Yo soy el presidente del Gobierno

El gran jurista norteamericano Oliver Wendell Holmes Jr. pronunció en 1897 una disertación profunda y perturbadora titulada El camino de la ley, en la que afirmó: «si buscáis conocer la ley, tenéis que verla con los ojos del malvado, el que sólo se preocupa por predecir las consecuencias que para él tiene su incumplimiento, y no con los del buen ciudadano que busca en las prescripciones de su conciencia las razones para su comportamiento, dentro o fuera de la ley». Para Holmes, la justicia es profecía.

Sus ideas, malinterpretadas –en parte, por culpa de su autor–, inspiraron a los realistas norteamericanos, esos adolescentes hormonados con libro de Nietzsche en el bolsillo, inconscientes del peligro del ácido en las instituciones. La ley es una fórmula para la promoción y mantenimiento de la paz social, no un algoritmo para predicciones arbitrarias. Odiamos al tramposo, al aprovechado, al que quiere cambiar las reglas en mitad del partido –salvo en conflictos tribales, cuando el tramposo hace trampas al enemigo–. De hecho, no hay tramposo con éxito que presuma de engañar a los suyos y muchos han triunfado anunciándose como reformadores.

Yo soy el presidente del GobiernoEl actual Gobierno del PSOE nos dijo que expulsar al PP era una operación profiláctica. Ellos no iban a colonizar las instituciones, a mediatizar el proceso político, a abusar de medidas excepcionales. Iban a ser serios y preocuparse, antes que nada, por el bienestar de los españoles, a los que devolverían la voz, tras una ominosa época de secuestro por banda organizada. Sólo tres meses más tarde, bate récords: dos ministros cesados en forma de dimisión; un uso masivo de decretos-leyes, espejos deformantes de una Constitución inventada, que permite reformas truchas del Código civil y traviste, de una forma tan grosera que avergonzaría a un timador compulsivo, la urgente y extraordinaria necesidad; una constante rectificación enmarcada en un mal publirreportaje protagonizado por tipos que pedalean sin rumbo, chocando entre sí; constantes ocurrencias, incluso sobre los asuntos más graves y necesitados de reposo, ya sea una reforma constitucional parida para tapar los problemas del presidente con su expediente académico, ya sea el regalo de mensajes ambiguos –¡no queda otra!– a los secesionistas sobre naciones y situaciones carcelarias.

Este es el contexto. Supervivencia filibustera mientras se examinan las entrañas de las encuestas. Sonrisas y caricias a los que quieren acabar con España, mientras se demoniza a tus socios de 155. Un Gobierno que cada día explora hasta dónde aguantan las costuras del Estado. Los síntomas son, a estas alturas, indiscutibles. Cuando Unidos Podemos deslizó que se podía reformar por Real Decreto-Ley la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria para evitar la engorrosa mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, los socialistas se pusieron dignos a la vez que diseñaban la triquiñuela: aprovechar una ley orgánica en trámite para presentar, el último día del plazo fijado por la Mesa del Congreso, una enmienda que pretende modificar otra ley orgánica completamente diferente.

A partir de 2011, el Tribunal Constitucional limitó la introducción, en medio del proceso legislativo, de enmiendas sobre materias incongruentes con la proposición o proyecto de ley que se estaba tramitando. Superado el trámite de enmienda a la totalidad o de toma en consideración, queda prohibido introducir enmiendas no conectadas materialmente porque esto supone para los parlamentarios –al privarlos de participar en el debate y enmienda– una limitación al ejercicio pleno de sus facultades, lo que afecta al derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. En consecuencia, puede verse alterado sustancialmente el proceso de formación de voluntad de las cámaras.

Esa conexión material no es «una genérica correlación (…) entre la enmienda y el texto enmendado» o una inclusión en el «mismo sector material», sino que ha de versar «sobre el mismo objeto que el del texto enmendado», lo que da lugar a «una relación de homogeneidad», de congruencia, que no de identidad, entre enmienda y texto enmendado. En el caso de «normas de contenido heterogéneo», la conexión puede ser más laxa: la materia de la ley viene dada por el concreto texto presentado, lo que permite admitir homogeneidad por razones funcionales.

El juicio sobre la concurrencia –sin perjuicio de su control ulterior– corresponde al órgano reglamentario, que goza de un «amplio margen de valoración», aunque siempre ha de ser motivado, de forma que «sólo cuando sea evidente y manifiesto que no existe tal conexión deberá rechazarse la enmienda».

Aunque hay quien sostiene que esta doctrina constitucional se limita al Senado, al que se aplicó inicialmente, lo cierto es que, de la lectura de las sentencias de estos últimos años, se deduce nítidamente que se extiende a ambas cámaras. Más aún, la sentencia del TC 155/2017, de 21 de diciembre de 2017, referida a enmiendas introducidas en el Congreso, expresamente señala, como órgano competente para recibir denuncias sobre la inexistencia de tal conexión, a la Mesa del Congreso, por aplicación del art. 31.2 de su Reglamento.

Por tanto, claro que es posible (aunque sea poco recomendable) introducir enmiendas en una ley orgánica en tramitación que supongan la reforma de otra ley orgánica, pero siempre que exista esa conexión mínima, esa homogeneidad. ¿Qué ha hecho el PSOE para justificarla? Afirmar que la enmienda es precisa para que «puedan seguir desarrollándose, en el ámbito presupuestario», las previsiones de la ley. La justificación alcanza, como vemos, la bajura de la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto-Ley que exhumará los restos de Franco. La ley utilizada se refiere al poder judicial, concretamente, a la formación de los jueces y magistrados sobre violencia de género (no es, por tanto, ni siquiera una norma de contenido heterogéneo). La enmienda se refiere al procedimiento de aprobación de los objetivos de gasto del Gobierno. Es decir, a una materia procedimental y presupuestaria. Ni versa sobre la materia del texto original, ni comparte sector material. Más aún, no se puede aducir –aunque sea un argumento inválido– que la norma que se apruebe no podrá aplicarse por problemas presupuestarios: la Ley de Estabilidad Presupuestaria sólo fija el procedimiento, no fija el resultado de las votaciones, que es siempre coyuntural. Además, es obvio que se trata de un fraude de ley. No sólo hay confesión de parte, sino que ¡se está tramitando simultáneamente una ley orgánica con contenido exacto tomada en consideración por el pleno del Congreso el pasado miércoles!

Lo que el PSOE pretende es saltarse un órgano, la Mesa del Congreso, definido y regulado en el Reglamento del Congreso y, además, obviar flagrantemente la doctrina del Constitucional, utilizando una conexión puramente política e instrumental: que puedas o no contar con fondos –para desarrollar una política– por tener o no las mayorías que permiten librar esos fondos. Y lo hace sabiendo que su control judicial puede tardar años. Al principio del artículo citaba a Oliver Wendell Holmes Jr. Fui injusto con él. Es cierto que ese conocido artículo inspiró el desarrollo de un pragmatismo peligroso en sus peores versiones, pero también lo es que, en ese mismo artículo, cuenta: «Para el incompetente a veces es cierto (…) que un interés en las ideas generales significa una falta de conocimiento particular. Recuerdo en mis días del ejército haber leído sobre un joven que, examinado para el primer grado y al que se planteó una pregunta acerca del entrenamiento de un escuadrón, contestó que él nunca había considerado las evoluciones de menos de 10.000 hombres. Pero dejemos en paz al débil y al demente».

Nosotros no podemos ignorar quién dirige el país. No podemos ignorar sus debilidades ni minusvalorar las locuras que pueda llegar a cometer. Por eso hay que avisar sobre su ausencia de escrúpulos. Porque nos muestran un patrón.

Tsevan Rabtan es autor de Atlas del bien y del mal (GeoPlaneta, 2018).

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