En el Estado indio de Karnataka, el gobernador está favoreciendo al Partido Bharatiya Janata (BJP) con el propósito de formar un gobierno, a pesar de que una coalición opositora ha ganado más escaños en la legislatura estatal. La controversia que actualmente se desarrolla atrajo la atención sobre la forma en que una posición constitucional se ha reducido a estar al servicio de los intereses políticos del partido gobernante de la India.
Las instituciones públicas fuertes que operan por encima del tire y afloje de la refriega política son vitales para cualquier democracia. Sin embargo, en los últimos cuatro años, cada una de esas valiosísimas instituciones en la mayor democracia del mundo, la India, se ha visto amenazada, ya que el asertivo y chovinista gobierno hindú del BJP trabaja para consolidar su propia autoridad.
Dejando a un lado a los gobernadores (el BJP pidió que todos ellos renuncien para dar paso a gobernadores nombrados políticamente, poco después de su victoria electoral del año 2014) y comenzando con el sistema judicial, que ha estado bajo escrutinio desde el pasado mes de enero, cuando los cuatro jueces con mayor antigüedad del Tribunal Supremo sostuvieron una conferencia de prensa sin precedentes con el propósito de cuestionar la asignación de casos por parte del Presidente del Tribunal Supremo, Dipak Misra. Los comentarios que hicieron implícitamente indicaron que a Misra asignaba casos a sus jueces preferidos, presumiblemente (aunque esto nunca se dijo) en un esfuerzo por garantizar resultados favorecedores para el gobierno.
Tres meses después, varios partidos de oposición hicieron circular una moción de destitución en contra de Misra en la Rajya Sabha, la cámara alta del Parlamento. Tras el rechazo de la moción por parte del presidente de la Rajya Sabha, el vicepresidente de la India, Venkaiah Naidu, dos miembros del Parlamento solicitaron al Tribunal Supremo que impugne esa decisión. Pero, Misra fue quien nombró a un miembro del Tribunal Supremo para que esté a cargo de dicha apelación, quien, presumiblemente, actuaría de manera favorable a su caso. Dicha situación provocó que los miembros del Parlamento retiraran la mencionada impugnación. Puede que Misra quedara a salvo, pero la imagen de la judicatura recibió una paliza de la que no se recuperará fácilmente.
La reputación de la Comisión Electoral (CE) de la India, que tiene un récord de conducir durante décadas elecciones libres y justas, a pesar de incluir a funcionarios jubilados y en gran parte designados por el gobierno en cargos fijos, fue también una institución que sufrió un duro golpe el año pasado. Rompiendo el Código de Conducta de esta institución, Achal Kumar Jyoti, el entonces jefe del CE y quien fue designado en el cargo por el BJP, anunció las fechas para las elecciones en los Estados de Himachal Pradesh y Gujarat con 13 días de diferencia, aunque estos dos Estados normalmente van a las urnas simultáneamente. La CE afirmó que retrasó el anuncio sobre Gujarat para que el Código de Conducta electoral (que restringiría el gasto público en el Estado) no impidiera el presupuesto de alivio a las inundaciones. Pero, la mayoría de los ciudadanos de la India creen que el BJP presionó al CE para retrasar el anuncio el mayor tiempo posible, de modo que pudiera atraer a los votantes con obsequios de último minuto que no tenían nada que ver con el alivio de las inundaciones. El gobierno de Gujarat e incluso el primer ministro Narendra Modi anunciaron posteriormente varios de estos esquemas. Los ex comisionados electorales condenaron unánimemente la decisión de la CE, sin éxito.
Para empeorar las cosas, la CE decidió en enero descalificar a 20 miembros del partido Aam Aadmi de la Legislatura de Delhi por motivos técnicos – esta fue una decisión que podría haber beneficiado al BJP si tras dicha decisión se hubiesen celebrado elecciones parciales para los escaños ocupados por dichos miembros. Sin embargo, el Tribunal Superior de Delhi anuló esa decisión, calificándola de “mala ley” y “violación de los principios de justicia natural”. No obstante, al igual que ocurrió con el caso relativo al poder judicial, el daño ya estaba hecho: la institución que una vez fue la que actuaba como custodio imparcial del proceso democrático de la India – procediendo bajo presión del BJP – distorsionó su papel, debilitando su posición entre los ciudadanos de la India.
La lista de instituciones de la India que cada vez están más desacreditadas continúa con el Banco de la Reserva de la India (RBI). El desastroso proceso de desmonetización de noviembre del año 2016 provocó una crítica generalizada del RBI por no cumplir con sus deberes fiduciarios. No hay duda sobre que, aparentemente, no se consultó al RBI en la forma apropiada cuando el BJP tomó la decisión con respecto a dicho proceso. No obstante, este partido fracasó rotundamente en cuanto a prever los problemas que causaría dicho esquema y también fracasó en cuanto a usar su autonomía para mejorar la implementación y minimizar los efectos negativos. En cambio, fue el RBI la institución que emitió 138 notificaciones sobre el proceso de desmonetización a lo largo de 70 días, y cada anuncio llegó a ser un ajuste de una declaración previa sobre, por ejemplo, cuánto dinero se podía retirar y hasta que fecha. Era como si el RBI se hubiese reducido a una marioneta, y el gobierno del BJP fuera quien manejaba sus hilos.
En enero del año pasado, el Foro Unido de Oficiales y Empleados del Banco de la Reserva dirigió una misiva al gobierno para resaltar que la “administración operacional” del RBI, según los argumentos que ellos plantearon, había “mellado la autonomía y la reputación del RBI sin remedio”. El silencio del gobernador del RBI, Urjit Patel lo redujo a un cordero de sacrificio. Pero, en este caso, el “silencio de los corderos inocentes” canibalizó al RBI propiamente dicho, y – una vez más – condenó a una institución a sufrir consecuencias de larga duración.
El gobierno de Modi también ha mostrado su predisposición a politizar a las instituciones de seguridad. Por ejemplo, al nombrar al Teniente General Bipin Rawat como Jefe del Estado Mayor del Ejército, el gobierno pasó por alto a dos generales de alto rango, burlando los principios de antigüedad consagrados por la tradición. Además, el gobierno ha usado repetidamente al ejército en su propaganda política, haciendo públicos detalles operativos que gobiernos anteriores habían mantenido en secreto (como el anuncio de un “ataque quirúrgico” contra bases terroristas en territorio controlado por Pakistán). Durante las recientes elecciones estatales de Karnataka, el propio Modi explotó de manera flagrante a los militares de la India para sus propios fines de corto plazo, al denunciar a quien fue el primer Primer Ministro de la India por presuntamente haber insultado a dos jefes del ejército del Estado, aunque ese hecho nunca ocurrió.
La policía de Delhi y las agencias federales de investigación, y especialmente la Oficina Central de Investigación (CBI), tampoco están a salvo de la politización. La CBI incluso ha sido descrita como un “loro enjaulado” por el gobierno del BJP, y su trabajo, que en el pasado era considerado como la regla de oro en la lucha contra el crimen en la India, ahora a menudo es visto como políticamente motivado. La Ley del Derecho a la Información, destinada a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, ha sido ahogada por la lentitud de los pasos que toma el gobierno, y aún no se ha nombrado a un Defensor del Pueblo, también llamado Ombudsman o Lokpal, casi cinco años después de que se aprobó una ley para crear ese puesto.
También se han cernido dudas sobre de la integridad de la Junta Central de Educación Secundaria, después de que se filtraran al público las preguntas de un examen escolar nacional, lo que obligó a 1.6 millones de estudiantes a volver a tomar dicho examen. Surgieron problemas similares con las pruebas de admisión para estudiar derecho y medicina, así como también con los exámenes de competencia para optar por puestos administrativos. En un momento en que hay muchos menos empleos que trabajadores, la disminución de la confianza en el sistema de exámenes de competencia como un medio justo para evaluar a los estudiantes podría socavar la paz social.
Incluso el Parlamento de la India – el “templo de la democracia” – ha visto reducido su trabajo a una farsa, ya que los aliados y partidarios del BJP paralizaron deliberadamente la sesión presupuestaria de la Lok Sabha (la cámara baja) en abril de 2018. Debido a que el presidente de la Cámara nombrado por el BJP afirmó que no podía contar a las personas por el bullicio, la moción de no confianza contra el gobierno nunca llegó ni siquiera a ser debatida.
Tal comportamiento se ve facilitado, en último término, por un asalto a una institución de importancia crítica: la prensa libre, que hoy en día parece que, en gran medida, ha sido intimidada por el poder desmesurado del gobierno, para no llegar a mencionar que existe una explícita intimidación de y cooptación en los medios de comunicación de la corriente principal.
Si se permite que continúe este asalto a las instituciones de la India, el público podría perder toda su confianza en el sistema en su conjunto. Esto llevaría a sufrir consecuencias incalculables para el activo más valioso de la India: su democracia.
Shashi Tharoor, a former UN under-secretary-general and former Indian Minister of State for Human Resource Development and Minister of State for External Affairs, is currently an MP for the Indian National Congress and Chairman of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. He is the author of Pax Indica: India and the World of the 21st Century. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.