¿Y si se autodisuelve el Parlamento Europeo?

El Consejo de Europa (presidentes de gobierno y jefes de Estado ejecutivos) es el auténtico órgano de poder de la UE. En su reciente Cumbre en Sibiu, Rumanía, el Consejo ha emitido un comunicado repleto de retórica buenista, que más parece un incentivo rutinario para animar a acudir a las urnas que una declaración política que aclare el futuro del proyecto europeo.

Un Macron debilitado y una Merkel en retirada no han sido capaces de proponer un solo elemento nuevo que no sean frases altisonantes como: “Defenderemos una sola Europa; Nos mantendremos unidos, pase lo que pase; Siempre buscaremos soluciones conjuntas; Seguiremos protegiendo nuestro modo de vida, la democracia y el Estado de Derecho; Cumpliremos allí donde sea más necesario; Siempre defenderemos el principio de equidad…”.

Los medios de comunicación casi no se han hecho eco de esta Cumbre: están hartos de declaraciones vacías. El Consejo aprobó en unos pocos minutos un grandilocuente comunicado previamente negociado.

Si el objetivo de la reunión era incentivar la participación en las elecciones europeas, en el caso de España se logrará, pero no por la reunión de Sibiu. La próxima cita electoral es probable que tenga un índice de participación superior al magro 43,8% de la convocatoria de 2014; la coincidencia de fecha con las municipales y autonómicas favorece una mayor afluencia a las urnas. Otra cosa es que los partidos políticos españoles sean capaces de hacer llegar algún mensaje de interés que motive votar a una institución que se interpreta, en muchos casos, como un retiro dorado de la clase política nacional.

El Consejo Europeo pasa de puntillas sobre las preguntas clave: cuál es el destino del barco europeo y a qué velocidad. Nadie se atreve a responderlas, y lo que hay es una lucha soterrada, una oposición, entre quienes desean y trabajan en pos de una soberanía europea (de ahí un Parlamento Europeo) y quienes consideran que Europa debe dotarse de mecanismos de coordinación que no supongan supeditación de la soberanía de los estados nación a la nueva soberanía europea en confuso, soterrado y continuo proceso constituyente.

El Reino Unido decidió en referéndum la segunda opción convencido de que el barco europeo, sin decirlo, pretendía una soberanía superior a la de la Corona y a la del Parlamento británico. El brexit es el rechazo de formar parte de una nave cuyo destino, no declarado, es una Europa federal envuelta en grandilocuencia.

En estas elecciones, la irrupción de diputados opuestos al objetivo federalizante de los democristianos y socialistas (a los que denomino euroidealistas) puede suponer un serio contrapeso en la Torre de Babel del Parlamento de Estrasburgo. Los nuevos eurodiputados, que ellos llaman euroescépticos y que yo denomino eurorrealistas, tienen como referencia la historia y el realismo aristotélico del estado nación. Los euroidealistas suspiran por un macro estado federal que a mi juicio es una utopía perjudicial, platónica, que lleva a la UE a una permanente situación de crisis.

Desde los años 90, algunos políticos y analistas advertimos, en aras de preservar lo mejor de la UE, que una ampliación desmedida (28 estados) y un proceso de construcción de un estado federal que engulle a los estados nación implicaría la salida de uno o varios estados miembros de la UE.

El tiempo nos ha dado la razón y la UE se encuentra en una encrucijada: los federalizantes creen que hay que intensificar el proceso de integración, pero si sigue adelante el ejemplo británico se extenderá a aquellas naciones celosas de sus libertades y soberanía. Ejemplo: Hungría y otros países del Este de Europa tienen amplia experiencia de haber estado sometidos durante 44 años a la URSS como para estar sometidos, ahora voluntariamente, a Bruselas, a Berlín o a Estrasburgo.

Un ejemplo del traspaso de los límites que han motivado el brexit y la crisis actual es el Tratado de Lisboa de 2006. La Constitución europea, que en España no suscitó ningún debate, fue rechazada en referéndum por Holanda y Francia. La respuesta de los burócratas federalistas fue sortear el resultado y firmaron el Tratado de Lisboa que venía a disponer lo mismo que la fallida Constitución, pero cambiándole el nombre.

Si lo que planteo tiene solidez, el brexit, con todas sus dificultades operativas, es un aviso del riesgo de abandono de otros estados miembros si se continúa con la intensificación federal de los socialistas y democristianos europeos.

Lo más interesante del actual debate sobre Europa es que antiguos partidos considerados europeístas (como la derecha francesa gaullista) plantean una seria reforma de la UE en dirección contraria al federalismo de Macron y Merkel. Es como si parte de Francia tuviera la sospecha de que en una Europa federal, al final, la gran Alemania se impondría a Francia. La CEE y la UE, dicen, no nació para eso.

No es cierto que la “profundización” o “más Europa” (neologismos burocráticos para construir un macroestado europeo) sea la única forma de mantener y desarrollar las cuatro libertades sobre las que se fundó la CEE: un mercado único con libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.

Me pregunto si para estos objetivos son necesarios 4.600 traductores instalados en Bruselas y en Estrasburgo, embajadas de la UE repartidas por todo el mundo y un Parlamento con 750 eurodiputados. Si el futuro próximo de la UE es un cierto retorno a la Europa de la CEE, la pregunta es: ¿hace falta el Parlamento europeo? ¿hace falta un presupuesto de más de 300.000 millones de euros este año de 2019?

Llama la atención que en España no se haya abierto un debate sobre las instituciones europeas. Votamos en 2005 un referéndum de Constitución europea favorable, de pasada, con un 42% de participación. Se trata de un debate que debimos haber tenido en los años 80 y en los 90, pero la clase política consideró más conveniente evitarlo en aras de un objetivo superior. Europa se identificaba (y se identifica) con democracia y poner en cuestión el contenido de nuestra integración no era políticamente correcto.

Las elites políticas del PP y del PSOE impusieron un europeísmo (algo que somos todos los españoles desde hace 2.000 años) con una sola receta europea federal, democristiana y socialista. Al ser similares las políticas europeas de los grandes partidos españoles, el no debate no despierta interés y se produce una participación muy reducida en los comicios. El voto se convierte en un resultado indicativo de mayor o menor aprecio plebiscitario nacional de los partidos.

Si el próximo Parlamento europeo tiene un grupo numeroso o mayoritario de diputados partidarios de una visión no federal de Europa, una opción puede ser votar la autodisolución del Parlamento que clarificaría el destino de la UE mucho más que la declaración de Sibiu.

No se trata de destruir la UE. Se trata de reformarla manteniendo las cuatro libertades que han generado paz, libertad y progreso social. Hoy la UE se ha convertido en un  enorme y costoso aparato burocrático con déficit democrático, híper regulación y un intervencionismo avasallador de las soberanías nacionales.

La reforma que proponen los nuevos diputados reformistas se orienta a recuperar el espíritu de la CEE: sustituir la regulación por los proyectos esenciales del  siglo XXI,  5- G, ejes de comunicación y respeto de las soberanías nacionales.

Otra UE no sólo es posible: es necesaria, si no queremos que salte por los aires una magnífica idea que nació en los 50 del pasado siglo y, después, con la Comunidad Económica Europea.

Guillermo Gortázar es historiador y abogado. Editor y coautor con Margaret Thatcher, Norman Tebbit y otros, del libro ‘Visiones de Europa’

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