Por Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña (EL MUNDO, 13/02/04):
Actualmente me llegan muchos comentarios de carácter personal. Positivos. Incluso laudatorios. Según estos comentarios yo he jugado un papel positivo e importante en el terreno político e institucional español. Dicen que he contribuido a la gobernabilidad y a la estabilidad. Algunos me aplican el calificativo pomposo de «hombre de Estado».
Digo esto como simple recordatorio a los efectos de lo que sigue.Lo digo incluso con un punto de distancia. Tampoco sé cuál es el grado de sinceridad de estas opiniones. Algunas podrían ser parte incluso de mi ceremonia de despedida. Pero recordar esto viene a cuento porque quiero hacer llegar a la clase política y a sectores sociales, intelectuales y mediáticos de España unas reflexiones que pueden no ser bien acogidas por buena parte de sus destinatarios.
Dicho esto, introduzco al auténtico protagonista de esta historia, que es Cataluña (y en muchas ocasiones, de una forma particular, CiU).
Si eran sinceras expresiones como «Cataluña contribuye a la estabilidad» o «CiU actúa con positiva moderación» (o incluso «Pujol tiene sentido de Estado») y si el conjunto de fuerzas políticas de Cataluña (el 90% de sus diputados), y por supuesto CiU, y yo mismo, que durante tantos años hemos procurado contribuir al bien común en el marco de la Constitución, de la solidaridad, del equilibrio y del progreso general, somos ahora muy críticos y levantamos fuertemente el techo de nuestras reivindicaciones políticas, económicas, culturales y de simple reconocimiento, ¿es porque hemos perdido el buen criterio o porque lo que ha evolucionado mal han sido las actitudes de parte de los actores políticos, económicos, académicos y mediáticos de España?
Ahora hay una gran mayoría de catalanes que resueltamente reclaman un nuevo Estatuto y una nueva financiación, y que provocan una muy dura respuesta del Gobierno y del PP, de buena parte del PSOE, de muchos medios de comunicación y, según parece, de muchos ciudadanos de a pie.
Se niegan evidencias como la del gran déficit fiscal de Cataluña, que frena gravemente el desarrollo catalán; se finge ignorar la muy elevada contribución que Cataluña hace al desarrollo español y a la lucha contra los desequilibrios territoriales; se banaliza la insuficiencia de la inversión del Estado en infraestructuras, etcétera. En otro orden de ideas se vuelve a la política de presión cultural y lingüística. Y en cuestión de competencias se impulsa nuevamente una política de retroceso autonómico. Y es que se ha vuelto a un concepto de España en el que todo lo que es distinto y que se ha dado en llamar periférico debe ser gradualmente arrinconado y desvalorizado.
Muchos reclaman altas dosis de solidaridad, pero luego, con total desparpajo, te sueltan que «la solidaridad hay que practicarla sólo con los bienes ajenos». Excepto Cataluña. Lo mismo da que sea dinero, que agua, que capacidad de integración de inmigrantes.Y esto no lo dice gente indocumentada, poco responsable, lo dicen políticos con altas responsabilidades en el resto de España y vinculados a los dos principales partidos españoles.
Lo decía con acierto Duran Lleida, nuestro candidato a las próximas elecciones legislativas y secretario general de CiU, en una carta abierta al presidente Aznar: durante años, Cataluña en su conjunto, y particularmente CiU y el Gobierno de Cataluña, han intentado de forma dialogante, en el marco constitucional y en el de una muy leal y solidaria colaboración al servicio del progreso general español, hacer comprender la injusticia de esta situación y de esta actitud. En ocasiones se consiguieron algunos avances. Por desgracia esto coincidió siempre con épocas en las que los gobiernos españoles -del PSOE y del PP- tenían necesidad de apoyo parlamentario.Cuando iban sobrados y actuaban de acuerdo con su modelo de Estado, el resultado fue casi siempre nulo. Esta forma de proceder -no deseada por el Gobierno de la Generalitat pero a la que no tuvo más remedio que acudir- evidentemente no es buena. De ahí que en más de una ocasión hayamos intentado una negociación a fondo y definitiva al margen de la relación de fuerzas parlamentarias.Sin conseguirlo. La última vez que lo intentamos fue en diciembre de 2001.
Podría pensarse que estas reflexiones mías son algo personal.Pero hay varios hechos objetivos, no personales, que van en la misma dirección. Uno es que el 90% del electorado catalán reclama abiertamente un nuevo Estatuto y una nueva financiación. Hay en Cataluña una cierta exasperación; los catalanes consideran muy injusto el trato que reciben. Otro hecho objetivo es que por sus conductos propios la sociedad civil -desde los empresarios hasta los sindicatos pasando por el mundo de la cultura- lo reclaman también. Otro es que esta reivindicación va a tener a partir de ahora repercusión en el conjunto de España. Repercutirá sobre el sistema autonómico. Y sobre aspectos de la política española no propiamente autonómicos.
Parece que fuera de Cataluña causaron sorpresa las elecciones catalanas y sobre todo su posterior desenlace. Por supuesto que personalmente soy crítico con la formación del Gobierno encabezado por los socialistas. Creo que no responde a lo que era el mensaje del electorado. Pero esto es, o debería ser, una cuestión interna catalana. En cualquier caso, lo sucedido sólo se puede explicar partiendo de un estado de ánimo colectivo de inquietud, alarma y renovada reivindicación.
España debe preguntarse el porqué de todo esto. No debe ni puede refugiarse en respuestas fáciles y estereotipadas. Además, España es en su conjunto un país emergente (todos hemos contribuido a que lo sea) y no tiene por qué tener miedo. Sin correr riesgo alguno puede tener la valentía y la generosidad de analizar el problema con objetividad y espíritu equitativo.
Lo que por prudencia y por espíritu de consenso no se resolvió con claridad a finales de los 70 -es decir, la aceptación clara de que una diferenciada personalidad produce una vocación autonómica también diferenciada- debe ahora afrontarse sin subterfugios.No se puede seguir acudiendo a abusivas y a veces insinceras apelaciones a la solidaridad. No se puede seguir haciendo oídos sordos cuando Cataluña dice y demuestra que -después de sumado y restado todo, es decir, inversiones directas, déficit fiscal, ventajas derivadas de la capitalidad, aportaciones privadas en enseñanza, sanidad, infraestructuras, etcétera- es, como dicen los especialistas europeos, la región europea peor tratada desde el punto de vista de la financiación. No se puede seguir con la ficción de ignorar que todo esto tiene una repercusión muy negativa también sobre el trato que reciben los ciudadanos. Ni tampoco se puede pretender ningunear la personalidad propia de Cataluña en lo político, lo lingüístico y lo cultural.
Ni los grandes partidos ni gran parte de la opinión pública española se han dado cuenta (o han hecho como que no se daban cuenta) de hasta qué punto Cataluña entera ha sido un factor de progreso, de estabilidad, de consolidación para el conjunto de España y de la democracia. Y especialmente ha desempeñado este papel positivo el nacionalismo catalán, que en general -y sobre todo el de CiU- ha tenido por una parte vocación integradora Cataluña adentro y por otra de positiva involucración en España. Y esto es tan así que uno de los objetivos prioritarios de la política española de los próximos años, sea cual sea el resultado de las elecciones próximas, va a ser -como decía recientemente un prestigioso profesor de Derecho Constitucional, no catalán- ver cómo se reintegra el nacionalismo mayoritario catalán en el juego político español (y también cómo se recupera el diálogo con el nacionalismo democrático vasco). Objetivos nada fáciles, porque el PP lo ha puesto más que difícil y el documento de Santillana del PSOE sobre la autonomía es inconsistente. Las tesis que en él se exponen representarían una involución autonómica, por lo menos para Cataluña.
Y añadía el citado profesor que durante los últimos años «el sistema político español ha perdido buena parte de la capacidad integradora que había tenido a lo largo de sus primeros 20 años de vida. La última legislatura ha sido, desde esta perspectiva, desastrosa. El esfuerzo para recomponer el entendimiento deberá ser enorme».
¿A quién corresponde hacer este esfuerzo? También a Cataluña, por supuesto. Pero no sólo a Cataluña. Ni, esta vez, sobre todo a Cataluña. La responsabilidad muy principal de esta herencia de tan difícil gestión no es suya.