Vivimos una época de constantes cambios que reflejan una realidad compleja e incierta. La situación social y económica es delicada y se observa cada día cómo la ciudadanía hace de tripas corazón para seguir adelante. Mantener el optimismo y no caer en la desesperanza, que ya asoma como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, es la primera idea con la que amanecen millones de españoles. La política se debe percibir como un instrumento generador de soluciones, de confianza y de acompañamiento a una sociedad dolorida en el difícil contexto nacional e internacional que vivimos. No se pide nada más: que la política ayude o que al menos no moleste.
Muy al contrario, estos días hemos sido testigos del último capítulo de bochorno político en tiempos de ansiedad mediática por captar votos. Al principio la información era confusa. Un par de medios de comunicación se esforzaban en asegurar que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid había aprovechado su cargo para recibir un monto económico en una suerte de prevaricación o mal uso de los fondos públicos. La oposición en Madrid no tardó en hacerse eco y, sumida en la mala praxis de la inmediatez comunicativa, comenzó una batalla de tuits, acusaciones y peticiones de dimisión que hincharon la gravedad de la situación.
Luego, el suflé comenzó a desinflarse. Una rueda de prensa de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y del propio vicepresidente arrojó un poco de luz ante tanto griterío: el bono térmico era realmente una prestación con criterios del Gobierno de Pedro Sánchez, que está ligado automáticamente al descuento eléctrico que también regula el Gobierno central y que el vicepresidente recibió por cumplir con el requisito legal: estar en posesión del título de familia numerosa. No había corrupción, no existía mal uso de los fondos públicos y, además, todo era consecuencia de una norma del Gobierno socialista que ni los propios socialistas se habían molestado en conocer y analizar.
El ridículo político culminó al día siguiente cuando una de las más vehementes acusadoras, Mónica García, reconoció que su familia también recibe esa misma prestación. Toda una demostración de estrategia de acoso y derribo mediocre que acaba infligiendo más daño a quien acusa que al acusado, pero dañando gravemente al colectivo de las familias numerosas. Entre unos y otros han logrado iniciar un falso debate sobre las ayudas públicas que tiene un claro objetivo: confundir a la opinión pública sobre el apoyo que reciben las familias numerosas y las políticas sociales que se orientan a personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
En España, el sistema de bienestar social es el reflejo del compromiso constitucional y de los poderes públicos con la promoción del desarrollo de las personas. Es un sistema complejo, estructurado en distintas políticas públicas que abarcan la educación, las pensiones, la salud, los servicios sociales, la vivienda, la seguridad social, la cultura y otros tantos ámbitos que pueden afectar al desarrollo humano. Las diferentes políticas públicas articulan a su vez distintos instrumentos de intervención, como son las ayudas directas, los incentivos fiscales, las bonificaciones en tarifas y un sinfín de servicios y acciones en beneficio de las personas y grupos específicos.
Asimismo, desde el paradigma de universalidad que rige en la política social pública, se establecen distintos colectivos y categorías sociales que ordenan los derechos de acceso a cada uno de estos instrumentos. El desarrollo legislativo que afecta a las familias numerosas en España es amplio y se cimenta en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que reconoce que esta realidad familiar presenta una problemática particular por el coste que representa para ellas el cuidado y la educación de los hijos. Además, confirma la competencia de las comunidades autónomas para el reconocimiento del título, de los ámbitos de los beneficios y de las cuantías. La ley reconoce la contribución social y económica constante que generan para la sociedad.
El intento de confrontar a los españoles por los recursos de las políticas públicas sociales es una de las tácticas electorales más peligrosas y perversas que existen. La izquierda se quejó amargamente cuando Vox comparó las ayudas que reciben los inmigrantes sin papeles con la pensión de una señora mayor, alimentando el odio y la xenofobia, pero ahora son ellos los que enfrentan a las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión con el apoyo que reciben las familias numerosas. Debe quedar claro que son políticas públicas distintas y no se debe confundir el origen y el objeto en el que se sustenta la protección y el apoyo que se pretende con cada una de esas políticas.
Hoy tener hijos en España es una heroicidad. Cada mañana cuando dejo a mis hijos en el colegio veo a padres y madres con caras exhaustas que desde primera hora tiran de sus hijos para levantarlos, darles de desayunar, vestirlos y llevarlos al centro en un tiempo récord, habitualmente con poco descanso propio y con muchas horas del día aún por delante en las que seguir haciendo malabarismos para rendir en tu vida profesional, mantener un cierto orden vital en su familia y, además, llegar a fin de mes. No existe ningún aliciente, que no nazca de la vocación y del amor por la familia, que explique querer embarcarse en esta aventura de tener una familia numerosa hoy en día.
Lo más grave de esta falsa polémica es que los que presumieron de la 'exclusiva' contra el vicepresidente ya han comenzado a señalar que no sólo se deben reconsiderar los criterios del bono térmico, sino que habrá que estudiar la idoneidad de financiar a las familias numerosas el transporte, los museos, la reducción de tasas universitarias, las deducciones fiscales o las bonificaciones a la Seguridad Social de las personas cuidadoras, entre otros asuntos. Tengo la sensación de que esa era la finalidad última del ataque que sufrió el señor Ossorio: polarizar aún más a una sociedad exhausta, aunque sea con medias verdades y muchas confusiones.
El escudo social que protege a las personas más vulnerables debe ser sólido y contundente en el tiempo extremo que vivimos; es un síntoma de ignorancia o de maldad contraponer y enfrentar las políticas sociales para la reducción de la vulnerabilidad y la pobreza con las políticas de apoyo a las familias numerosas.
No conozco a nadie que intente ser familia numerosa por los beneficios económicos que implica, hay que tener motivaciones más hondas.
La Ley de Familias propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, con Ione Belarra a la cabeza, es el misil definitivo de la falsa polémica iniciada estos días. El Gobierno socialista elimina el término "familias numerosas", que ha convivido de forma pacífica en España durante 82 años, diluyéndolo entre otros 16 tipos de situaciones familiares y pasando a denominarlo "familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza". La inclusión de criterios de renta en este tipo de políticas públicas no hará sino confundir colectivos de vulnerabilidad y perder el reconocimiento público a la aportación de las familias numerosas. Una parte de la izquierda no sabe convivir con ellas como grupo social y anda a golpes cada vez que tiene ocasión, haciendo gala de un populismo legislativo muy peligroso. Hoy existen más de 750.000 familias en España con el título en vigor que mirarán con atención el macrociclo electoral que ahora se inicia. Animo a todos ustedes a que estén atentos a los programas electorales del próximo 28 de mayo y de las próximas elecciones generales, busquen las medidas concretas, no sólo por sus cuantías, sino por el reconocimiento y la consideración que expresen. Al menos en Madrid, Isabel Díaz Ayuso y Enrique Ossorio lo tienen claro. Como padre de familia numerosa madrileña: gracias.
Ignacio Uriarte es investigador sobre desarrollo social y fue diputado del PP en las IX y X legislaturas.