La pérdida de confianza en nuestro sistema financiero y en nuestra capacidad para retomar la senda del crecimiento no es sólo uno de los efectos de esta crisis, sino también uno de los condicionantes que nos impiden, o al menos nos dificultan gravemente, salir de ella. Urge, pues, adoptar medidas que afecten tanto a las Administraciones Públicas como al sector privado, especialmente el financiero, y que tengan un denominador común: dotar de mayor transparencia a los mecanismos de toma de decisiones públicas y privadas.
Sin duda va a ayudar a este objetivo la crisis actual, que está provocando como efecto colateral el nacimiento, por fin, de la conciencia del contribuyente. Los políticos, a partir de ahora, deberán tener que argumentar mucho más sus propuestas, suministrar mucha más información y acreditar, en mayor medida, la bondad de sus iniciativas. Confiemos en que esta tendencia se intensifique.
En el ámbito privado, la confianza en el sistema financiero se ha debilitado como consecuencia de la falta de transparencia en la reforma financiera, en la comercialización de productos financieros y en el gobierno corporativo de las empresas. Ha sido una pena no haber seguido desde el principio el modelo italiano de transformación de las Cajas de Ahorros, que se aprobó hace una década y que obligó a éstas a transformarse en Bancos cotizados en Bolsa, atribuyendo parte de las acciones a fundaciones creadas al efecto y colocando la otra parte en el mercado. Si lo hubiéramos hecho así, no sólo habríamos sometido la gestión de las Cajas a la disciplina del mercado, sino que habríamos contribuido a sanear el déficit público autonómico y municipal, al adjudicarse a estas Administraciones los paquetes accionariales que les hubiesen correspondido por haber sido los fundadores de las Cajas.
Con la perspectiva de los últimos dos años no sería aventurado afirmar que las SIP, o fusiones frías diseñadas por el anterior Gobierno, han sido reflejo de una falta de valentía política y de una torpe visión económica. El miedo o recelo de las Comunidades Autónomas a perder sus respectivos virreinatos bancarios creó un engendro que, en la práctica, expulsó a cualquier inversor extranjero de tomar una participación en el capital de las Cajas pues, a la falta de credibilidad de sus balances, se sumó un inadmisible sistema de gobierno corporativo. Ante la imposibilidad de reforzar sus recursos propios a través de inversores institucionales extranjeros, que no querían saber nada de este asunto tal y como estaba diseñado, sólo les quedaba a las Cajas mirar dentro de nuestras fronteras con la esperanza de encontrar en la red los recursos que aquellos les negaron, tendencia que también fue seguida por la mayoría de los Bancos. Esta necesidad impulsó la emisión generalizada de participaciones preferentes.
A la vista de lo sucedido, posiblemente hubiese sido más prudente no haber autorizado su colocación entre particulares o, al menos, haber obligado a las entidades a efectuar un test de conveniencia estandarizado y mucho más riguroso que el que en realidad han efectuado.
Las entidades de crédito han hecho estos dos últimos años, y siguen haciéndolo en la actualidad, verdaderos esfuerzos para solucionar esta delicada situación, fundamentalmente a través de su conversión en depósitos u otros títulos más simples. La gran mayoría ha valorado las preferentes al 100% de su valor nominal, cuando en los mercados secundarios cotizaban con descuentos del 50% de media. Estas condiciones muy favorables de conversión, que reflejan implícitamente un cierto acto de contrición por parte de las entidades, están siendo muy bien acogidas por los tenedores de las preferentes que verán compensadas, en gran parte, las pérdidas latentes de su inversión. Junto a las participaciones preferentes, se ha producido este último año otro foco de preocupación que ha dañado la imagen del sistema financiero español: la salida a bolsa de Bankia, acontecimiento que no sólo ha afectado a la entidad emisora, sino que ha salpicado a todo el sistema.
Y es que la colocación de Bankia guarda un preocupante paralelismo con lo que sucedió hace 18 años con la ampliación de capital de Banesto. En 1993, la situación financiera de Banesto era extremadamente delicada y con el fin de potenciar sus recursos propios se autorizó una macroampliación de capital en julio de aquel año. Los fondos generados, sin embargo, no fueros suficientes y finalmente, en diciembre, se nacionalizó el Banco ocasionando una ingente pérdida a los accionistas que, seis meses antes, habían acudido a la ampliación.
Casi 20 años después, hemos contemplado un proceso muy parecido: un banco sistémico con muchos problemas, una macro colocación en Bolsa, una nacionalización a los pocos meses y un derrumbamiento de la cotización. ¿Qué pasó entonces y qué ha pasado ahora? La respuesta no es sencilla pero parece que en el difícil juego de equilibrar intereses, existe en nuestro sistema financiero un sesgo favorable a las entidades sistémicas, como Banesto y Bankia, en detrimento de los pequeños ahorradores. Y hasta cierto punto es comprensible porque el Banco de España tiene que evitar a toda costa el riesgo de insolvencia de una entidad sistémica, y la mejor forma de hacerlo es capitalizando la entidad en dificultades a través de una ampliación de capital.
Pero es precisamente en estas situaciones extraordinarias, cuando la CNMV debe velar con extremado celo por la bondad de la información que se suministra al mercado, y por la calidad de las prácticas de comercialización a través de la red. Lejos de ser conveniente una plácida convivencia entre supervisores, lo recomendable es que haya una sana tensión entre ellos, porque defienden intereses contrapuestos.
Es en este punto donde, a mi juicio, la ley adolece de un defecto que convendría subsanar, pues por imperativo legal el subgobernador del Banco de España forma parte del Consejo de la CNMV y, en reciprocidad, el vicepresidente de la CNMV forma parte del Consejo del Banco de España. Pero hay más, y es que la ley prescribe que el secretario general del Tesoro y Política Financiera forme parte del Consejo del Banco de España y del de la CNMV. Por mucho que todos sean unas personas extremadamente equilibradas, que seguro que lo son, es imposible abstraerse de la gran losa de preocupación que les debe suponer lidiar con una posible insolvencia de una entidad sistémica. Por lo tanto, sería deseable romper cuanto antes estos lazos de consanguinidad y evitar que tres de los siete miembros del Consejo de la CNMV se sienten también en el Banco de España.
Por último, y en la búsqueda de esa mayor confianza en nuestra economía, habría que profundizar en la transparencia del gobierno corporativo de las empresas y bancos españoles. La corriente de una mayor fiscalización por parte de los accionistas está propagándose por todos los países desarrollados y es un reflejo más de que la globalización no afecta sólo a los derechos económicos, sino también a los derechos políticos. Este movimiento, que algunos llaman la “primavera de los accionistas”, está liderado por instituciones de primer nivel, y no por accionistas que reclaman su minuto de gloria en las asambleas, lo que hace prever que no sea una tendencia pasajera, sino una acción organizada para hacer cumplir a los ejecutivos las Recomendaciones de Transparencia y Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo. Son de diversa naturaleza, pero una de ellas destaca sobre las demás debido, sin duda, a la especial sensibilidad que ha provocado la crisis: la transparencia de las remuneraciones del Consejo de Administración. Si los accionistas quieren una prueba irrefutable de que los intereses del consejo y los de la empresa están perfectamente alineados, tienen forzosamente que saber cuáles son las retribuciones de los miembros del consejo y cuáles son los mecanismos que “disparan” la retribución variable de los máximos ejecutivos. No parece que haya otra alternativa. El Gobierno actual ha consagrado la transparencia como eje de sus reformas. Esperemos que sea capaz de llevarlo a la práctica y que, sobre todo, los mercados se lo reconozcan.
Ignacio Garralda es presidente de Mutua Madrileña.