataría de orientar a la CIG, de indicarle, como un faro, el camino a seguir; en el segundo, de facilitar el proceso de ratificación, de responder a las eventuales dudas que pudiesen surgir durante las negociaciones y, sobre todo, de ver si se puede llegar aún más lejos en los cambios emprendidos. También sería útil preguntar a los ciudadanos si consideran necesario continuar con el proceso de profundización política, y en qué terrenos.
Nuestra propuesta nace, qué duda cabe, en un contexto de crisis institucional. Sin embargo, podría convertirse en un precedente. El recurso al referéndum abriría la puerta a la emergencia de un demos europeo y de esa primera democracia multinacional que es la Unión Europea. Esta consulta, en todo caso, acercaría la UE a los ciudadanos, situaría a estos últimos en el corazón de nuestro espacio público y daría sentido y vigor a la noción de "ciudadano europeo".
Bronislaw Geremek, diputado europeo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) y ex ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, y Carlos Carnero, diputado europeo del PSOE y miembro de la Presidencia del Partido Socialista Europeo (PSE). Traducción de José Luis Sánchez-Silva.