Zapatero no quiere

El jueves pasado publiqué un artículo en estas páginas en el que advertía que, dada la catastrófica situación económica de nuestro país, se debería prever un procedimiento más urgente del previsto en circunstancias normales, para que hubiese un Gobierno lo antes posible. El primero que se dio cuenta de lo que yo advertía fue Ruiz-Gallardón, que probablemente será el próximo presidente del Congreso.

Después siguieron, por parte de muchos otros, las elucubraciones sobre este tema, aumentando considerablemente las mismas tras conocerse los resultados de las elecciones. Mi propuesta era que el periodo de transición de un Gobierno a otro se podría acortar, al menos, en unos 20 días, puesto que el cómputo que hace el Ejecutivo en funciones sitúa hacia el día 24 de diciembre la probable constitución del nuevo. Esto es, un mes, en el que cada día seguiremos perdiendo millones de euros por no tomar las medidas adecuadas que nos exigen los mercados y los organismos europeos.

Pues bien, ante mi asombro, en primer lugar, el prestigioso jurista, todavía ministro de Fomento y portavoz del Gobierno, dijo, muy envarado, que no era posible porque los plazos para la constitución de las Cámaras los señalan la Constitución y las leyes, y que hay que respetar las normas. Argumentación, en segundo lugar, que volvió a repetir el todavía presidente del Gobierno en funciones, en su conferencia de prensa del pasado lunes. En otras palabras, cuando están a punto de irse los actuales gobernantes, les ha entrado un enorme prurito por respetar la Constitución y las leyes, cuando habría que señalarles que carecieron de él durante los siete años y medio que han estado en el poder. Por mostrar dos ejemplos, recordemos que apoyaron un Estatuto para Cataluña totalmente inconstitucional o también que la proclamación del estado de alarma se tomó mediante un Real Decreto, firmado por el Rey, pero refrendado por el ministro de la Presidencia, y no por el presidente del Gobierno, como exige la Constitución. Pero da igual, porque estas y otras irregularidades, son ya fruto de la historia. Sin embargo, Zapatero podría hacer prueba de su talante, tan predicado en otros tiempos, para salir de la escena con toda elegancia, porque además el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno establece que «el Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno», lo cual, en las actuales circunstancias, significa que debería dar todas las facilidades para que hubiese cuanto antes un nuevo Ejecutivo. Pero Zapatero no quiere, porque se lo prohíben -dice él- las normas que regulan los plazos.

Lo cual no es exacto, porque sin violar ninguna norma de la Constitución o de la ley, podríamos conseguir, según los pasos que regula la ley electoral en los artículos 103 a 112, que entre hoy y el día 6 de diciembre pudiesen estar acabados todos ellos, con lo cual ese día se podría constituir el Congreso de los Diputados y, según el artículo 3 de su Reglamento, tras la creación de la Mesa de edad, se leería la lista de los diputados electos y de los recursos contenciosos-electorales que todavía no se hubieran resuelto. A continuación, se procedería a elegir al presidente y a la Mesa. Al día siguiente, ya bajo la batuta del nuevo presidente del Congreso, se podrían constituir los diferentes grupos parlamentarios (entre ellos uno de UPyD). La única condición para lograr esta urgente anticipación, que es legalmente posible, no sería sino aprobar un Real Decreto, que cambiase la fecha del 13 de diciembre por la del 6 de diciembre, que señala el Real Decreto de 27 de septiembre de 2011. Tal medida la ampara el artículo 68.6 de la Constitución, cuando señala que «el Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones», es decir, en este caso, sería el día decimosexto, y no el vigesimoquinto, agotando el plazo como si no pasara nada, según el deseo de Zapatero. Así ya habríamos acortado nueve días.

A continuación, el artículo 5 del Reglamento del Congreso señala que «dentro del plazo de los 15 días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva, tendrá lugar la solemne sesión de apertura de la legislatura», o sea el día 7 de diciembre. Al día siguiente, el Rey, en una jornada, podría realizar las consultas, esta vez puramente protocolarias, con los representantes de los grupos, para proponer después el candidato a la Presidencia del Gobierno. En 24 horas, se podrá proceder ya a la investidura del presidente. El cual expondría su programa de Gobierno y, al mismo tiempo, comunicaría la lista de sus ministros y, tras el debate con la intervención de los portavoces de los grupos, se procedería a la votación para investir al nuevo presidente. Para ello, siguiendo lo establecido en el artículo 171 del Reglamento del Congreso, su presidente podría tomar las medidas adecuadas para aligerar los tiempos.

De esta forma, el Gobierno estaría funcionando el día 10 u 11 de diciembre, es decir, 15 días antes de lo que quiere Zapatero. Pero, en cualquier caso, no debería olvidarse que el artículo 62 de la Constitución indica, entre las funciones del Rey en tanto que poder moderador, la de «convocar» las Cortes. Aunque, como es lógico, necesita el refrendo del presidente del Gobierno, puesto que es un acto debido del Rey. Pero, sea lo que fuere, bastaría una indicación del Monarca para que Zapatero cambiase de opinión. Porque, a todo esto, la famosa prima sigue subiendo, nuestros recursos bajando y sigue habiendo cinco millones de parados…

Por Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de El Mundo.

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