En tan solo un par de semanas aparecen señales claras de un cambio en la política española de inmigración. La primera de ellas es el recién nombrado ministerio de Trabajo, Inmigración y Seguridad Social. Que el gobierno de Pedro Sánchez haya incorporado en el propio nombre del ministerio la “inmigración” puede interpretarse como una señal de que el interés y la aproximación al fenómeno puede cambiar. Tras años de un reconocido bajo perfil y de un “aquí no se habla de inmigración” parece que el tema vuelve a la agenda política. La segunda señal es la acogida del barco AQUARIUS varado en costas italianas con más de 600 personas a bordo. La petición por parte de varias administraciones locales y autonómicas de recibir a estos centenares de migrantes que buscaban desesperadamente un puerto al que dirigirse ha recibido una respuesta afirmativa clara y concisa del nuevo gobierno socialista. El operativo puesto en marcha por los diferentes actores involucrados en esta llamada humanitaria parece haber tenido una muy buena acogida en palabras de estas mismas organizaciones.
Cómo continuará esta acogida y con qué recursos es un tema fundamental al que los distintos actores deberán hacer frente en las próximas semanas pero, tras estas dos señales de hacia dónde vamos en temas migratorios, ¿qué temas son básicos para poner en marcha una política de integración más inclusiva? Años de investigación en dos proyectos europeos que analizan de forma comparada en la UE las políticas de integración de inmigrantes (Migrant Integration Policy Index, MIPEX) y de personas en situación de protección internacional (National Integration Evaluation Mechanism, NIEM) nos permiten señalar algunas de las cuestiones que deberían ser retomadas en esta nueva etapa.
Comenzando por la cuestión más mediática y urgente, la de la acogida de personas en situación de protección internacional, las necesidades son claras. De hecho, la Ministra responsable de Inmigración, Magdalena Valerio, en una primera entrevista a eldiario.es ya lo afirmaba en referencia a las personas a bordo del AQUARIUS: “con los recursos propios que tenemos hay poco margen de maniobra.” Las organizaciones no paran de reclamar y apuntalar las necesidades más obvias: un acceso al procedimiento que acorte los plazos a lo establecido legalmente, un sistema de acogida eficaz con recursos humanos y económicos apropiados, pero también de integración que vaya más allá de los 18 meses iniciales de apoyo que el Estado ofrece en estos momentos. Incluso los propios trabajadores de las diferentes administraciones coinciden en el diagnóstico. De ser eficaz, el sistema de acogida español de protección internacional podría obtener resultados favorables en la acogida de estas personas pero para ello necesita de una fuerte voluntad política que lo refuerce. Es de esperar, además, que finalmente se elabore el Reglamento de desarrollo de la Ley del derecho de asilo y protección subsidiaria, que lleva varado desde 2009. El derecho de asilo en estos momentos carece de regulación específica, lo que deja a los beneficiarios y la actuación de todos aquellos actores que lo gestionan en un limbo.
En cuanto a la integración de inmigrantes en España, tres temas parecen claves. Primero, es necesario reanudar el Fondo para la Integración de Inmigrantes que tan buenos resultados ha dado en la integración, especialmente entre los niños escolarizados. Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas de este país necesitan de la ayuda económica y de una acción coordinada con objeto de hacer prevalecer la cohesión entre sus ciudadanos, y el Fondo para la Integración era una buena herramienta para ello. En este marco, el sistema educativo español tiene también su flanco débil. Si bien el acceso a la educación es universal y garantizado para todos los menores, se debe reforzar con recursos económicos y humanos su capacidad para responder a las necesidades específicas de los niños, tanto dentro como fuera de las aulas. En definitiva, no se trata de recuperar el Fondo sin más, sino de hacerlo en el seno de un nuevo plan estratégico de ciudadanía e integración como un elemento fundamental de la gobernanza de la integración de los inmigrantes en el que se fomenten políticas públicas basadas en la búsqueda de la cohesión social y en la igualdad de derechos y deberes.
Segundo, la cuestión del acceso a la salud de los inmigrantes en situación de irregularidad. En estos momentos encontramos una fuerte disparidad entre las diferentes Comunidades Autónomas. El hecho de que cada gobierno autonómico pueda decidir si da acceso o no a la asistencia sanitaria tiene como principal efecto la indefensión tanto de los usuarios como de los propios trabajadores de la salud. El acceso universal a la salud ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y son varios los estudios que demuestran que el coste de este acceso no supone una carga para nuestro Estado de Bienestar. Los primeros pasos en esta línea parecen haberse dado y hace unos días la recién nombrada ministra de Sanidad anunció la reinstauración de la sanidad universal, suprimiendo así el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Gobierno anterior.
Tercero, son muchos los colectivos que reivindican sacar adelante la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que crea el marco legal necesario para hacer efectivas políticas en esta cuestión, y que el gobierno socialista no pudo aprobar al final de su anterior mandato, a pesar de que se habían iniciado los primeros pasos en el Congreso de los Diputados. El ejecutivo de Mariano Rajoy enterró la propuesta. Si esta legislatura no permite aprobar la Ley, al menos pongámosla sobre la mesa y retomemos la cuestión de la lucha contra los discursos anti-inmigración, especialmente en estos momentos en que nuestro contexto más próximo, el de la Unión Europea, vive el avance de un populismo abiertamente xenófobo.
Por activa y por pasiva se ha repetido que tenemos un Gobierno que durará lo justo y que podrá hacer poco durante un periodo que puede ser incierto, pero hay cuestiones claves que pueden jugar a favor de la inclusión y la cohesión social y que deben estar en la agenda. Escuchar a todos los actores implicados, que llevan años trabajando en condiciones poco favorables, podría ser un primer paso para una política de integración efectiva. Responder a las necesidades inmediatas, pero también a las de más largo plazo, en la integración de los inmigrantes es un bien para toda la sociedad. Una sociedad acogedora e inclusiva tiene como resultado una sociedad cohesionada.
Elena Sánchez-Montijano, investigadora Senior, CIDOB.