Cuando en 1978 los españoles aprobamos nuestra Constitución, lo hicimos con el convencimiento de que teníamos que crear un sistema democrático que garantizase la participación, la libre elección de nuestro voto, la conformación de interlocutores válidos y solventes —los partidos políticos—, la estabilidad y la alternancia.
Casi 35 años después, la democracia está hoy asentada en España; contamos con partidos fuertes e instituciones representativas que han afianzado una sociedad moderna y avanzada. Lo hemos conseguido pero, con todo, es preciso hacer más esfuerzos para avanzar hacia un sistema de mayorías aún más participativo. Y tenemos la suerte de poder hacerlo, además, partiendo de las lecciones adquiridas con la exitosa experiencia de estas tres décadas largas de libertades.
En esa búsqueda de márgenes cada vez mayores a la participación no ayuda el gran tamaño de las circunscripciones electorales. Tampoco las listas completas, cerradas y bloqueadas, ya que alejan al representante de sus representados. Parece oportuno, por ello, virar hacia un sistema mayoritario en el que los cargos electos salgan de distritos uninominales; un mecanismo que ampliaría el ámbito de libertad de elección de los ciudadanos y fortalecería la relación que les debe unir a sus políticos. A la vez, habrían de modificarse los procedimientos de designación de los candidatos por los propios partidos, a fin de que sus militantes, e incluso simpatizantes, pudieran tomar parte directa y efectivamente en el proceso.
Quede claro que no estoy restando méritos ni virtudes al modelo por el que se ha regido nuestro país desde 1978. El sistema electoral definido entonces respondió a una necesidad; la de apuntalar una representación del pueblo que trajese el debate político y que liderase la transición y el asentamiento y estabilidad de la democracia. Una vez consolidados ambos objetivos, puede ser la hora de que los ciudadanos votemos directa y personalmente a quienes nos han de gobernar, y que estos a su vez tengan la fuerza del apoyo de sus electores concretos y particulares. Ante ellos y ante toda la Nación en su conjunto, deberán responder durante la legislatura.
Como expuse en la Tesis Doctoral que defendí hace unos meses en la Universidad de Elche, el único sistema que propicia esta relación directa y personal es la elección de cada diputado de manera singular en circunscripciones uninominales: tantas como escaños tengan que ocuparse. El partido propone y el elector dispone. A su vez, en el mismo acto político se lleva a cabo la votación directa del presidente del Gobierno para cuatro años: se elige en circunscripción única nacional con el refuerzo de la representación directa e inmediata del pueblo.
Tanto las actas parlamentarias como el jefe del Ejecutivo, pues, emanan del mismo proceso electoral. Los designan los electores depositando dos papeletas, cada una con un nombre. En una figura su candidato a presidente del Gobierno y, en la otra, el candidato al escaño por su circunscripción.
Con un ejemplo se entiende aún mejor: hace un año, en las elecciones generales voté una lista de 16 candidatos en circunscripción provincial para una Cámara de 350 diputados. De acuerdo con mi propuesta, el 20 de noviembre habría depositado una papeleta para el presidente del Gobierno con el nombre de Mariano Rajoy y otra, con el del diputado de la circunscripción que me corresponde por residencia. En mi caso, que vivo en Valencia, podría ser el distrito Ciutat Vella-Eixample-Extramurs-El Pla del Real, con una población en torno a 150.000 habitantes. Casualidad, esta vez mi elegido habría sido el mismo que encabezó la lista electoral del PP en la provincia, Esteban González Pons, pero porque vivimos en la misma zona. Otro votante de una posible circunscripción electoral de un número similar de habitantes en Barcelona, el distrito de Horta-Guinardó, que hubiese optado igual que yo por el Partido Popular, habría cogido la misma papeleta con el nombre de Mariano Rajoy y otra con el del candidato de su distrito. Y así, hasta completar las 350 demarcaciones electorales.
Aunque en mi caso optaría en ambas elecciones por el PP, sobra decir que este sistema permite elegir al candidato a presidente del Gobierno de un partido y al diputado, de otro. Y, de igual modo, podría aplicarse en los ámbitos municipal y autonómico.
El resultado es que estaríamos representados por el presidente del Gobierno y el diputado de nuestra circunscripción, de modo que ninguna organización podría erigirse en portavoz de los ciudadanos o de los territorios. En efecto, esta reforma supondría un salto importante en la profundización democrática, a la vez que dejaría sin argumentos a los grupos antisistema, que buscan legitimarse desde el discurso recurrente de que a nuestro modelo le falta representatividad. El cargo salido del sistema de distrito uninominal tendría una autoexigencia de contacto permanente con los ciudadanos por encima de los aparatos de partido establecidos.
He tenido la experiencia, y la fortuna, de intentar estar en una lista, de formar parte de ellas, de confeccionarlas, de ser el candidato... y, en todas las ocasiones, he obtenido la confianza mayoritaria de mis conciudadanos. Son esa experiencia y ese conocimiento los que me llevan a proponer la necesidad de dar un paso adelante en la relación entre los electores y los elegidos. Prescindir de las listas propicia una interacción más directa, sincera, inmediata, viva y trascendente entre el político y su sociedad.
Una reforma que favorezca la comunicación real y efectiva entre el representante y el representado supone no tenerle miedo a la democracia. La aceptación por parte del político de que lo suyo es un servicio público que se mantendrá solo en la medida en que siga siéndolo. Implica que el elegido debe dar cuenta diaria durante su mandato al grupo parlamentario en el que se inscribe, al partido en el que milita y al grupo de votantes que conforman su propio departamento electoral. No le queda otra, pues, que, antes de cada elección, darse a conocer, escuchar y explicar su programa de forma individual a todos sus vecinos. Y, una vez conseguida la confianza, habrá de revalidarla día a día, responder a los retos de cada momento, dar la cara y soluciones a todas aquellas cuestiones que él o sus electores entiendan que les atañen directa o indirectamente.
El sistema de partidos, definitivamente consolidado en nuestro país, permite pues, sin miedo ni riesgo alguno, que las formaciones políticas y los ciudadanos compartan en primera instancia la elección de los mejores candidatos posibles. A partir de ahí, en la confrontación electoral, serán estos los que deberán hacerse merecedores del apoyo necesario para alcanzar los escaños en disputa.
He estudiado nuestra historia y las distintas fórmulas de elección habidas en España. He sido testigo directo del funcionamiento del sistema actual. He analizado la experiencia de otros países donde la democracia se da por descontada. Y, por una y otra vía, concluyo que proponer la elección directa del presidente del Gobierno y de nuestros diputados nacionales dentro de nuestra Monarquía parlamentaria constituye una oportunidad excepcional para profundizar y mejorar el funcionamiento de la democracia española. También para motivar a los ciudadanos a participar y a defender nuestras instituciones, a la vez que se espanta cualquier tentación hacia fórmulas que no conducen más que a la inestabilidad, cuando no a alternativas nocivas que involucionan hacia la privación del libre ejercicio de la democracia parlamentaria, tal y como entendemos las sociedades más avanzadas.
Yo te voto a ti y tú respondes ante mí. Es la fórmula más sencilla y la que vincula de manera directa e intransferible. Sin intermediarios que alejen al político de sus votantes y diluyan responsabilidades.
Francisco Camps Ortiz, Doctor en Derecho.