Por Daniel Reboredo, historiador (EL CORREO DIGITAL, 14/06/06):
El pasado 16 de mayo, el Comisario para la Ampliación de la UE, el finlandés Olli Rehn, recomendó a la Comisión Europea aplazar la decisión sobre el ingreso de Bulgaria y Rumanía en la Unión hasta 2008, aún reconociendo los avances reales conseguidos por búlgaros y rumanos durante el último año, por no haber logrado cumplir todos los requisitos acordados en el Tratado de Adhesión de 25 de abril de 2005. El dictamen contrastaba con el informe preliminar que presentó a principios de abril, en el que veía factible la incorporación de ambos países el 1 de enero de 2007, ensalzaba el trabajo de Rumanía y planteaba la posibilidad de que la adhesión rumana se adelantara a la búlgara, tal y como preveía el artículo 43 del Tratado de Adhesión. Los ministros de Exteriores de ambos países, Calin Popescu (posteriormente Mihai Razvan Ungureanu) e Ivailo Kalfin se mostraron satisfechos y esperanzados e insistieron en su deseo de cumplir todas las premisas exigidas por la Unión.
El revés de la decisión comunitaria de 16 de mayo y la concesión a los dos países candidatos de un plazo adicional de cinco meses, indispensable para eliminar los obstáculos que cuestionan su incorporación a la UE, ensombrecen el panorama previamente establecido. Y ello es así porque deben superar lacras como la corrupción generalizada e institucionalizada y una criminalidad organizada de tal forma arraigada que parece imposible que en sólo medio año pueda ser erradicada o, al menos, neutralizada. El tráfico con seres humanos y la utilización del territorio de ambos países por mafias del exterior está a la orden del día. La cumbre europea que se inicia mañana decidirá si concede esta prórroga y si incluye cláusulas de seguridad a los contratos con Rumanía y Bulgaria que les permitan disfrutar de todas las ventajas de la incorporación cuando hayan cumplido los acuerdos.
Rumanía, que inicialmente tenía catorce capítulos pendientes, entre los que destacaba la mejora de la Justicia, logró quedarse en el presente con sólo cuatro de índole técnica, es decir, fácilmente mejorables (gestión de las ayudas estructurales destinadas al sector agrícola, inexistencia de una normativa jurídica para la protección del medio ambiente, carencias en el sistema de higiene y seguridad de los alimentos y mejora de los programas informáticos destinados a la recaudación de los impuestos). El desafío no es sencillo, aunque Rumanía ha 'cumplido' los criterios políticos del acervo comunitario. A pesar de ello, sobre Bucarest planea la amenaza de la cláusula de salvaguarda que Bruselas podría aplicar si el país no logra llevar a cabo todas las reformas pactadas, lo cual retrasaría su adhesión un año más. Ya el Consejo Europeo de Bruselas del pasado 17 de diciembre subrayó la necesidad de llevar a cabo las citadas reformas. En particular, tal y como señalábamos con anterioridad, la corrupción se mantiene como uno de los mayores problemas del país, así como la alarmante violación de los derechos humanos en las cárceles, en las comisarías de policía y en los hospitales psiquiátricos. El mundo de la información tampoco lo tiene fácil, y el Parlamento ha instado a Rumanía a velar por la libertad de prensa, después de las graves y reiteradas presiones sufridas por algunos periodistas. Las autoridades de Bucarest deben también reforzar los sistemas judicial y administrativo, mejorar los reglamentos sobre la asistencia estatal a la industria, reformar los sectores energético y minero y la red de transportes, dignificar las condiciones de los presos, favorecer la integración social de la minoría gitana y, finalmente, fortalecer los controles fronterizos (ya es frontera externa de la OTAN), para evitar la inmigración clandestina procedente de Serbia, Moldavia y Ucrania.
De los dieciséis temas que las autoridades de Sofía debían resolver, les quedan pendientes seis, entre ellos los imprescindibles cambios en el modelo judicial para potenciar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, unos controles más férreos para corregir su déficit presupuestario, la flexibilización del mercado laboral para poder competir en el mercado interior, la gestión de los fondos estructurales destinados al sector agrícola, la protección del medio ambiente y la seguridad de los alimentos. La Comisión exige, pues, resultados tangibles en la lucha contra el crimen organizado, la elaboración de una normativa jurídica eficaz para combatir el fraude y la corrupción, así como una serie de acciones contundentes en la lucha contra el blanqueo del dinero. Un escenario similar al de Rumania, que también debe avanzar en el fortalecimiento de su capacidad de recaudación fiscal.
A pesar de las grandes reservas y críticas expresadas por el aún precario estado de cosas que abruman a Bulgaria y Rumanía, la Unión Europea está convencida de que es mejor acoger que rechazar a estos países. Si a ello añadimos que ambos han logrado modificar sus estructuras económicas, sustituyendo la ineficaz y rígida economía planificada por el sistema de libre mercado, entendemos la aquiescencia y el beneplácito de la Unión. Esta condición básica para su ingreso en la misma obvia que el nivel de vida de búlgaros y rumanos está muy por debajo de los mínimos europeos, ya que su salario medio oscila entre los 100 y los 250 euros mensuales. El contraste entre la severidad con que se juzga a éstos en el informe y la indulgencia que tuvo la Comisión ante el ingreso 'precipitado' de los diez últimos socios europeos nos induce a pensar que la Unión juega con unos criterios volátiles que aplica según los intereses del momento y que denotan poca seriedad y escasa equidad. Y ello a pesar de que las 'condiciones' exigidas por la Comisión a las autoridades de Sofía y Bucarest son meros obstáculos técnicos fácilmente superables, a la par que una coartada cuya finalidad es complacer a quienes consideran que el proceso va excesivamente rápido (recordemos el rechazo francés y holandés de la Constitución europea) y un intento de moderar el entusiasmo de los candidatos restantes (Turquía y Croacia) a los que aplicaría, si ello es necesario, la estrategia de la 'capacidad de integración', cuya finalidad es evitar una negativa rotunda a las nuevas peticiones que sin duda se producirán.
Una vez más resucita la denominada 'paradoja europea', es decir, la reflexión e interpretación de hasta dónde llega Europa, quiénes y por qué son europeos y qué es Europa. Y una vez más debemos relacionar esta cuestión con el debate sobre la identidad europea. Al margen de la precipitación de incorporar de golpe a los últimos diez nuevos socios, es evidente que la Europa de los 25 no agota a Europa y en este sentido Bulgaria y Rumanía serían parte de ella y del propio proyecto europeo. Recordemos que nuestra civilización es indoeuropea y euroasiática, y que la historia ha borrado barreras y ha hecho que carezca de sentido el viejo límite del Este. Pero la futura incorporación de Bulgaria y Rumanía recupera, una vez más, la idea principal de que al proyecto europeo le hacen falta los ciudadanos y que no contar con ellos lo hará fracasar, tal y como la negativa francesa y holandesa a aprobar la Constitución ha manifestado.
Aun discrepando de esta postura, hemos de reconocer que como ciudadanos apenas comparecemos en el proceso constituyente europeo, aunque necesitemos nuestra Constitución, la que nos haga sentirnos partícipes, lo que fomente una Europa más política, y eso no existe, ni existirá, sin el protagonismo de los ciudadanos por encima de los gobiernos. Europa será esto o no será.