Zapatero ante Batasuna

Por Joan Tapia, periodista (EL PERIÓDICO, 22/01/06):

Tras una semana de cañonazos verbales –el PP exigiendo la prohibición de la asamblea congreso de Batasuna del ayer, Zapatero defendiendo el derecho de reunión de las personas pero no de los partidos ilegalizados–, tanto el fiscal general, nombrado por el Gobierno, como el fiscal de la Audiencia Nacional, éste de claras simpatías por el PP, han acabado pidiendo la prohibición del acto de Batasuna. Y el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, que apunta maneras de forofo antiaberzale, ha decidido algo tan curioso como prorrogar por dos años la suspensión de actividades de… ¡un partido prohibido! Tras esta decisión, Rajoy proclama que el juez ha prohibido contra la voluntad del Gobierno y advierte a éste contra las “triquiñuelas” mientras el ministro de Justicia contesta que está funcionando el Estado de derecho. La realidad es que Batasuna ha querido pasar de cierta tolerancia al exhibicionismo, y el PP lo ha aprovechado para mostrar su dominio del poder judicial, desgastar al Gobierno y poner dificultades a una hipotética declaración de Batasuna que nos acercara al fin del conflicto. Veamos como hemos llegado aquí. Tras la ruptura de la tregua de 1998, ETA lanzó una escalada terrorista que se centró en el asesinato de cargos electos de PP y PSOE. Ello coadyuvó a la mayoría absoluta de Aznar en el 2000 y provocó un desastre electoral de Batasuna, que en las elecciones vascas del 2001 –aquellas en la que Aznar quería expulsar a Ibarretxe de Ajuria Enea– perdió la mitad de sus votantes, que desaprobaron ostensiblemente el retorno al crimen como práctica política. Pero tras el asesinato de Ernest Lluch, PP y PSOE, los dos principales partidos, los que acumulaban las víctimas políticas, firmaron el pacto antiterrorista. Aun a pesar de las reticencias de Aznar, que poco antes decía que Zapatero sólo buscaba una foto. El terrorismo no cesó, y ante la negativa de Batasuna a condenar los más salvajes atentados, PP y PSOE votaron la ley de partidos en junio del 2002. Y tras nuevos y brutales asesinatos se produjo la ilegalización de Batasuna en mayo del 2003. La ley de partidos es discutible. Es cierto que puede vulnerar derechos políticos individuales y colectivos, aunque no es menos cierto que el Estado no puede quedar inerme ante una banda terrorista que aprovecha las ventajas de Batasuna para violar el primer derecho de la persona: el derecho a la vida. La ilegalización es una medida de excepción comprensible en los años del plomo, pero tiene inconvenientes: posible violación de derechos políticos, dificultad de aplicarla en Euskadi, donde ni el Gobierno ni la mayoría parlamentaria comparten dicha medida, y cierta imposibilidad filosófica: ¿cómo borrar de la vida política a los 100.000 vascos, un 10% de los electores, que votan Batasuna o siguen sus consignas de abstención o transferencia (Partido Comunista de las Tierras Vascas).

ADEMÁS, LA realidad cambia. La acción policial, la mayor cooperación internacional tras el 11-S del 2001, la misma pérdida de facilidades logísticas y económicas de los etarras que supuso la prohibición, y la irrupción del terrorismo islámico el 11-M del 2004 son factores que llevan a mucha gente de la izquierda aberzale –y quizá de ETA– a concluir que el terrorismo debe ser abandonado: por debilidad militar y por convencimiento de que la democracia española no cederá. Sólo así se explica que ETA lleve más de dos años largos sin matar y que Batasuna, en el acto del velódromo de Anoeta de noviembre del 2004 reivindicara, por boca de Otegi –el mismo que calló tras la ruptura de la tregua–, la acción política. En esta nueva y muy positiva circunstancia es obvio que el Gobierno y las fuerzas políticas responsables deben actuar con sentido de Estado. Las leyes deben ser aplicadas, pero con inteligencia y no con furia inquisitorial. No se debe tolerar la legalización de facto de Batasuna sin previa condena de la violencia terrorista. Pero conviene no privar de altavoz a la izquierda aberzale que se manifiesta, cada vez más, contra la violencia. Y lo que demuestra lo sucedido la última semana es que esto es muy difícil y costoso si los dos grandes partidos (y no sólo ellos) no aúnan posiciones ante el posible fin del terrorismo. El PSOE no puede ir muy lejos en una interpretación flexible de la legalidad (la más conveniente) si el PP y sus aliados en el entramado de los poderes lo boicotean todo y acusan al Gobierno de connivencias con ETA. Y el PP no mejorará su deteriorada imagen si sigue violando el compromiso democrático de no utilizar la política antiterrorista en la lucha partidaria.

PARA CUALQUIER ciudadano es ya el máximo del despropósito y del cinismo oír como dirigentes populares afirman con aplomo, e incluso vociferan, que Zapatero quiere impedir la derrota de ETA. Porque los socialistas vascos han sufrido tanto como los populares el zarpazo terrorista. Y porque la declaración del Congreso, a iniciativa de Zapatero, y con los votos de todos los partidos menos el PP, afirma que sólo se puede negociar con la banda terrorista tras el abandono definitivo de la violencia. Y todos sabemos que Aznar y González negociaron con ETA bajo una simple tregua. Zapatero es más exigente porque la banda terrorista está más débil militarmente y porque una gran parte de los electores de Batasuna ha dejado claro que repudia la violencia (la clave es que el PCTV obtuvo en el 2005 resultados superiores a los de Batasuna en el 2001). Mayor exigencia a ETA porque está casi derrotada. Es lo que debe ser. Y el primer partido de la oposición no puede pretender que olvidemos que Aznar bautizó alguna ocasión a ETA de Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Señor Rajoy, muestre sentido del Estado y no mienta. Las cosas le irán mejor.