Por Luis de Sebastián, catedrático de Economía de ESADE (EL PERIÓDICO, 03/04/06):
Una reciente visita a El Salvador me ha permitido evaluar lo que la emigración a EEUU representa para los ciudadanos pobres de América Latina. En el 2005, el Banco Central cifraba las remesas, o envíos de dinero de los emigrantes a sus familias, en 3.000 millones de dólares. Esa cifra representa sólo el flujo institucional, el que se tramita por medio del sistema financiero formal. Lo que los emigrantes llevan en propia mano al país se estima en otros 1.000 millones de dólares al año. Y aunque 4.000 millones de dólares no son una cantidad exorbitante, representan el 26%, más de la cuarta parte del producto interior bruto (PIB) de El Salvador, una cantidad equivalente al saldo de la balanza comercial.
Datos similares se pueden encontrar para Guatemala, Honduras, Ecuador, Bolivia o México, el país que más emigrantes envía a EEUU. Mientras el coloso del norte siga ofreciendo oportunidades de vida y de trabajo a los latinoamericanos, los flujos migratorios no cesarán, y la represión y la vigilancia de los 3.141 kilómetros de frontera entre EEUU y México no bastarán para detener la riada humana.
Por otra parte, en los países receptores de inmigrantes, también existen intereses económicos que fomentan la inmigración. En EEUU, que tiene unos 12 millones de inmigrantes ilegales, el papel que desempaña la inmigración proveniente de América Latina no es tanto el de ocupar los puestos de trabajo que los norteamericanos rechazan, sino, como apunta el economista Paul Krugman, el de mantener bajos los salarios en las ocupaciones de poca calificación y que incluso los analfabetos pueden desempeñar bien.
LA SITUACIÓN es bien conocida en España, donde el hecho de que haya casi dos millones de desempleados no es óbice para que los inmigrantes encuentren trabajo. Pero eso se debe a que los nativos no están dispuestos a aceptar los salarios de hambre que los inmigrantes no tienen más remedio que aceptar. Por eso, los empresarios de algunos sectores intensivos en mano de obra poco calificada (agricultura, construcción, servicio doméstico, limpieza) ven con buenos ojos que vengan inmigrantes, e incluso que sean legalizados para que mantengan la presión a la baja sobre los salarios.
En su apoyo a los inmigrantes coinciden con los grupos humanistas, ONG proinmigración, líderes religiosos y los demás ciudadanos, los cuales, por otros motivos, se lanzaron a las calles en Los Ángeles y otras ciudades de EEUU pidiendo la legalización de los trabajadores ilegales. Discrepan en cambio los trabajadores nativos, sindicados o no, que tienen que competir en salarios a la baja con ese enorme ejército de reserva que les llega del Sur.
La Cámara de Representantes, que cuenta con una mayoría republicana, aprobó en diciembre una ley draconiana sobre el control de las fronteras, que declara criminales (sujetos a las leyes penales) a los inmigrantes que entren ilegalmente y trabajen en el país sin permiso de trabajo, y a quienes los empleen, les den cobijo o defiendan públicamente sus derechos. Es una ley inhumana y totalmente injusta, contra la que protestaron los miles de manifestantes de la semana pasada.
En cambio, la propuesta del Comité de Judicatura del Senado, aprobada por escasa mayoría el lunes pasado, prevé la eventual nacionalización de los inmigrantes ilegales que viven en EEUU, después de un proceso que durará 11 años desde el momento en que se presenten a las autoridades y soliciten el permiso de trabajo. Prevé también un cupo anual de unos 400.000 nuevos inmigrantes para satisfacer las demandas de los empresarios. Esta propuesta, que sin duda ha sido influida por las masivas manifestaciones de estos días, todavía tiene que ser votada en el Senado, y, en caso de que fuera aprobada, tendría que hacerse compatible con la severa ley aprobada en diciembre por la Cámara de Representantes.
MIENTRAS TANTO, el Gobierno de Bush sigue promoviendo los tratados de libre comercio en América Central (CAFTA) y los países andinos, a imagen y semejanza del NAFTA con Canadá y México. Los tratados de libre comercio con América Latina se inventaron para fijar a los trabajadores en su suelo, es decir, darles oportunidades de trabajo en sus países y quitarles así incentivos para emigrar. Desde hace mucho tiempo se ha considerado al comercio libre como un sustituto de la libre circulación de personas. El Salvador es el primer país que ha ratificado el CAFTA y, sin embargo, la emigración a EEUU continúa imparable.
Desde España debiéramos seguir con atención lo que suceda en EEUU. Nuestra situación, guardando las debidas proporciones, cada vez se parece más a la de aquel país. Las decisiones que tome en materia de inmigración nos pueden servir para poner en pie en este campo una política realista, eficiente y justa.