Acotar el Caso Palau, como han hecho algunos tertulianos en TV3 nada más conocerse la sentencia, al expolio de la caja de un auditorio de conciertos por parte de un puñado de ancianos pertenecientes a la alta burguesía catalana y a las mordidas del 3% cobradas por la antigua Convergència a cambio de la concesión de obras públicas a empresas como Ferrovial es infravalorar la relevancia de una trama cuyos tentáculos van mucho más allá del espacio comprendido entre las cuatro paredes del Palau de la Música.
Porque las condenas anunciadas hoy por la Audiencia de Barcelona no son la consecuencia legal del expolio del Palau de la Música llevado a cabo por Millet y Montull, sino del expolio a los ciudadanos catalanes ejecutado por la casta nacionalista que gobierna la región desde hace 38 años con la complicidad silenciosa de PSC, ERC e ICV-EUiA, a los cuales resulta difícil exculpar políticamente del caso. ¿Gobernaron la comunidad durante siete años y esas comisiones por obra pública, ese expolio de una de las principales instituciones culturales catalanas, les pasaron desapercibidas?
La Convergència condenada hoy es la misma que, cambio de nombre mediante, pretende seguir gobernando Cataluña con el voto, es decir la sumisión acrítica, de dos millones de sus víctimas. 23 son los millones de euros oficialmente expoliados según la Audiencia de Barcelona (nueve millones continúan desaparecidos). La mayor parte de ese dinero (2,5%) acabó en la caja del partido central del catalanismo político. El resto (1,5%), en la de Félix Millet y Jordi Montull, en concepto de comisionistas.
Nada más revelador del estado de ruina moral del catalanismo que las declaraciones de Gemma Montull, hija de Jordi Montull, tras salir de la Audiencia con una condena a cuestas de cuatro años y seis meses de prisión (la Fiscalía pedía para ella tres años): "La sentencia no se corresponde con lo que esperaba. Yo confesé complicidad, no autoría".
"Complicidad, no autoría". Ahí tienen, desnuda y a la vista de todos, la excusa moral con la que el régimen nacionalista, que no es sólo Convergència sino también decenas de organizaciones civiles, medios de comunicación e instituciones culturales, además de ERC, la CUP y sus dos millones de votantes, han justificado el desvalijamiento moral, democrático y financiero de la comunidad autonómica catalana: "Nosotros no reconocemos la autoría, sólo la complicidad".
Observen cómo Joaquim Forn descarga sus responsabilidades penales sobre Trapero. Cómo Puigdemont, ERC y la CUP lo hacen sobre los votantes y su fantasmal mandato democrático. Cómo los votantes nacionalistas lo hacen sobre España, la Policía Nacional y su ejército de colonos. Cómo Millet y Montull, sobre Daniel Osàcar, el extesorero de Convergéncia. Cómo los Jordis, sobre unas masas que ellos pastoreaban a placer. Cómo la alta burguesía catalana de las cien familias, sobre unas cuantas manzanas podridas. Cómo Carme Forcadell, sobre una declaración de independencia que era sólo política.
Cataluña es un país de cómplices. Es decir de minions, de mandaos y de encarregats. En Cataluña el autor material del delito siempre es otro: el resto sólo pasaba por allí y si acaso puede achacársele algo es haber sido un mero esquife a la deriva en el mar de una decadencia moral que siempre les es ajena, lejana, remota. "Me suena, señor juez, pero ahora mismo no caigo. ¿Golpe de Estado, dice? No, señoría, por la G de golpista no me sale nada".
Hay que recordar aquí que mientras el PP se ha desmarcado de forma radical de Bárcenas (otra cosa distinta es la cantidad de hipocresía implícita en ese desmarque), Artur Mas, Convergència, el PDeCAT y por lo tanto también el JuntsxCAT de Carles Puigdemont han defendiendo siempre, hasta el último día, a su extesorero Daniel Osàcar. Hasta entre corruptos hay clases y que el PP te pase la mano por la cara en ese terreno, ¡el PP de Mariano Rajoy, nada más y nada menos!, debería conducir al catalanismo hasta un par o tres de reflexiones incómodas sobre su propia naturaleza depredadora.
El 3% ya no es sólo un meme o una sospecha de presuntos delitos en manos de unos supuestos enemigos de la patria catalana. A partir de hoy, España cuenta con una sentencia de la Audiencia de Barcelona que dice que el 3% existió, que fue en realidad del 4%, y que una parte de la burguesía catalana, la más admirada y poderosa, robó a manos llenas utilizando para ello una de las pocas instituciones culturales centenarias con las que cuenta Cataluña. ¡Qué no habrán hecho en terrenos menos sagrados que el de la cultura!
La trama sigue en pie. Nadie que haya metido su hocico en el Palau, incluida la Audiencia de Barcelona, ha podido llegar hasta el fondo de la espesa trama de complicidades que Montull y sobre todo Millet callan. Joan Llinares, exdirector del Palau, fue amenazado de muerte mientras levantaba las alfombras de la venerable institución y los espías con los que aún contaba Millet en su interior informaban de todos sus pasos. Los abogados del Palau recibieron instrucciones para no actuar. Los bancos callaron acerca de nueve millones de euros que siguen desaparecidos. Los pagos seguían llegando a Convergència durante los años de gobierno del Tripartito, algo difícil de comprender para cualquiera que no haya catado de primera mano los pestilentes efluvios de ese oasis catalán que poco a poco, gracias a los jueces que no al Gobierno central, se revela como lo que siempre ha sido en realidad: una charca de corrupción nacionalista.
Cristian Campos, periodista.