Ya está bien de que la UE sienta «preocupación» por Darfur

Por Chris Patten, ex comisario europeo de Relaciones Exteriores y presidente del consejo de dirección del International Crisis Group (EL MUNDO, 23/03/07):

Cuatro años han transcurrido ya desde que comenzó la tragedia de Darfur. Resulta increíble lo blanda que ha sido hasta ahora respecto a este genocidio la respuesta de la Unión Europea. El Viejo Continente no ha funcionado a la hora de adoptar medidas mínimamente eficaces encaminadas a presionar al Gobierno de Sudán para que ponga fin a los crímenes de guerra y a los crímenes contra la Humanidad cometidos por sus soldados y por las milicias afines en la parte occidental del país, y que han provocado a largo de este periodo el abandono de sus casas de más de dos millones de personas y la muerte de al menos 200.000 civiles.

Como es natural, si las expresiones europeas de malestar hubieran sido eficaces, la depuración racial en Sudán se habría interrumpido hace mucho tiempo. Desde abril del 2004, en su Consejo, los ministros europeos de Asuntos Exteriores han hecho públicas sobre Darfur 19 declaraciones de conclusiones -la más reciente, una del 5 de marzo de 2007- en las que han expresado colectivamente su «preocupación», su «grave preocupación», su «permanente preocupación» o su «profunda preocupación», no menos de 53 veces.

A nadie sorprenderá que el régimen de Jartum se haya mostrado poco impresionado por toda esta preocupación de los europeos, ya que cuando se ha tratado de llegar a algo más que palabras, la UE se ha quedado corta y no ha sancionado más que a cuatro individuos: un ex mando de las fuerzas aéreas sudanesas de graduación media, un cabecilla de la milicia árabe de los Janjawid y dos rebeldes. Ha impuesto, además, un embargo de armas escasamente contundente e ineficaz a las partes en conflicto, embargo que tanto un bando como otro se han saltado sin mayores dificultades.

La reticencia a actuar de manera más enérgica no está fundamentada en ninguna objeción de carácter filosófico a las sanciones. Europa no ha mostrado ningún reparo en congelar los bienes y prohibir los viajes de dirigentes de Bielorrusia, por ejemplo, por «infracciones de las normas internacionales generalmente aceptadas» y por sus medidas represoras contra la sociedad civil. Ha impuesto, asimismo, prohibiciones a los viajes de los separatistas de Moldova por su «campaña contra las escuelas de escritura latina» y a los dirigentes de Uzbekistán por la matanza de Andijan. Los responsables de las tragedias del Congo, Liberia y Costa de Marfil también han sido objeto de congelación de bienes y de prohibición de desplazamientos por la UE. Sin embargo, si bien todos ellos se han hecho acreedores de condena, las conductas contra las que se ha actuado en estos casos no resisten la comparación con la campaña sistemática de arrasamiento total impulsada por el Estado sudanés en Darfur.

Tampoco cabe la posibilidad de que haya en Europa alguien que todavía albergue dudas sobre el profundo grado de implicación de Jartum en las atrocidades masivas de Darfur. De hecho, de existir alguna, debería haber quedado despejada en las últimas semanas. A finales del mes pasado, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional presentó pruebas exhaustivas contra dos individuos -uno de ellos, un importante ministro del Gobierno, Ahmed Harun- por crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad. En referencia al papel del ministro, la Fiscalía concretaba que «la más destacada de las misiones de coordinación encomendadas a Ahmed Harun como jefe de la Oficina de Seguridad de Darfur ha sido la dirección de la operación de reclutamiento de la milicia Janjawid y su participación personal en ella, con la finalidad de complementar a las Fuerzas Armadas sudanesas». El hecho constitutivo de esta prueba es quizás el indicio más claro hasta el momento de que el Gobierno de Sudán ha jugado en sus niveles más altos un papel fundamental en la planificación y en la realización de las atrocidades que nos ocupan.

Una misión de alto nivel enviada a la zona por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, presentó posteriormente -el 12 de marzo- un informe en el que establece como conclusión, con un lenguaje que no deja lugar a dudas, que «el Gobierno de Sudán ha dejado manifiestamente de proteger a la población de Darfur de crímenes internacionales a gran escala y él mismo ha orquestado dichos crímenes y ha tomado parte en ellos». Todo esto no hace sino confirmar lo que desde hace años vienen denunciando incontables informes de grupos de defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones, por no hablar de los informes de los años 2005 y 2006 de la Comisión de Investigación y del Grupo de Expertos de Naciones Unidas.

Además, no se ha detenido el arrasamiento de Darfur; de hecho, la situación, que ya era horrenda, se ha deteriorado aún más en los últimos meses. A mediados de enero, organizaciones de ayuda que trabajan en la región advirtieron que sus operaciones de socorro estarían condenadas al fracaso en caso de que no mejorara la seguridad. Además, Jartum ha estado alimentando de forma muy activa rebeliones en los vecinos países de Chad y de la República Centroafricana, en los que se están produciendo espantosas consecuencias humanitarias como puede imaginarse.

En lugar de expresar su preocupación por 54ª vez, los ministros europeos de Asuntos Exteriores deberían dedicar su próxima reunión mensual en abril a hacer caso del llamamiento del Parlamento Europeo a que se apliquen sanciones a Jartum. Deberían imponerse restricciones a los viajes y la congelación de bienes a todos los individuos a los que se señala por su nombre en los informes de la Comisión de Investigación y del Grupo de Expertos de Naciones Unidas. Deberían centrarse en medidas que de modo muy concreto tuvieran por objeto los ingresos del sector del petróleo de Sudán, así como las inversiones extranjeras en ése y en otros sectores industriales conexos y el suministro de bienes y servicios a dichos sectores. La UE y los gobiernos de sus Estados miembros podrían promulgar una legislación que prohibiera a las empresas domiciliadas en sus países intervenir directamente en el sector del petróleo del país africano y en las industrias relacionadas con él.

Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE deberían autorizar una investigación judicial de las cuentas que tengan en paraísos fiscales empresas sudanesas subsidiarias del partido que mayoritariamente gobierna en Jartum, El Partido del Congreso Nacional, con lo que se abriría el camino a las sanciones contra las entidades comerciales del régimen, que constituyen la principal vía de canalización de financiación de los Janjawid, las milicias que utiliza de pantalla y que tanto daño han producido en Darfur.

Está claro que las palabras no son suficientes para conseguir que el Gobierno sudanés se lo piense dos veces. Ha faltado reiteradamente a sus compromisos de desarmar a los Janjawid, hacer efectivo un alto el fuego y permitir el despliegue de unas fuerzas de pacificación más sólidas, todo ello dentro de la más absoluta impunidad. En fechas bien recientes, una carta fechada en el 8 de marzo, enviada por el presidente sudanés, Omar Bashir, al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, enumeraba al detalle numerosas restricciones y medidas en las que insiste ahora Jartum antes de autorizar que se despliegue en Darfur la segunda fase de una misión híbrida de la UA [Unión Africana, anteriormente Organización de la Unidad Africana] y la ONU. Esto ha equivalido a una bofetada en la cara de la ONU, que trabajó intensamente para llegar a un compromiso con el Gobierno en torno a la fuerza híbrida en Adis Abeba, el 16 de noviembre de 2006, acuerdo que posteriormente fue ratificado por Jartum en una cumbre de la UA en Abuja (Nigeria) dos semanas más tarde. Los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, China incluida, expresaron su consternación y su frustración porque el Gobierno de Sudán haya vuelto a incumplir otro acuerdo más.

El hecho es que, mientras no se le impongan costes de importancia, Jartum no encontrará ningún incentivo en atender las demandas de la comunidad internacional o en cambiar su manera de proceder. La UE tiene poder para imponer dichos costes.

Por último, lo que quizá se entienda peor de todo es que el régimen de Jartum tiene un historial de reaccionar ante una presión internacional insistente. Muy concretamente, firmó el Acuerdo General de Paz de enero del 2005, por el que se ponía fin a los 20 años de guerra civil en el sur del país, en parte gracias a las exigencias de la comunidad internacional, respaldadas por medidas de fuerza. El régimen puede ser criminal, pero se cuida muy mucho de su propia supervivencia y, en coherencia con ello, gradúa sus acciones de acuerdo con la coacción internacional.

La «preocupación» formularia que se expresa desde Europa simplemente no va a lograr nada. Ha llegado la hora de adoptar sanciones duras que merezcan en la práctica la atención de Jartum y que convenzan a los dirigentes sudaneses de que continuar con su campaña de violencia generalizada contra sus propios ciudadanos tiene un coste real.