Cualquier juez que consulte la página web del Consejo General del Poder Judicial o su cuenta de correo electrónico puede comprobar cómo los ánimos en la carrera judicial están encrespados. Por ello, son muchos los compañeros que proponen una huelga para el próximo 18 de febrero. Así pues, yo quiero dedicar este espacio para justificar las razones por las que creo que sería mejor que no hiciéramos huelga.
Si pienso así no es por que las Administraciones públicas que nos gobiernan se hayan hecho merecedoras de esta consideración. ¡Poco hay que decir del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo! Obviamente, ni nos representa ni nos apoya ni espero de él ningún beneficio para la carrera judicial. Respecto del nuevo CGPJ, se le están agotando los cien días de gracia y todavía parece titubeante. Me habría gustado verlo encabezando las reivindicaciones de los jueces, pero sólo he visto genéricas proclamas de apoyo con palabras huecas y, a la vez, veladas amenazas a los magistrados que tienen intención de ejercer su legítimo derecho a la huelga.
Pero, superando todo ello, sigo creyendo que no es bueno que los jueces vayamos a la huelga.
Es cierto que las condiciones en que muchos compañeros desempeñan su trabajo son impensables en otras Administraciones. No tenemos más que acudir a cualquier dependencia de Hacienda, de la Seguridad Social o de muchas comunidades autónomas para comprobar que las condiciones de trabajo de sus funcionarios son mucho más dignas que las que se sufren en muchos juzgados de España. Pero no podemos ocultar que en los últimos años esas condiciones materiales han mejorado, y lo siguen haciendo, aunque muy lentamente. ¿O acaso ya no nos acordamos de cuando en los juzgados no había más que armarios metálicos y máquinas de escribir Olivetti? Eso ocurría no hace aún 20 años en muchos juzgados (yo he trabajado, al menos, en tres de ellos). Por eso no se justifica, precisamente ahora, una huelga en reclamación de la mejora de las instalaciones y dependencias judiciales, aunque no se debe dejar de reclamar que sigan mejorando las condiciones de trabajo al mayor ritmo posible.
Si la huelga tuviera como origen la desatención del Consejo General del Poder Judicial a las verdaderas necesidades de la carrera judicial habríamos tenido con anterioridad muchas ocasiones para hacer huelga, puesto que los jueces hemos padecido varios consejos más ocupados en el reparto de cargos que en el prestigio de la carrera judicial.
Yo quiero creer que los ciudadanos esperan de la Justicia que atienda sus reclamaciones y quienes la impartimos debemos ser esos funcionarios (y, a la vez, miembros de un Poder del Estado) imparciales, independientes y profesionales a los que confiar la solución de los conflictos. Además, se nos supone una alta cualificación y preparación y una altura de miras superiores a las de algunos otros trabajadores o funcionarios. Por lo tanto, si nos ponemos en huelga, ¿qué apoyo le queda al conjunto de la ciudadanía? Considero que la huelga no sería bien entendida y que consumiría el poco prestigio que le puede quedar a la carrera judicial ante los ciudadanos.
Cabe recordar, por ejemplo, esas huelgas de pilotos de avión en las fechas más complicadas de las vacaciones. Aunque pudieran entenderse sus reivindicaciones, los ciudadanos las percibimos como una pataleta de empleados de alto standing en reclamación de la mejoría de lo que ya parece inmejorable. ¿No pasará algo así con la huelga de los jueces? ¿Cómo se explicará a los ciudadanos que lo que lo que se pretende es mejorar el servicio público de la Justicia sin que se interprete como un movimiento egoísta de simple reivindicación personal? ¿No habría otro modo de hacer las cosas?
No podemos olvidar que el juez, por las peculiaridades de su función, desarrolla su trabajo en condiciones distintas a las de otros funcionarios: es absolutamente independiente, tiene un nivel de autoorganización mayor que otros funcionarios, etcétera. Estas peculiaridades (que no privilegios) tienen como contrapartida una mayor exigencia de responsabilidad y dignidad en el ejercicio de su función. Siempre he creído que la sociedad exige a los jueces trabajo bien hecho y responsabilidad, pero a cambio le ofrece una alta consideración y estima y creo que este intercambio se arruinaría ante una huelga de jueces.
Además, no podemos obviar una circunstancia temporal que perjudica enormemente la oportunidad de esta huelga: me refiero a la coincidencia con el asunto del juez del caso Mari Luz. ¿Cómo podremos defendernos de quien tacha nuestras reivindicaciones de corporativas? ¿Por qué no lo hicimos antes cuando los mismos motivos de queja ya existían hace meses, cuando no años?
Personalmente, comparto absolutamente todas las reivindicaciones de los que proponen la huelga: es cierto que las condiciones de trabajo deben mejorar, la oficina judicial debe implantarse, son urgentes mejoras legislativas, las retribuciones deben dignificarse y revalorizarse, debe favorecerse la conciliación de vida laboral y profesional, etcétera. Pero una huelga como la planteada debería sustentarse en uno o dos agravios (no en un catálogo general de reivindicaciones) y de intensidad suficiente para justificar una huelga desconocida en la historia de la carrera judicial.
Yo propondría alguna solución más imaginativa y que no atentara al ya mermado prestigio de la carrera judicial. Por ejemplo, ¿por qué no trabajar sólo hasta el límite marcado por los módulos para llamar la atención sobre el retraso acumulado que eso generaría? ¿Por qué no explicar a la opinión pública que los volúmenes de entrada de asuntos superan en mucho el máximo asumible? (quizá esto lo debiera explicar el CGPJ, pero si no lo hace, hagásmolo uno a uno cada juez en nuestro ámbito territorial mas cercano). También sería bueno exigir a las asociaciones judiciales un programa común de reivindicaciones, dejando al margen celos y rencillas que son impropias en momentos cruciales como el que nos está tocando vivir.
En fin, quedan casi dos meses para el 18 de febrero, tiempo suficiente para que las cosas cambien: que el CGPJ encabece de verdad nuestras reivindicaciones, que éstas se concreten a lo verdaderamente inasumible y que no admite demora, que se fortalezca la unidad de la carrera judicial ante el reto que tenemos a la vista, etcétera. Si todo ello se produce creo que podríamos evitar una huelga que, en mi opinión, cualquiera que fuera su resultado, no beneficiaría a nadie.
José Guerrero Zaplana, magistrado de la Audiencia Nacional.