Acertar con la política fiscal

En estos días despedimos 2016 con brillantes resultados económicos. No se tienen aún las cuentas del último trimestre pero ya se pronostican para ese periodo aumentos del PIB que aseguran que 2016 será también un año muy positivo, con un crecimiento de la producción que alcanzará tasas del 3,2 o 3,3%, parecidas a la de 2015 (3,3%). Además, nuestras exportaciones superarán a las importaciones, lo que no había ocurrido desde 1997 hasta 2012, en que la balanza de bienes y servicios vuelve a ser positiva. La formación bruta de capital (la inversión) probablemente se eleve hasta el 20% del PIB, porcentaje algo superior a la media de los países del Eurogrupo.

También 2016 será un año bastante bueno para el empleo pues, mientras que en 2015 se emplearon unas 450.000 personas más, en 2016 probablemente el aumento del empleo será de más de 500.000. Es decir, que con sus exportaciones de bienes y servicios España cubrirá sobradamente sus importaciones, con un exceso de unos 20.000 millones de euros; que el fuerte ritmo de sus inversiones permite confiar en crecimientos futuros de nuestra economía y que se está creando empleo en cifras muy elevadas. Unos datos que han permitido concluir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en su reciente examen que «la economía española ha continuado con su impresionante recuperación y su vigorosa creación de empleo». Este alto organismo reconoce así el gran esfuerzo que el pueblo español ha hecho para ir superando la crisis y la sensatez de la política económica aplicada por su Gobierno en estos últimos años.

La situación de las administraciones públicas no está tan definida como la de la economía porque sus datos en términos de cuentas nacionales se limitan hoy a la primera mitad de 2016 y sin esas cuentas, cuya metodología garantiza la razonable comparabilidad de las cifras, resulta arriesgado avanzar un pronóstico para todo el año. Habrá, por tanto, que esperar a las cuentas del sector público en el tercer trimestre para hacer estimaciones mejor fundamentadas. Avancemos que, en comparación con el primer semestre de 2015 y en relación al PIB, los datos del primer semestre de 2016 señalan una disminución relativa de los ingresos por el impacto inicial de la reforma fiscal, así como otra más moderada de los gastos, aspectos que probablemente se cambiarán en el segundo semestre, como ha venido sucediendo en pasados ejercicios. Por eso el Gobierno confía en cumplir el compromiso de déficit público en 2016 (4,6% del PIB) y también en 2017 (3,1%).

Respecto a 2017 las perspectivas son más moderadas pues, aunque seguiremos a la cabeza de los países desarrollados, la tasa más probable de crecimiento del PIB será del 2,3% aunque dependerá de la política económica que se aplique. En esa política se encuentran, por tanto, las claves del futuro. Así, si se aumentase el gasto en las cuantiosas cifras que algunos pretenden, el déficit público crecería y volveríamos a necesitar de fuertes y dolorosos ajustes para equilibrar las cuentas públicas, con graves riesgos para el crecimiento de la producción e importantes caídas en el empleo. Del mismo modo, si se derogase la reforma laboral, volviendo al marco de relaciones laborales anterior a esa reforma, comprometeríamos muy seriamente el crecimiento del PIB y, como consecuencia, se producirían efectos muy negativos sobre el empleo. Eso no significa que la política económica actual no pueda ser alterada. Algunos cambios, sin constituir «enmiendas a la totalidad» de esa política, han sido recomendados incluso por el FMI en su reciente informe. Las «enmiendas a la totalidad» se propugnan sólo por quienes intentan, quizá a la desesperada, borrar el pasado inmediato y recuperar épocas anteriores afortunadamente superadas hoy.

Una oposición cerrada a la reforma laboral se ha visualizado nítidamente en la reciente votación del Congreso para derogarla, pese a sus excelentes resultados respecto a la creación de empleo. Quizá se parta de la falsa premisa de que aprobando una ley de empleos estables y de calidad bastará para que esos empleos fluyan abundantemente. Se olvida o se desconoce que los empleos estables surgen sólo cuando aumenta la producción y dentro siempre de las posibilidades que permita ese crecimiento, pero no a golpes de boletín oficial. También que muchas de las viejas condiciones laborales no son ya viables en economías, como la española, cada vez más globalizadas, aparte de que casi siempre resultará mejor un empleo algo peor que la penosa situación de un desempleado. Los buenos empleos siguen existiendo hoy e, incluso, serán más abundantes en el futuro que lo fueron en el pasado, pero para eso necesitaremos que la nueva revolución tecnológica termine de desarrollar sus inmensas potencialidades y que nuestra fuerza laboral se adapte a ella con nuevos conocimientos, nuevas capacidades y nuevos estilos de producción. Así ha ocurrido en todas las revoluciones económicas del pasado.

Otro aspecto destacable de la oposición a la actual política económica se deriva del frecuente olvido de que estamos dentro de una moneda única con reglas que obligadamente tenemos que cumplir. Tales reglas, pese a imponer limitaciones evidentes, han coadyuvado de forma notable a la «impresionante» y «vigorosa» recuperación económica de que habla el FMI. También muchos de esos planteamientos se derivan de ideas atrasadas en política fiscal, porque hace casi medio siglo se solía pensar que los impuestos que recaían sobre la renta al ingresarse (los directos) eran buenos y los que giraban sobre la renta al consumirse (los indirectos) eran malos de solemnidad. Las nuevas ideas sobre la imposición, que muchos desconocen o no quieren aceptar, están demostrando justo lo contrario. Los impuestos muy progresivos sobre la renta (impuestos con varios tipos crecientes de gravamen) atacan con violencia los incentivos para trabajar, ahorrar y asumir riesgos, frenando el crecimiento de la producción y del empleo, mientras que los proporcionales sobre el consumo (de un solo tipo de gravamen) no resultan tan perjudiciales, especialmente si son, como debería ser nuestro IVA, neutrales respecto a los precios incidiendo sobre todos con el mismo tipo de gravamen. Además, las exportaciones saldrían muy beneficiadas con un cambio parcial y limitado entre directos e indirectos. Ésa fue una de las recomendaciones formuladas por la Comisión para la reforma fiscal que presidí no hace mucho y la que ahora reitera el FMI en su informe, aunque con algún error, en mi opinión, respecto a los sectores a que debería afectar la unificación de tipos en el IVA. El Gobierno, al reducir las tarifas del impuesto sobre la renta, se ha movido parcialmente en esa dirección, pero aún queda mucho por andar. Bueno sería que ese camino se recorriese pronto, especialmente porque los crecimientos del PIB y del empleo en 2017 serán menores y los precios no presionan demasiado sobre el consumo.

Una parte de nuestro crecimiento en 2016 se ha debido a la rebaja de tarifas en el IRPF. Sin embargo, las viejas ideas fiscales siguen manteniendo que los impuestos directos muy progresivos son más deseables porque los indirectos proporcionales perjudican una distribución equitativa de la renta, olvidando dos hechos importantes. El primero, que usar los impuestos directos, no ya para distribuir con justicia su propia carga sino con la idea de cambiar significativamente la distribución personal de la renta forzando su progresividad, constituye un auténtico dislate, porque esos impuestos no tienen entidad recaudatoria suficiente para lograrlo y, además, al elevar su progresividad sobre la de otros países generarán salidas de contribuyentes por la frontera -legítimas en un mundo abierto donde no es delito cambiar de residencia- induciendo menores deseos de trabajar, ahorrar o asumir riesgos en aquellos desafortunados que no tengan más remedio que permanecer en el país. El segundo, que la distribución personal de la renta se mejorará mucho más con gastos asistenciales suficientes y con una educación que conceda igualdad de oportunidades que con impuestos, si se adecua la financiación de esos gastos a las reglas impositivas que acaban de exponerse. Todo lo demás casi sobra, incluidas las cuantiosas exenciones, reducciones y regímenes especiales que sitúan a los impuestos progresivos a mucha distancia de la ingenua idea que algunos conservan de ellos.

Manuel Lagares es Catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *