Por Daniel Portero de la Torre, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia (ABC, 15/06/06):
ESTABA yo estudiando tercero de Caminos en la Universidad de Granada. Solía dedicar más de diez horas cada uno de los días con gran esfuerzo y dedicación a unos apuntes que resultaban complicados de asimilar, pero siempre disfrutaba de un momento muy especial, era el mediodía cuando toda la familia nos reuníamos y almorzábamos juntos en casa. Mi padre solía llegar sobre las dos y cuarto de la tarde y, después de saludar a los demás de la casa, se acercaba a mi cuarto con mucho sigilo para no molestarme. Uno de estos días, abrió la puerta de mi cuarto -como habitualmente hacía- y se acercó para saludarme. Lo hizo con la mano derecha extendida sobre mi cabeza, acariciándola de adelante hacia atrás, mientras decía: «¡Pero si un puente se hace con dos piedras y una tabla!, ¿Para qué estudias tanto?». Yo le respondía: «Lo mismo que tú hiciste cuando tuviste que aprobar las oposiciones a la carrera fiscal. A propósito, papá, ¿para qué sirve la carrera fiscal?». Él respondió algo que no entendí muy bien, pero que once años después casi he comprendido: «El fiscal debe ser el garante y defensor de la legalidad en la sociedad, anteponiendo siempre la aplicación y el cumplimiento de la ley al principio de jerarquía». A veces, nos comentaba en la casa de Granada, cuando había sufrido días intensos de trabajo: «Nosotros los fiscales no debemos ceder ante el superior cuando se vulnere la ley por una imposición política del gobierno; por encima de todo está la ley y la imparcialidad, y si quieren que haga algo diferente, que me lo envíen por escrito». Por supuesto, nunca le enviaron nada por escrito, porque sería una prueba de que los principios políticos estaban por encima de la ley y la norma de aplicación. Luis Portero García, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mi padre, fue asesinado años después por la banda terrorista ETA de un tiro en la boca.
Seis años después del asesinato, un jueves 1 de junio de 2006, eran las 19,30 horas cuando Joseba Permach salía de declarar ante el juez Grande-Marlaska en la Audiencia Nacional. Era el último de los ocho miembros de la Mesa Nacional de Batasuna que declaraba ante el juez de Instrucción número 5 por los hechos acaecidos la última semana de mayo, donde Batasuna amenazaba con bloquear el mal llamado «proceso de paz» si algún miembro de la mesa nacional era encarcelado. Salía de la antesala del juzgado de Instrucción número 5 discutiendo junto a su abogada Jone Goirizelaya, y se le podía escuchar: «A estos dos hay que matarlos». ¡Qué ganas de paz! Sobre las ocho, comenzó la vista contra los ocho miembros de la Mesa Nacional. Aún no habían llegado ninguno de los informes policiales a manos del juez Grande-Marlaska de los que pudiera extraer conducta delictiva de los ocho miembros de la mesa nacional. De hecho, ese mismo jueves la Guardia Civil había sido notificada por la Audiencia Nacional para redactar estos informes. Antes del comienzo de las vistas, el abogado de Batasuna Kepa Landa le solicitó al juez Grande-Marlaska que fuéramos expulsados los dos miembros de la asociación Dignidad y Justicia que nos encontrábamos en la antesala del despacho del juez, aduciendo que cada vez que la extrema derecha gritaba en la calle se debía a que nosotros bajábamos las escaleras de la Audiencia Nacional para provocar la exaltación de estos grupos, que se encontraban en la calle Génova. ¡Qué ignorante! El juez, sin hacer el mínimo caso a la argumentación de Landa, comenzó las vistas dando la palabra a las acusaciones populares, Ministerio Público y posteriormente a la defensa. Lo cierto es que la acusación ejercida por Dignidad y Justicia argumentó jurídicamente la necesidad real de decretar la prisión incondicional para siete de los ocho miembros de la mesa nacional, y prisión eludible bajo fianza de 400.000 euros para el último de los citados ese día, Karmelo Landa. El Ministerio Fiscal, tutelado por el fiscal Juan Antonio García Jabaloy, únicamente hizo una pregunta a Joseba Permach: «¿La intencionalidad de sus declaraciones en rueda de prensa, donde amenazaba con bloquear el "proceso de paz", tenían finalidad terrorista o política?». Ante una pregunta con respuesta ya pactada, Permach respondió: «Finalidad política, claro». Esa fue la única cuestión que hizo el Ministerio Fiscal en todo el día. Posteriormente, Jesús Santos, vigilado por García Jabaloy, argumentó que no se había vulnerado ninguno de los puntos del auto de suspensión decretado contra Batasuna en enero de 2006 y justificó que las declaraciones de Permach no eran amenazas, ya que se trataba de una acción aislada dentro de un contexto de negociación Gobierno-ETA. Finalmente, terminó la vistilla contra los ocho miembros de la mesa nacional a las 21,30 horas y, rápidamente, el fiscal García Jabaloy, pegado como una lapa al fiscal Santos, le obligó a dar una rueda de prensa sin que todavía el juez hubiera dictado el auto. En ella, la Fiscalía justificaba su posicionamiento a favor de Batasuna por no percibir que se hubiera vulnerado ninguno de los puntos del auto de suspensión de actividades de Batasuna. ¡Nunca el Ministerio Fiscal había hecho algo semejante!
De 21,00 a 22,30 horas, el juez tuvo nula tranquilidad para redactar el auto, ya que la Fiscalía le interrumpió en algunas ocasiones. Lo más increíble fue cuando todos los que estábamos presentes en la antesala del juzgado, esperando con impaciencia el auto de Grande-Marlaska, pudimos observar cómo la angustiosa cara de Otegi comenzó a sonreír a las 23,04 horas, media hora antes de que se nos diera a conocer a las partes que todos quedaban en libertad. Al parecer, un amigo suyo le había llamado por teléfono comunicándole que había escuchado en una radio que todos quedaban en libertad. El escándalo estaba servido sobre la Audiencia. Nadie comprendió lo que estaba pasando. Sabíamos que dos de los ocho tenían que ir a la cárcel con plena seguridad. Las presiones telefónicas y del fiscal García Jabaloy habían tenido la suficiente eficacia como para cambiar la redacción de un auto que, a día de hoy, se contradice en su parte final. Rodríguez, Conde y su pupilo Jabaloy habían cumplido con ETA. ETA tenía que mover ficha ahora. El principio de jerarquía se imponía al de legalidad.