¿Y si dijéramos basta?

La gravedad de los 'papeles de Panamá' se encuentra en la relación de lo que revelan con la amnistía fiscal decretada por el Gobierno actual en el 2012. Ahora bien, a pesar de tratarse del escándalo más voluminoso de la historia fiscal mundial, añaden poco a la interminable retahíla de defraudaciones fiscales aparecidas en los últimos años. El común denominador de los protagonistas de este último escándalo coincide con el de siempre. Son personas de la política, la economía, la sociedad, el deporte que obtienen importantes sumas de dinero puntuales, o esperan percibirlas en el inmediato futuro, y deciden evitar o reducir drásticamente sus obligaciones fiscales.

No son huidas hacia delante de los que tienen acceso a mucho dinero. Ni se tiran al monte desapareciendo. Los que figuran en las listas de estos papeles y de los anteriores, una vez verificada la acción, son personas físicas, hombres de partido, presidentes de gobierno o empresas pantalla que enfilan las grandes autopistas construidas expresamente para acceder a los resquicios legales o a los espacios físicos opacos a las haciendas.

Y si dijéramos bastaNo es ilegal crear una empresa 'offshore'. No es ilegal mover capitales. No es ilegal pagar impuestos en un país fuera del que se opera. No es ilegal intercambiar figuras fiscales personales y societarias. Pero, todo esto forma parte de una grave contradicción. Entre los derechos y deberes de la ciudadanía se encuentra, por una parte, el de contribuir al bien común según los ingresos obtenidos (servicios a cambio de impuestos, de Keynes). Por otra, el mismo sistema que garantiza libertad para todos y para todo, empuja al enriquecimiento sin límites. Y tan pronto como este se produce, permite la corrección de la fiscalidad en favor de los acumuladores, abriéndoles el camino a sustraerse a las condiciones generales de la ciudadanía.

Desde esta orilla en la que nos encontramos la mayoría de los asalariados, los autónomos, los parados o los rentistas que cumplimos con las obligaciones fiscales nos airamos nuevamente ante el enésimo escándalo. No tanto por contemplar cómo los poderosos usan activamente los vericuetos para competir ante la vida en mejores condiciones que nosotros, puesto que ellos o no pagan o pagan menos impuestos, mientras nosotros, todos.

Lo peor estener que soportar a algunos de estos grandes actores sociales defraudadores admonizándonos desde sus púlpitos acerca de los compromisos de la ciudadanía. Es decir, en el ejercicio de su función social nos dan habitualmente la vara y bajo mano nos la quitan. Demasiado cinismo para estar sometidos a la misma ley.

¿Qué ocurriría si, ante tantos escándalos,los contribuyentes dijéramos basta? ¿Si nos manifestáramos por las calles y llenáramos las cuentas de internet exigiendo un trato fiscal parecido a los de la otra orilla? ¿Si reclamáramos la diferencia entre pagar el 20% del impuesto de la renta y el 47% del salario (el trabajador), o el 20% y el 24 % (el inversor), frente al 10% que les costó todo a los amnistiados? ¿Y si las cantidades a reclamar las multiplicáramos por los años de defraudación?

En la declaración de la renta de las personas físicas del año pasado cometí un olvido involuntario. Ni estaban en el borrador, ni se incluyeron posteriormente unos ingresos percibidos de 415 euros. Contrasta el trato a los beneficiados por la amnistía otorgada por el gobierno del PP en el 2012 con el lenguaje bronco y de venganza de las cartas enviadas por Hacienda reclamándome esa cantidad.

Me enorgullece que este país disponga de un equipo de funcionarios capaces de descubrir este olvido y de corregirlo. Si me apuran, también acepto que impongan multa, aunque considero exorbitado que sea del 50 % como ocurrió por tratarse de una falta leve. Pero, por lo que no paso es por recibir cartas con ese lenguaje chusco y chulesco de la denuncia fiscal. Me harta tanto gerundio, tanto verbo vacío y tanta conminación. ¿Se olvidan, muy señores míos, que esa misiva-denuncia va dirigida a uno de los que pagan y sustentan todo esto?

La ciudadanía pagana está exasperada aunque tranquila. Por el momento, ni se manifiesta ni se adhiere en internet a una revuelta fiscal. Las leyes están para cumplirse y no parece el momento adecuado para una escaramuza de esta guisa frente al leviatán. Pero no hay que olvidar que muchas leyes se fraguan en las calles ante de llegar a los parlamentos. Según cuenta la leyenda, tal era el clamor popular en favor de Robin Hood que Ricardo Corazón de León o Eduardo II -según la fuente o según la película- le indultó. La historia no se explaya respecto a si las fortunas de los ricos a los que robaba el héroe popular sufrieron paralelamente alguna vicisitud.

Josep-Francesc Valls, Catedrático de ESADE Business and Law School.

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