El reinado de Juan Carlos I pasará a la historia de la economía como consecuencia de un cambio esencial en la española. Había sido esta, desde el siglo XVI a inicios del XIX, una economía imperial, a causa sobre todo de los territorios americanos, con el complemento del Pacífico, aparte de zonas europeas poseídas en diversas épocas, desde Flandes a Sicilia pasando por Luxemburgo. Pero a partir del siglo XIX, y hasta el 1 de marzo de 1981, la economía española fue una típica economía nacional, y a partir de ahí, para poder impulsar con más fuerza nuestro desarrollo, decidió transformarse en una economía comunitaria, radicalmente diferente, como era la economía nacional respecto a la imperial.
Por eso, aparte del elemento político vinculado a la Transición con objeto de impedir la muralla que significaba el Informe Birkelbach, a pesar de la apertura del año 1959 posible gracias al Pacto con Norteamérica y el enlace Franco-Eisenhower, solo la habilidad de Ullastres logró superar algo, con el espléndido Acuerdo Preferencial de 1970. A continuación los gobiernos del reinado de Juan Carlos I se toparon con una serie extraordinaria de obstáculos y crisis económicas, que tuvieron que resolver. La primera, la eliminación de la caída coyuntural al inicio de ese reinado derivada de las consecuencias del choque petrolífero y, casi de inmediato, de una crisis bancaria que culminó en 1977. El remedio para eso vino del Pacto de La Moncloa y, por supuesto, de la reforma tributaria iniciada por Villar Mir, estudiada a fondo por Fuentes Quintana y concluida por Fernández Ordóñez en sus partes esenciales. También, con ese Pacto, se consiguió un parcial freno al alza de salarios y una mayor paz social. Recuérdese no solo la polémica Barón-Álvarez Rendueles sobre la importancia del choque salarial, sino las alegrías de Nicolás Sartorius ante la proliferación de las jornadas perdidas por huelgas.
Pero es imposible evitar, durante el Gobierno González, todo lo que significó la rectificación por Miguel Boyer a un programa socialista que imitaba el que había llevado a Mitterrand al triunfo en Francia y que resultó que fomentaba la crisis. Esta rectificación facilitó el ingreso de España en el Sistema Monetario Europeo (SME), así como el superar las consecuencias de la decisión de Nixon de romper la relación oro-dólar de Bretton Woods. Nunca se alabará bastante el conjunto de medidas de Luis Ángel Rojo para mantener la peseta en el seno del SME. Pero, al mismo tiempo, había surgido la derrota de la Unión Soviética en la Guerra Fría. Como derivado, en un ensayo oportunísimo, Marcelino Oreja señaló que Estados Unidos, de aliado frente a Moscú, se convertía en rival económico de los europeos. De ahí Maastricht y sus consecuencias para España.
A partir de ese momento, había surgido el reto de la unificación monetaria, tras la liquidación de las barreras arancelarias. Va a corresponder, en primer lugar a Solchaga, al trasladarse las condiciones que se debían cumplir, de 1996 a 1997. Y a continuación se deberá poder ingresar en el área del euro con las decisiones del Gobierno Aznar, de control del gasto, de apertura y, en suma, de ortodoxia financiera. Así, la peseta, nacida en el sexenio revolucionario de 1868, pudo ser sustituida por el euro. Fueron importantes, en aquel tiempo, los ingresos que procedían de la Unión Europea, junto con un notable desarrollo. Este pronto se vinculó con los riesgos derivados de un fuerte endeudamiento, en parte frenado con una inteligente política de privatizaciones de empresas y de participaciones públicas.
Este impulso llevaba dentro dos riesgos. El uno, el inicio de una burbuja inmobiliaria. El otro, un déficit público y exterior grande, que impulsa endeudamientos derivados. Simultáneamente, crisis de las Cajas de Ahorros que, por no haber sido afectadas por la crisis bancaria, recibieron en 1977 el poder de actuar como bancos, expansionándose con una falta de técnica financiera colosal en la mayor parte de los casos.
Al llegar Zapatero al Gobierno, no solo no enmendó estos riesgos, sino que los acentuó, de espaldas a todo lo que se le aconsejaba por los economistas, e incluso, como vemos en las «Memorias» de Solbes, por sus colaboradores. De ahí la importancia de la que se puede calificar como la rectificación debida a Rajoy, a través de la conjunción de una reforma crediticia, una reforma laboral, un inicio de la liquidación del problema de las autonomías, el planteamiento, con Montoro y Lagares, de una reforma tributaria para impulsar la actividad económica, y con el fruto rápido de un incremento del PIB y un inicio de la disminución del desempleo, amén de una ortodoxa política de pensiones que inicia Fátima Báñez.
Por todo lo expuesto, y procurando ser racional y honesto, creo que en lo económico, en su conjunto, el reinado de Juan Carlos I y el inicio del de Felipe VI han sido positivos para España.
Juan Velarde Fuertes, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.