Un informe reciente de la ONG Safeguard Defenders sobre la existencia de «comisarías secretas» de la policía china en ciudades de todo el mundo, incluida Nueva York, suscitó investigaciones en varios países europeos y atrajo la atención del FBI. Pero aunque estas investigaciones buscan evitar que se subvierta el Estado de Derecho, también ponen de manifiesto lo mal preparadas que están las democracias occidentales para hacer frente a la creciente influencia internacional de China.
En su afán de mostrarse «duros con China», medios y funcionarios de Occidente no han sabido (o no han querido) hacer una evaluación rigurosa del informe de Safeguard Defenders, que está colmado de traducciones erróneas y malentendidos respecto de las normas legales chinas e internacionales. El creciente poder de China demanda un cuidadoso análisis técnico y estratégico, y no torpes intentos de captar la atención pública.
Desde su surgimiento como potencia económica y política global, China está cada vez más interesada en influir sobre las normas e instituciones internacionales. De hecho, desde hace algunos años, la dirigencia china tiene la búsqueda de jurisdicción extraterritorial como prioridad nacional; y en tal sentido, se incluyeron en las leyes locales cláusulas tendientes a extender su aplicación más allá de las fronteras. Pero la influencia extraterritorial de China es una consecuencia natural de su creciente interconexión económica y política con el resto del mundo. Conforme aumenta su presencia internacional, las autoridades en China y en otros países deben analizar si es posible (y cómo) compatibilizar la legislación china con los sistemas jurídicos de Occidente.
Un ejemplo pequeño pero ilustrativo es la justicia penal. China se muestra cada vez más asertiva en lo referido a repatriar a fugitivos y sospechosos de delitos, sobre todo en casos que son de gran interés para la población china, por ejemplo ciberestafadores y funcionarios locales corruptos que hayan huido al extranjero. La persecución de esos delincuentes y la recuperación de bienes robados se consideran un componente esencial del poder de disuasión y una forma de legitimar al Estado demostrándole a la ciudadanía china su capacidad para proteger sus intereses en cualquier lugar del mundo.
En esto, China estudió y en gran medida imitó las prácticas de potencias establecidas, en particular los Estados Unidos. Para hacer valer las leyes chinas en el extranjero ha apelado a una variedad de métodos, que incluyen la extradición y la cooperación internacional formal, la confiscación de bienes locales de los sospechosos como forma de presión y la promesa de indulgencia para quienes regresen al país en forma voluntaria.
Pero las herramientas legales tomadas de otros países no siempre ofrecen a China capacidad suficiente para extender el alcance de sus leyes; esto se debe a la falta de tratados de extradición, recursos profesionales e influencia internacional. Es evidente pues que fortalecer dicha capacidad seguirá siendo una alta prioridad de las autoridades.
Por supuesto que la inquietud legítima que existe sobre la persecución de disidentes políticos en China afecta la imagen que se tiene en el extranjero de sus prácticas extraterritoriales. Si bien estas no han estado dirigidas mayoritariamente contra disidentes, es esencial tener en cuenta el peligro que estos corren y la falta general de protecciones procesales adecuadas para los acusados en el sistema de justicia chino.
En un nivel más fundamental, el concepto de Estado de Derecho para el gobernante Partido Comunista de China no coincide con la idea occidental. En China, el liderazgo del Partido se considera un «aspecto esencial y requisito inherente» del «Estado de Derecho socialista con características chinas». En el contexto del comunismo chino, la ley es ante todo una herramienta para mantener la estabilidad interna y la supremacía del PCCh.
Además, el PCCh rechaza (en cuanto «conceptos occidentales incorrectos») cualquier control institucional al poder del gobierno (como el constitucionalismo, la separación de poderes y la independencia judicial). La capacidad de un sistema jurídico semejante para garantizar un nivel básico de justicia y reducir la arbitrariedad de modo de proteger los derechos de todos los ciudadanos, chinos o extranjeros, es una cuestión que cualquiera (incluidos otros gobiernos) debe analizar seriamente antes de interactuar con la justicia china.
En comparación con otras áreas jurídicas, la cuestión del proceso penal se ve bastante sencilla. Los sistemas de justicia de los países desarrollados cuentan con herramientas para evaluar si el contacto de China con sus ciudadanos en el extranjero puede catalogarse como una forma ilegal de intimidación, acoso o actuación indebida por parte de un gobierno extranjero. La reciente decisión histórica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de impedir la extradición de Polonia a China de un taiwanés acusado de fraude muestra de qué manera es posible usar los procedimientos legales para evitar la complicidad con violaciones chinas del principio de debido proceso y otros derechos humanos básicos.
La evaluación puede ser más compleja en otras áreas, por ejemplo las disputas transfronterizas y la fijación de estándares en lo referido a nuevas tecnologías y transferencias de datos. Puesto que en esos casos hay más jurisdicciones involucradas, una amplia variedad de intereses y menos normas legales claras establecidas, no es realista suponer que puedan encontrarse soluciones fáciles. Se necesitarán marcos más sólidos que protejan los derechos de todas las partes frente a la asertividad china.
Aunque en general, en el proceso de establecerse como actor global de importancia, China viene adaptándose a las prácticas internacionales establecidas, es probable que busque tener más incidencia en la definición de reglas, en particular en áreas jurídicas emergentes. Para hacer frente a los desafíos implícitos en la creciente influencia de China se necesitarán nuevos protocolos de relación, así como análisis y discusiones técnicas basados en hechos. China ha hecho grandes esfuerzos para aprender de las prácticas jurídicas internacionales, imitarlas y adoptarlas. Es necesario que las autoridades europeas y estadounidenses, por su parte, procuren una comprensión acertada de las acciones y ambiciones chinas.
Retratar a China como un actor irracional y agitador que intenta imponer su voluntad al resto del mundo es un modo fácil de movilizar a la opinión pública. Pero denuncias sensacionalistas sobre «comisarías secretas» no ayudan a sostener un orden internacional basado en reglas. De hecho, esta narrativa simplista supone una grosera subestimación de China y de los desafíos que plantean sus elaborados esfuerzos estratégicos tendientes a usar el derecho para promover sus intereses nacionales.
Jeremy Daum is a senior fellow at Yale Law School’s Paul Tsai China Center, focusing on Chinese criminal procedure and law enforcement. Moritz Rudolf is a fellow at Yale Law School’s Paul Tsai China Center, focusing on the implications of China’s rise for the international legal order. Traducción: Esteban Flamini.