Si no existiera la Unión Europea (UE), ¿viviríamos mejor, con más libertad, igualdad, bienestar y seguridad? Los españoles, ¿confiamos más en España o en Europa? La confianza de los españoles logra un 75% de apoyo al entender que estas tres décadas en la UE (1986-2019) han sido beneficiosos para los intereses generales de España (encuesta de primavera del Eurobarómetro). Además, el 68% estima que las cosas van en "la mala dirección" en España, mientras que en la UE la desconfianza baja al 56%. Confiamos más en la red europea que en nuestros inmediatos representantes políticos, aunque también por nuestra escasa autoestima solemos valorar mejor lo de fuera.
Lo que más preocupa a los españoles es el desempleo juvenil (menores de 25 años). Claro, España es la subcampeona de Europa en desempleo juvenil (33,7 %) por culpa del mediocre sistema educativo, de la descuidada formación profesional, del rígido sistema laboral y sindical.... La media de la UE está en el 14,5% (marzo 2019). La política de empleo es responsabilidad nacional plena y la UE solo asume funciones de coordinación y orientación. El desempleo general se dobla en España (14%) respecto de la media europea del 6,4% (marzo 2019). Luego, el problema es España. No son las políticas de la UE las que fallan, sino las nuestras, nuestros políticos.
Sabemos que la UE ha beneficiado al bienestar de los españoles. Las políticas de igualdad entre mujeres y hombres aprobadas por el Parlamento Europeo (PE) y el Consejo -el legislador europeo bicameral- son la vanguardia del planeta; esas directivas europeas de igualdad se tradujeron en leyes internas, como la conocida Ley de 2007 de la que se apropió el Gobierno Zapatero. Los políticos nacionales hacen suyos los éxitos de la UE y, por el contrario, le endosan sus fracasos internos.
Además, la UE no nos roba. Por el contrario, hace ya unos años el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por haber exigido ilegalmente desde 2002 un impuesto sobre los carburantes (céntimo sanitario) que oscilaba entre 1 y 5 céntimos por cada litro de gasolina. El Tribunal europeo exigió en 2014 la devolución de cerca de 13.000 millones de euros por el Gobierno central y 13 autonómicos (incluida la Generalitat de Cataluña, que fue una de las primeras en implantarlo). La UE ni engaña ni roba, que ya es bastante.
Podría recordar otros casos importantes en los que la UE sale a nuestro rescate de la voracidad de los políticos españoles. Desde hace al menos una veintena de años, las Cortes y los bancos se aliaron para no aplicar normas europeas que nos protegían frente a viejas normas internas y exprimir nuestros bolsillos cuando se compraba una vivienda (cláusulas suelo ilegales, hipotecas con índices mal referenciados, cláusulas abusivas, ejecuciones sin derecho a tutela judicial y por escaso impago). Gracias al Tribunal de Justicia de la UE se fue desmontando una aberrante legislación de Cortes y una errónea interpretación por el Tribunal Supremo. Aún la protección de los consumidores libra nuevas batallas pendiente en Luxemburgo. Lo saben cientos de miles de españoles que han podido recuperar una parte importante del dinero apropiado (unos 20.000 millones). La Unión, de nuevo, al rescate de los derechos de los españoles frente al insensible legislador interno, Tribunal Supremo y la banca. Gracias a la aplicación de normas aprobadas por el Parlamento Europeo.
La Europa cotidiana ha extraído las consecuencias del espacio económico unificado para las personas y las empresas, también para nuestras actividades diarias, como el uso del móvil con las tarifas nacionales con validez en los 28 Estados miembros. Nos sentimos como en casa en cualquier parte de la UE. Los europeos desplazados pueden hablar a diario con sus familias y amigos; o las empresas con sus clientes abaratando costes O nos hemos desprendido de decenas de cables porque la Unión estandarizó el cable único para los móviles androides. Europa nos aproxima gracias a las normas que aprueba el Parlamento Europeo.
Nos ha defendido de los gigantes tecnológicos norteamericanos (de los abusos de sus buscadores, de sus agresivos modos de venta o de sus imposiciones, de su fraude fiscal masivo, de sus abusos con nuestra identidad gracias al derecho al olvido) con multas mil millonarias a Apple, Google, Amazon, o Microsoft. La Comisión Europea -el ejecutivo de la UE- nos ha protegido como nunca lo hubiera podido hacer nuestro Estado haciendo aplicar normas aprobadas por el Parlamento Europeo.
La Unión nos ha protegido de las ayudas públicas que conceden con demasiada discreción los responsables nacionales y regionales para mantener su sistema clientelar falseando la competencia. La UE exigió a los beneficiarios su devolución a las arcas públicas. ¿Se podría conseguir eso sin la Unión?
Sin sus fuertes multas y la vigilancia por la Comisión de las normas de protección medioambiental que aprueba el PE, qué sería de nuestras costas, ríos, o aguas residuales urbanas y residuos sólidos o emanaciones industriales; nos estaríamos ahogando entre la contaminación. Sabemos hasta qué punto es importante la conformación del Parlamento Europeo por su legislación progresiva, en general, para todos los ciudadanos europeos. Y, al igual que ocurre en España tras las elecciones generales, luego hay que formar el Ejecutivo que va a administrar la Unión.
Y habrá que elegir a la presidenta (hasta ahora nunca una mujer) o presidente de la Comisión abandonando el absurdo sistema del cabeza de lista más votado -al margen de la legalidad del Tratado de la UE- y sin lógica política ni jurídica, pues el voto es nacional y no podemos votar a cabezas de lista pues no hay listas transnacionales. Y, dado que desde hace dos décadas ganan los populares, eso condenaría a la Comisión a repetir un presidente popular también en la nueva legislatura. Ese pie forzado llevó al desastre institucional de la actual legislatura con tres presidencias en manos del Partido Popular Europeo -Comisión, Consejo Europeo y luego la del Parlamento-, lo que impidió la transversalidad habitual de cohabitación (populares, socialistas y, alguna vez, liberales) en el reparto de presidencias. Los liberales serán decisivos en la nueva legislatura en la que los dos grandes partidos van a pesar menos, y los encabeza una mujer.
Muchos desprecian o hablan de otra Europa, pero nadie quiere irse, ni los británicos encuentran una puerta de salida a un mundo mejor. No se atreven a plantear la renuncia al euro que, a la postre, es un verdadero escudo para nuestra estabilidad económica, a pesar de su debilidades e insuficiencias. Los que critican con apriorismos a la UE tampoco quieren renunciar al placer de la libre circulación sin fronteras o del mercado interior, ni a los fondos estructurales de la UE que representan las políticas de redistribución de riqueza entre naciones jamás soñadas. No es tan terrible la burocracia europea; como los romanos opresores de la película La vida de Brian, las instituciones europeas hacen muchas cosas buenas por nosotros.
La UE es, además, un espejo en el que se deberían mirar los partidos políticos españoles. Allí nunca un partido ha tenido la mayoría absoluta y siempre trabajan en gran coalición parlamentaria sosteniendo a la Comisión siempre interpartidaria. Desde 1979 hasta ahora su entendimiento se ha basado en la transacción difuminando la tradicional confrontación derecha-izquierda. Es cierto que los ciudadanos no siempre conocen lo logrado ni los retos de futuro ni los programas, pero tampoco en las elecciones internas. El electorado vota por los partidos con los que creen compartir valores y orientaciones en cada momento. Al igual que en las pasadas elecciones del 28-A, tenemos que movilizar el voto de los demócratas frente a los soberanistas que anteponen su terruño a los intereses de la libertad y el bienestar general. Los europeístas frente a los que quieren destruir las libertades, la igualdad y el bienestar que representa la UE.
Araceli Mangas Martín es Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM.