YPF, una inversión de riesgo

Un experto en inversiones internacionales hubiera calificado la inversión de Repsol en YPF como de riesgo. ¿Por qué? Hay razones geoeconómicas, de sector y de desarrollo de la empresa inversora.

La geoeconomía combina geografía física y economía. Pero no solo se ocupa de la distribución espacial de los recursos naturales o los mercados. También debe estudiar las instituciones y la cultura de los territorios. Su trabajo debe ser completado con la geopolítica institucional.

Un estudio de Sudamérica llevaría a la conclusión histórica de que en Argentina hay inseguridad jurídica derivada de la organización peronista del Estado. Por eso algunas inversiones se pueden calificar de alto riesgo. La llamada viveza criolla, aducida por los argentinos como excelente, permite dar la vuelta a situaciones diversas en provecho propio; incluso, a costa de crear un clima de inseguridad jurídica e incertidumbre económica.

Argentina es el país número 100 en la calificación de percepción de la corrupción de la oenegé Transparencia Internacional (entre Malaui y Santo Tomé y Príncipe) de un total de 182. Si añadimos la complejidad institucional del justicialismo (el partido de Perón y Kirchner), la inseguridad jurídica convierte a ciertas inversiones en ese país en inversiones de riesgo.

Si se conjugan estas circunstancias, para que la inversión valga la pena tiene que ser de muy alta rentabilidad y rápida recuperación. A la larga, ni los propios argentinos confían en su economía. El corralito macó el imaginario colectivo. Hasta la clase media coloca sus ahorros fuera. En el 2011 entraron más de 100.000 millones de dólares, pero salieron cerca de 60.000. Sangría que indica que el grado de confianza en la economía de Argentina es bajo incluso entre sus nacionales.

YPF, como Repsol, pertenece al sector extractivo de materias primas, centrado en el petróleo. Este sector tiene mala fama. Salvo que se explique muy bien su aportación al país, da la impresión de que su negocio es sacar riqueza del territorio para llevársela a otro. La tentación de intervenir estas actividades es alta, porque manejadas por políticos populistas los sacan coyunturalmente de apuros.

El sector extractivo, junto con sectores regulados, como las eléctricas o telefónicas, y los financieros, como la banca, suelen gozar de escasa popularidad. En los sectores regulados el peligro viene por la fijación de tarifas bajas; en banca y extracción el riesgo es la nacionalización, so capa de recobrar la soberanía nacional.

Las empresas nacen nacionales, luego exportan. Una empresa internacional tiene su base e instalaciones productivas y/o comerciales en otros territorios. Luego pueden pasar a ser multinacionales, en las que sus centros en diferentes países tienen su propio peso, cierta autonomía e influencia en la central; si esta autonomía crece respecto a la del país de origen se convierten en transnacionales. El último paso es cuando el poder se reparte entre diferentes territorios. Entonces, la empresa transnacional se convierte en global. La imagen de la empresa frente a los poderes políticos depende también del tipo de empresa. En las internacionales es menor que en las multinacionales, y en estas menor que en las transnacionales. Las que mejor manejan sus intereses son las globales.

Las empresas españolas, en muchos casos son multinacionales, si no son aún internacionales. Su relación con los gobiernos de otros países está en un proceso de aprendizaje. En las empresas globales, el departamento de asuntos públicoses clave en su estrategia. Dominar esta materia es una cuestión de experiencia acumulada. Las empresas españolas, casi recién nacidas a un mundo global, están aprendiendo esta delicada especialidad. Cuando se produjo la inversión en YPF, las empresas españolas estaban iniciando su andadura internacional como inversoras; la experiencia de más de un siglo de las empresas globales tarda en adquirirse.

Por estas razones la inversión de Repsol en YPF era una inversión de riesgo: inversión en un país complejo, inversión en un sector goloso para los poderes locales e inversión de difícil manejo en sus asuntos públicos.

Hecho este análisis, es de justicia aclarar que el comportamiento de Argentina no ha estado ajustado a derecho ni ha transcurrido por los cauces de la racionalidad. Pero una sorpresa, realmente una gran sorpresa, no debe ser para quienes hayan estudiado estas tres características. Por eso, los asuntos públicos respecto a las instituciones argentinas eran tan importantes. Lástima que no hayan tenido el éxito necesario. Ahora queda el itinerario jurídico para reparar el daño.

Un aviso de futuro: no hay que extrañarse si dentro de un tiempo aparecen los chinos de alguna manera en los yacimientos de Vaca Muerta; tampoco si eso conlleva un negocio extraordinario para algunos argentinos cercanos al poder. Eso lo explicaría también la geoeconomía institucional.

José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *