Por Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política y director del Grup de Recerca en Teoria Política (GRTP) de la UPF (LA VANGUARDIA, 30/01/06):
La multiculturalidad no coincide con el multiculturalismo. La multiculturalidad es un concepto descriptivo que remite al carácter culturalmente heterogéneo de las personas que conviven en una sociedad. Dicha heterogeneidad incluye cuestiones como la religión que esas personas profesan, la lengua habitual que emplean, sus valores, sus costumbres y prácticas en el vestir, en la alimentación y, en general, el tipo de imaginario colectivo con el que interpretan y valoran el mundo y su relación con los demás. La mayoría de las sociedades occidentales actuales son multiculturales. Por el contrario, el multiculturalismo es un concepto normativo que remite a un programa de actuaciones por el que las distintas culturas de una sociedad deben poder desarrollar sus capacidades en la esfera privada y, también en parte, en la esfera pública, y que propicia el acercamiento y el respeto entre distintas culturas. De hecho, todos los seres humanos somos seres culturalmente enraizados. Y puede decirse que todas las culturas poseen valor y que, de entrada, todas merecen respeto. Ello no implica que éstas no puedan compararse en campos concretos, que todas sean equivalentes o igualmente exitosas en ellos, que todo sea moralmente aceptable, que no haya influencias mutuas, o que no puedan compartirse elementos de varias culturas. O que uno no pueda desengancharse de su cultura de origen. Pero al hacerlo, ya la estaremos considerando. Hoy buena parte de las democracias afronta el reto de su multiculturalidad interna. Y a veces, ni las prácticas institucionales ni las teorías tradicionales sobre la democracia parecen las más adecuadas para afrontarlo. Estas teorías, por ejemplo -ya sea en sus versiones liberales o republicanas- suelen remitir implícitamente a sociedades mucho más simples que las actuales. Pero desde los colectivos indígenas de América y Australia, las minorías religiosas del Sudeste Asiático o la inmigración en los estados occidentales, las demandas relacionadas con identidades culturales se han hecho ya un lugar en la agenda política al que hay que dar respuesta. A pesar de sus diferencias, lo que estos casos tienen en común es la voluntad de mantener y reforzar unas características culturales específicas en un mundo crecientemente globalizado. La libertad cultural es aquí un valor esencial para la calidad democrática. Se trata de un tipo de libertad que forma parte de los derechos humanos, decisiva para el desarrollo individual y la autoestima de las personas. Una de las conclusiones del debate de los últimos años sobre la multiculturalidad es que la libertad cultural no queda asegurada a partir de la mera aplicación de los derechos cívicos, participativos y sociales recogidos en las constituciones democráticas. Y ello a pesar de que se dan obvios solapamientos entre discriminación cultural y discriminación política y socio-económica (el 81% de los indígenas mexicanos está por debajo de la línea de pobreza, cuando el porcentaje general de la población es del 18%). De hecho, sería necesaria la introducción de una cuarta ola de derechos de carácter cultural, aún ausente en las constituciones actuales. Sabemos que la historia de los animales racionales (es un decir) está llena de prácticas de genocidio, persecución religiosa, deportaciones y limpiezas étnicas, represiones lingüístico-culturales, etcétera. Y que se ha marginado y se margina a colectividades enteras por parte de las elites de sistemas políticos de muy distinta orientación económica y moral (aun siendo, a veces, demográficamente mayoritarias, como los indígenas de Bolivia o Guatemala). Pero, afortunadamente, pretender hoy la asimilación cultural va perteneciendo ya al pasado de las democracias. Cuando hay contraste entre valores y prácticas pueden surgir conflictos. ¿Cuáles son los límites de la libertad cultural en las democracias liberales? A mi modo de ver, existen tres que no debieran traspasarse: 1) los otros derechos humanos y libertades, 2) la igualdad de oportunidades (por ejemplo en la consideración de hombres y mujeres en el acceso a la educación), y 3) la aceptación del sistema democrático. En el informe de las Naciones Unidas dedicado a la libertad cultural (Human development report 2004) se sugieren cinco líneas de actuación: 1) multiculturalismo: asegurar la participación de los grupos culturales marginados (reformas electorales; federalismo con rasgos asimétricos); 2) políticas que aseguren la libertad religiosa (incluidas las fiestas, costumbres de alimentación y vestido, etcétera); 3) políticas de pluralismo legal (una cuestión más polémica que en cualquier caso implicaría el respeto a los límites anteriores); 4) políticas lingüísticas (algunos estados democráticos aún son monolingües en sus instituciones y símbolos a pesar de su multilingüismo interno), y 5) políticas socioeconómicas (ingresos mínimos, educación, salud). No estar atentos a estas cuestiones incentiva la aparición de actitudes xenófobas y de rechazo a los diferentes que podrían mitigarse con acciones conjuntas de los actores políticos y sociales. Pero para ello es necesario un liderazgo político que muestre una voluntad clara, en las ideas, en las decisiones y en los presupuestos, de que se trata de una cuestión prioritaria. Algo que afecta a buena parte de las políticas de todos los niveles de gobierno, a las decisiones legislativas, así como a medidas que, desde la sociedad civil y los medios de comunicación, incentiven el respeto a las diferencias culturales (con los límites señalados).