El pasado día 12 de este mes los habitantes de Ceuta tuvieron que lamentar que el nombre de su ciudad saltara una vez más a los medios convirtiéndose en sinónimo de conflicto y alarma social. Esta vez las noticias no trataban de pateras, asaltos a la frontera del Tarajal o de crímenes vinculados al narcotráfico sino de un problema todavía más inquietante. El suceso consistió en una espectacular operación policial desarrollada en el marginal y fronterizo barrio ceutí del Príncipe Alfonso que se saldó con la detención de once individuos, cuatro de los cuales serían liberados el pasado sábado.
Según indicaron fuentes del Ministerio del Interior, la operación se ordenó sobre la base de indicios bien fundados de que los detenidos pudieran formar parte de una célula «salafista-yihadista» motivada (aunque aún no preparada) para cometer futuros atentados en Ceuta y quizá en algún lugar de la península ibérica. En los días que siguieron a las detenciones se han podido escuchar y leer opiniones muy diversas sobre la llamada operación Duna. Por desgracia, y como viene siendo habitual en los últimos tiempos con cualquier información relativa a cuestiones de terrorismo, algunos de esos comentarios no son demasiado útiles para dar su justo valor a la amenaza recién detectada (¿y neutralizada?) en Ceuta.
Sembrar dudas
Algún medio de comunicación y algún líder religioso han coincidido en cuestionar la necesidad de una operación policial que esas mismas fuentes han descrito como una simple maniobra de maquillaje político para aparentar una (falsa) firmeza frente al islamismo más radical. Así, mientras unos persisten en el irresponsable juego de sembrar dudas sobre la profesionalidad y honradez de los jueces, de los miembros de las fuerzas de seguridad o de los servicios de inteligencia implicados en la lucha antiterrorista, otros perseveran en rebajar la gravedad de la amenaza yihadista, como hacía el actual presidente de la asociación Junta Islámica, quien aprovecharía los sucesos comentados para asegurar que no existe amenaza alguna contra España que provenga de las filas del radicalismo islamista. ¿Qué credibilidad cabe atribuir a todas estas dudas? O puesto con otros términos, ¿cuál es el riesgo real de terrorismo yihadista que entraña hoy la situación en Ceuta y, por extensión, en el resto de España (incluyendo también a Melilla)?
Las implicaciones de la operación Duna para la seguridad de los españoles pueden ser subestimadas mediante dos posibles líneas de argumentación. La primera línea apoyaría la tesis de que la operación policial fue «exagerada» o innecesaria pues la situación en Ceuta no encubre ninguna amenaza real de terrorismo. La segunda línea daría más crédito a esa amenaza pero la circunscribiría a Ceuta y Melilla interpretando dicho riesgo como mera consecuencia de las características excepcionales de las dos ciudades españolas que limitan con el mundo del Magreb.
A decir verdad, las informaciones que señalan a Ceuta (y a Melilla) como potenciales focos de irradiación de radicalismo islamista comienzan a ser abrumadoras. Así lo demostraba un análisis recientemente publicado por un grupo de investigadores académicos que se ocupan del fenómeno yihadista. El informe en cuestión acumulaba una variedad de pruebas de que la siempre problemática barriada de El Príncipe (la cual aloja a casi la mitad de todos los ciudadanos ceutíes de origen marroquí), ha visto incrementada en los últimos tiempos las actividades de individuos identificados con la corriente del salafismo yihadista, la misma que ofrece justificación al movimiento terrorista más amplio y letal de la historia.
Además, el análisis advertía sobre la posibilidad de que la propagación del ideario yihadista en El Príncipe culminara con la aparición de una célula terrorista dispuesta a realizar atentados en Ceuta o en cualquier otro punto del territorio español. En realidad, estas previsiones son coherentes con informaciones provenientes de otras fuentes y con informes originalmente confidenciales sobre la gravedad de la situación de Ceuta y Melilla que han sido elevados al Gobierno.
Conviene destacar también que el 23 de mayo de este mismo año apareció en la página radical Alansar un comunicado en la que se solicitaba a la comunidad virtual yihadista una declaración de «guerra» contra el «infiel» Estado español y a favor de la «liberación» de las «ciudades ocupadas» de Ceuta y Melilla. Volviendo al caso de El Príncipe, Ahmed Liaziz, probablemente el imam más influyente de Ceuta, afirmó tras conocer la noticia de las detenciones que hacía tiempo que corrían rumores de que algo se movía entre los sectores más radicales de la ciudad. Por último, la investigación que fue iniciada por la Policía en marzo de 2005 y que desembocó en las detenciones del día 12 ha aportado numerosas pruebas de interés. Diversas grabaciones demuestran que quienes luego serían detenidos insistían en sus reuniones más recientes en la conveniencia de atentar en Ceuta y que habían mantenido contactos con dos soldados de origen marroquí a los que se solicitaría ayuda para robar explosivos y obtener información de carácter estratégico. Entre los objetos incautados la Policía no pudo encontrar explosivos pero sí otras evidencias que acreditaban la militancia yihadista, como material propagandístico de Al Qaida, documentos falsos y una carta cuyo remitente era miembro de una red islamista que había sido desmantelada en junio de 2005 por enviar jóvenes voluntarios a combatir en las filas de Al Zarkawi, el penúltimo líder de Al Qaida en Irak.
Desde luego, la amplia concentración de población musulmana en Ceuta la convierte en un gran caldo de cultivo para el reclutamiento de yihadistas. También es cierto que un atentado en aquella ciudad entrañaría un enorme riesgo pues podría desestabilizar la convivencia provocando nocivos efectos de polarización social entre los diversos grupos étnicos que en ella cohabitan. Pero existen muchas objeciones que cabe plantear a la tesis de la excepcionalidad de Ceuta (y también de Melilla), al menos por lo que respecta al riesgo de atentados terroristas.
Los ceutíes no son radicales
De entrada, hay que aclarar que aunque las tensiones propias de entornos multiétnicos sean innegables, la mayoría de los musulmanes ceutíes no son radicales ni ven con buenos ojos la actividad proselitista de los nuevos salafistas (en realidad, los musulmanes de todo el mundo deben ser considerados como parte de la solución al problema del islamismo radical). En segundo lugar, es evidente que la amenaza yihadista no se circunscribe al contexto de Ceuta o Melilla. De hecho, la amenaza no tiene fronteras sino que es global y España entera constituye uno de sus blancos preferentes, como lo demuestran las diversas redes yihadistas desarticuladas antes y después de los atentados del 11-M en todo el territorio español: desde 2004 han sido neutralizados al menos ocho proyectos de atentados, algunos masivos, y sólo en 2006 se han practicado casi cincuenta detenciones relacionadas con el terrorismo islamista.
No se olvide que el último comunicado yihadista que pedía la «liberación» de Ceuta y Melilla demandaba una guerra contra el resto de España. A los fanáticos del Islam radical les sobran los motivos para odiar a nuestro país. Después de todo tenemos la desfachatez de perseguirles para evitar que nos asesinen e intimiden, enviamos nuestras tropas para que apoyen a la reconstrucción de Afganistán en contra de los talibanes y sostenemos y propugnamos la democracia y las libertades religiosas y de cualquier otra índole, lo que a ojos de los salafistas constituyen auténticas herejías. Por último, y como se recuerda a menudo en las páginas web y documentos yihadistas, los españoles y quienes conviven pacíficamente con nosotros mantenemos la ocupación de Al Andalus. Por lo tanto, Ceuta no es una excepción, sólo es parte de España; es decir, dar al harb: territorio de la guerra.
Luis de la Corte Ibáñez