Millones de guatemaltecos y guatemaltecas, como Romelia García, se ven atrapados en el dilema de migrar o seguir en la constante agonía que es la pobreza extrema. A sus 30 años no conoce nada más. En febrero, cuando la conocí en una pequeña aldea de Chiquimula, al oriente de Guatemala, las reservas de sus cosechas de maíz estaban a punto de acabarse. Hambrienta y con siete meses de embarazo, junto con sus cuatro hijos enfrentaba la temporada del “hambre estacional” —que abarca de marzo a septiembre y afecta a 23% de la población— sin ayudas del gobierno. Que exista un fenómeno calendarizado de la hambruna es el ejemplo más absurdo y claro de cómo se normaliza la miseria en Guatemala y de que los desastres más grandes no son los naturales, sino los estructurales. Las sequías y tormentas de las últimas décadas solo agravan la crisis económica y social del país centroamericano.
La tormenta tropical Julia azotó América Central y el 10 de octubre llegó a Guatemala. Dejó al menos 30 muertos en la región y 15 en este país, donde también colapsó casas, cultivos, carreteras y puentes y, en tan solo 48 horas, afectó a más de 850,000 personas, según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Eso es casi 5% de la población.
Si bien la historia dice que las tragedias pueden ser el motor de grandes cambios sociales y una oportunidad de buscar soluciones a los problemas estructurales, en Guatemala no es así. La política de Estado no busca cambiar las condiciones de vulnerabilidad, solo responde cuando ya ocurrió la emergencia con medidas paliativas como albergues, víveres y subsidios. Así lo ha hecho previamente ante otros desastres naturales como los huracanes Eta e Iota en 2020, y ahora la tormenta Julia. Todas las medidas son temporales y, por ende, inefectivas a largo plazo. Además, existe un hábito curioso en el Congreso de aprobar estados de calamidad que dan vía libre a gastos de fondos públicos sin control.
Por eso, nada cambia. Romelia, si tuviera los medios para hacerlo, buscaría migrar sin papeles a Estados Unidos como lo hacen cada año miles de personas. No existe un registro que documente cuántas mujeres, hombres, niños y adolescentes migran de Guatemala, aunque sí hay dos indicadores que ofrecen una idea de la magnitud: las deportaciones y las remesas que entran al país.
En los últimos 10 años, más de 825,541 personas fueron retornadas desde México y Estados Unidos, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. De nuevo, casi 5% de la población. Las cifras saltan en 2014 y 2015: de menos de 80,000 personas retornadas en 2013 hasta alcanzar 109,000 en 2015.
Justo en 2014 comenzó una canícula severa que golpeó América Central y causó una crisis alimentaria grave entre los pequeños productores. Se extendió hasta 2015 que, además, fue el primer año del período más cálido de la historia, según la Organización Meteorológica Mundial.
Por otro lado, están los millones de guatemaltecas y guatemaltecos que alcanzaron su destino y envían apoyo económico a sus familias. En 2020 eran más de 3.4 millones solo en Estados Unidos y en la última década sus remesas se han triplicado. El Banco de Guatemala reportó en 2013 el ingreso de 5,105 millones de dólares, mientras para 2021 el total fue de 15,295 millones.
Migrar es lo único que podría cambiar el futuro de Romelia y el de sus hijos, a los que tiene que racionarles la comida lo más que pueda. Pero Romelia, como otros 4.6 millones de guatemaltecos en situación de inseguridad alimentaria, viven en un abismo tan profundo que ya ni la migración es una opción. No tienen ni para comer, mucho menos para pagar los cinco dólares de un bus que les permita unirse a las caravanas migrantes, o para comprarse zapatos o una mochila.
La migración ahora es un privilegio de las personas que tienen familiares en Estados Unidos y que pueden pagar a un coyote. O bien, para las familias que tienen un terreno para empeñarlo. Pero Romelia es una de las miles de personas que, con cada tormenta o desastre natural, tendrá más necesidad de irse pero menos recursos para hacerlo.
Lo que sucedió con Julia ya había pasado en noviembre de 2020 con Iota y Eta, que dejaron al menos 200 muertos —60 en Guatemala—, destrucción de casas e infraestructura, y miles de desplazados. Las tormentas tal vez sean imposibles de prevenir, pero sus efectos pueden ser mitigados con datos y acciones. La Conred elaboró una lista de más de 10,000 puntos de riesgo de inundaciones y derrumbes a nivel nacional. Es decir, el gobierno guatemalteco tiene desde ya la posibilidad de plantear soluciones en los puntos donde hay vidas que corren peligro. El problema es que además de voluntad, requiere inversión.
Una de las regiones más afectadas en 2020, al igual que esta vez por Julia, fue Alta Verapaz. Cuando llegó la tormenta, las familias Poqomchí de la aldea Quejá aún estaban a la espera del apoyo del gobierno para la reconstrucción de la parte de la aldea que había quedado soterrada por un alud dos años atrás. Mientras tanto, fueron reubicadas “temporalmente” en el terreno donde antes cultivaban maíz para consumo propio que nombraron Nueva Quejá.
Allí viven aún en pequeñas casas de madera, solo que ahora tienen menos tierra para cultivar. Ante la desesperación, la falta de alternativas y respuesta de las autoridades, unas 50 familias decidieron regresar a la aldea destruida. Hoy, la enorme masa de montaña que absorbió sus viviendas y donde aún permanecen por lo menos 50 personas, forma parte de la única vía para entrar a la aldea.
Ahí están los escombros de la casa que Maynor Gualim construyó para su familia. Para él, la migración siempre fue un “mal necesario”. Migró a la Ciudad de Guatemala donde trabajó como guardia de seguridad privada, por menos del salario mínimo, para construir la casa que perdió, y ahora contempla migrar a Estados Unidos para construir otra casa para su familia. Los lugares seguros son más costosos, por eso está dispuesto a dejar a sus hijos.
¿Qué viene después de la tormenta? ¿La calma? En Guatemala lo que viene es más de lo mismo; la crisis permanente y cotidiana que afecta a la mayor parte de la población. Más indiferencia por parte del Estado. Eventos como el de Julia empujan a las familias en mayores condiciones de vulnerabilidad hacía nuevos extremos de hambre, pobreza y desplazamientos, mientras en sectores más privilegiados la vida sigue igual.
Si los gobiernos son indiferentes, la población debe exigir consciencia, acciones, humanidad. Vendrán más tormentas y más sequías. Muchas serán más intensas por los efectos del cambio climático y las tragedias serán mayores. Pero aquí no cambió nada. Porque todas y todos sabíamos, y no hicimos nada.
Pia Flores es periodista, antropóloga y feminista en Guatemala. Es socia fundadora del medio independiente ‘Quorum’.