Al final, como siempre, Europa actuó, pero, ¿será suficiente?
No cabe duda de que los mercados financieros se mostrarán escépticos sobre el compromiso solemne de los miembros de la zona del euro de que la suspensión de pagos de facto de Grecia seguirá siendo una excepción. Las garantías verbales han sido la moneda preferida de la Unión Europea al abordar la crisis del euro, pero ahora las palabras tienen tan poco valor como la deuda soberana de Grecia.
Europa necesitó más de un año para hacer lo que todo el mundo sabía que se debía hacer para contener la crisis griega y aún puede no ser suficiente, pues las medidas aprobadas no constituyen el compromiso transparente y a largo plazo de restablecer la hacienda griega que desean los mercados.
Ésa es la naturaleza de la política europea. La UE sólo actúa cuando se encuentra entre la espada y la pared y, cuando por fin hace lo que debe, finge no estar haciéndolo. La razón es la de que la política de la Unión Europea es más que nada política nacional, que aborda las cuestiones nacionales con una dimensión europea, pero no las cuestiones europeas. La profunda interdependencia de la UE se pierde en la política nacional, lo que crea un desfase entre el alcance y el nivel de las políticas y la esfera en la en que se actúa políticamente. El déficit democrático de Europa es menos un desfase entre las instituciones y los ciudadanos europeos que entre la política nacional y los problemas europeos.
Piénsese en los relatos tan diferentes que han surgido en Europa y en los Estados Unidos sobre la crisis financiera. Tanto en los EE.UU. como en la UE, algunos gastaron más de lo que podían permitirse y otros concedieron créditos que no deberían haber concedido, pero los americanos culpan a los bancos irresponsables, mientras que los europeos culpan a países meridionales irresponsables como Grecia.
La razón de esa disparidad es el alcance y el nivel de la política conforme a la cual se formulan los relatos. En los Estados Unidos, se considera que se trata de un problema nacional relativo a las acciones de los bancos y los particulares, mientras que en Europa se considera que el problema surge en ciertos Estados y afecta a otros Estados.
Dicho de la forma más sencilla, la política de la UE no ha estado a la altura del alcance y nivel de los problemas de la Unión. Eso es lo que quieren decir quienes lamentan el déficit democrático de la UE. Ningún Estado miembro de la UE ha interiorizado aún las consecuencias para su democracia de la interdependencia creada por la integración.
Los problemas financieros de unos pocos miembros de la zona del euro han llegado a ser un problema para todos. Una afluencia de inmigrantes hacia Italia se extiende a otros países de la UE. Una evaluación errónea por parte de las autoridades alemanas del riesgo sanitario representado por una verdura determinada provoca pérdidas financieras en masa a agricultores de toda Europa.
En todos esos casos, las políticas nacionales han tenido graves repercusiones para otros Estados de la UE. Los asuntos europeos se dirigían en el nivel nacional y otros europeos sufrieron las consecuencias de ello. Al mismo tiempo, como la UE es a un tiempo una fuente de creación de riqueza, mediante la integración del mercado, y de efectos redistributivos entre los Estados, mediante la competencia en dicho mercado, el carácter cada vez más mayoritario de sus decisiones requiere alguna idea democrática de la equidad distributiva. En la medida en que las cuestiones europeas no pueden ser dirigidas enteramente por la política europea, se debe hacer que la política nacional sea más europea.
Una solución creíble de la crisis actual de la zona del euro depende de que se aborde ese déficit democrático, pero la crisis brinda también una oportunidad para hacerlo. En la reforma de la gobernación de la zona del euro se deben utilizar mecanismos democráticos –y la lógica del mercado interior– para impedir que algunos Estados de la UE impongan externalidades a otros.
Pero también se debe aplicar el argumento democrático a la otra faceta de la cuestión: los programas de ajuste. Una vez que la UE vincula su ayuda a algunos Estados con la adopción por parte de éstos de ciertas políticas, debe rendir cuentas también de su resultado. La UE puede abordar simultáneamente los temores de los mercados explicando con claridad que garantiza la aplicación plena de dichas políticas: por ejemplo, condicionando la capacidad para emitir eurobonos a dicha aplicación.
Se debe imponer a la UE la rendición de cuentas no sólo por lo que gasta, sino también por la riqueza que crea. Debe distribuir “su” dinero y no el de sus miembros. El argumento democrático requiere una clara conexión entre los recursos financieros de la Unión y la riqueza que crea o con las actividades económicas de los Estados miembros que tienen importantes externalidades para otros miembros.
Las recientes propuestas de la Comisión Europea sobre sus propias fuentes de ingresos son un paso en la buena dirección. Cualquier nuevo recurso en materia de IVA debería estar vinculado con las transacciones transfronterizas, lo que establecería un vínculo claro con el mercado interior. Se podrían vincular otras fuentes de ingresos a las actividades nacionales con importantes externalidades transfronterizas.
Si se democratiza más la forma como la UE recauda dinero, las decisiones sobre cómo gastarlo pasarían a ser también más democráticas, cosa que resulta decisiva para garantizar la legitimidad de la gobernación económica de la zona del euro.
Por Miguel Poiares Maduro, profesor de Derecho Europeo y director del Programa de Gobernación Mundial del Instituto Universitario Europeo. Traducido del inglés por Carlos Manzano.