Vox y la Constitución

Vox tiene un problema: se llama Constitución española.

De las propuestas que este partido de derecha radical hizo en sus 100 medidas urgentes para España, presentado en 2018 en su acto de Vistalegre, abundan las que son claramente contrarias a nuestra actual Constitución. Cuando una propuesta política es incompatible con la Constitución solo caben dos opciones: cambiar la Constitución o cambiar la propuesta. Ocurre, sin embargo, que la Constitución española es particularmente rígida. Esto es, es una Constitución relativamente difícil de reformar, especialmente en sus aspectos centrales.

En principio, no hay inconveniente en querer llevar a cabo reformas constitucionales. Es legítimo, y muchos partidos quieren hacerlo. Pero en el caso de Vox debe reconocerse que muchas de sus propuestas chocan con un abanico particularmente amplio de artículos centrales de la Constitución de 1978. Pensemos, por ejemplo, en la propuesta de Vox de suprimir el Tribunal Constitucional, atribuyendo sus funciones a una Sala de lo Constitucional del Tribunal Supremo. O veamos la modificación de la circunscripción electoral que propone este partido. Ambas propuestas necesitarían, para hacerse efectivas, de reforma constitucional, ya que son contrarias a diferentes artículos de la Constitución. Estas reformas habrían de articularse, en mi opinión, por el procedimiento ordinario de reforma constitucional, necesitando, en general, una generosa mayoría de tres quintos de cada Cámara y un posible referéndum.

Pensemos, más aún, en las propuestas de Vox para suprimir las comunidades autónomas o ilegalizar los partidos contrarios a la unidad de España. Estas últimas, propuestas estrella del partido, requerirían para su implementación del rígido procedimiento agravado de reforma constitucional: mayoría de dos tercios en las Cortes Generales, disolución de las Cortes y nuevas elecciones, nueva mayoría de dos tercios en las nuevas Cámaras del Parlamento y referéndum. Todo un reto.

Este trasfondo nos pone frente a una serie de consideraciones. Primero, ahora vemos las ventajas de tener una Constitución con un procedimiento de reforma tan rígido. Las constituciones rígidas son menos permeables al cambio. Con frecuencia, nos quejamos de que no podemos adaptarlas a las transformaciones y nuevas necesidades sociales. Aunque estas quejas estén a veces justificadas, la contrapartida es una Constitución resistente frente a cambios unilaterales, que exige consensos amplios y transversales para su transformación. Esta rigidez constitucional podría ser un día una garantía frente a grupos políticos iliberales o autoritarios en el poder, y servir para proteger nuestras instituciones y nuestras libertades políticas. Una Constitución bien diseñada no suele ser, por sí sola, condición suficiente para que una democracia sobreviva a políticos autoritarios. Pero puede desempeñar un papel, en combinación con otros aspectos institucionales y políticos, en dicha supervivencia.

En segundo lugar, todo esto tiene también implicaciones para el propio partido Vox. La Constitución va a condenar a este partido a un dilema que puede ser divisivo a nivel interno. Vox tendrá que elegir entre dos opciones. La primera, moderar su programa electoral para que quepa en el marco de la Constitución, adoptando una posición pragmática. La segunda, mantener un programa electoral radical, aunque difícilmente realizable, en la constatación de que la Constitución de 1978 es un corsé a la implementación de su programa de máximos, consagrándose como una fuerza política externa a los consensos constitucionales básicos. La primera opción puede alejar a los votantes más radicales del partido, mientras la segunda puede desagradar a los más moderados. Las próximas elecciones, y el programa que Vox presente en ellas, nos servirán para saber por qué opción se decanta de momento este partido.

Muchas de las propuestas del Vox de Vistalegre son escasamente viables desde una perspectiva político-constitucional. Cabe preguntarse si esto se hace de forma deliberada. Para un partido que es de momento minoritario, tal vez esto no sea un problema: la inconstitucionalidad de una propuesta es de escasa relevancia cuando ni siquiera se tiene fuerza política para impulsarla o aprobarla. Sin embargo, azuzar al electorado poniendo sobre la mesa propuestas irrealizables puede generar, a largo plazo, frustración entre los votantes. Llegado un cierto punto, tal vez Vox tenga que enfrentarse a esta frustración. Al fin y al cabo, la Constitución plantea a este partido un dilema cuya resolución pueden sus dirigentes demorar, pero que difícilmente podrán eludir.

Pablo José Castillo Ortiz es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, y profesor de Derecho en University of Sheffield (Reino Unido).

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