El anuncio de una discreta subida de ciertos impuestos, que representa alrededor del 1% del producto interior bruto, se ha convertido en un nuevo y potente motivo de discordia, en el elemento central de la vana polémica que mantienen los dos grandes partidos sobre las mejores estrategias para remontar la crisis, en el argumento frívolo de la gran confrontación.
En principio, podría parecer lógico y hasta estimulante que PP y PSOE cumplan los respectivos roles que les atribuyen los correspondientes tópicos. Los socialdemócratas deberían ser propensos a subir impuestos, los sedicentes liberales a bajarlos. Sin embargo, y en contra de lo que parece, no estamos ante un debate coyuntural relacionado con la salida de la crisis: por desgracia, el problema ya no es en España exclusivamente ideológico: lo que ocurre es que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha provocado un crash del sistema fiscal español, que ya no es capaz de sostener al Estado si no se procede a una reestructuración del mismo.
El pasado mes de septiembre se celebró en Málaga el Simposio Internacional sobre Sistemas Fiscales, organizado por Funcas y Unicaja, y que bajo el título Tax Systems: Whence and whither (Sistemas fiscales: de dónde y a dónde) convocó a una cuarentena de especialistas, en buena parte catedráticos de Hacienda Pública. Los ponentes fueron seleccionados entre los expertos internacionales más reconocidos en temas de fiscalidad. Y en lo tocante a nuestro país, la conclusión más llamativa fue que el creciente déficit público no es un problema coyuntural derivado de una crisis cíclica, capaz por tanto de desaparecer espontáneamente cuando la recesión haya concluido: estamos ante un problema estructural de gran envergadura, provocado por el hecho evidente de que el sector de la construcción residencial, que representaba una parte muy sustancial del PIB y aportaba una fracción notable de los ingresos públicos a las haciendas de las tres administraciones, no recuperará jamás la dimensión anterior a la crisis. En consecuencia, y como ha declarado Ángel Laborda, economista jefe de la Fundación de las Cajas de Ahorros, nuestro sistema fiscal ha dejado de poseer el atributo de la suficiencia: «El sistema se ha quedado bloqueado, incapacitado para funcionar».
El deterioro de las cuentas públicas se está produciendo, además, a gran velocidad. En el actual ejercicio, los expertos no cuentan con que el déficit público baje del 12,5% del PIB, es decir, de algo más de 120.000 millones de euros; y la deuda pública, que estaba en el 40% en el 2008, subirá este año hasta el 55% y superará el 63% en el 2010.
Esta situación catastrófica no es por tanto consecuencia de que el Gobierno haya emprendido una desaforada carrera de gasto: se debe a que nuestro sistema económico, en el que se ha paralizado un sector (además de la caída general de la actividad), ha dejado de ser capaz de recaudar los recursos necesarios para mantener al Estado.
La insuficiencia de medios afecta también, evidentemente, a las comunidades autónomas y a los entes locales, que han perdido una de las grandes fuentes de ingresos, la proveniente del urbanismo en sus diferentes facetas (plusvalías, licencias de obras, etcétera). Hay, pues, una paradoja en la actitud de Rajoy, que se pone al frente de sus autoridades locales para reclamar del Estado más recursos al mismo tiempo que se niega sistemáticamente a subir impuestos, es decir, a resolver el problema suscitado por el hundimiento de la fiscalidad aplicada a la actividad inmobiliaria.
En estas circunstancias, que conviene divulgar con transparencia para que la opinión pública sepa lo que ocurre, la necesidad de revisar el sistema fiscal es clara, y había que empezar a hacerlo cuanto antes si no queremos que el edificio estatal se hunda por el fallo de uno de sus grandes pilares, lo que nos convertiría en insolventes en los mercados financieros. Las acciones requeridas son dos. Por un lado, es necesario reconstruir en cuanto sea posible el sector de la construcción residencial, que nunca más representará cerca del 9% del PIB ni ofrecerá más de 750.000 viviendas anuales, como antes del estallido de la burbuja. Sí es necesario en todo caso resolver el problema suscitado por un estoc de un millón de viviendas invendidas –lo que requerirá una caída todavía mayor de los precios– e impulsar la resurrección de una industria que cuando alcance su velocidad de crucero deberá atender una demanda anual que no superará los 350.000 pisos. El presidente del Gobierno anunció por primera vez en el debate del 9 de septiembre la implementación de un plan en esta dirección.
De otro lado, la mengua de ese sector inmobiliario, que provoca una caída de la recaudación fiscal, obliga a un reajuste tributario que evite el crash inapelable que se produciría si no se reaccionase a tiempo. A todas luces, el Gobierno ha tratado de combinar con eclecticismo la persistencia de las acciones de estímulo –como ha recomendado el G-20– con un modesto incremento de los ingresos públicos que mitigue el déficit. Se podrá opinar sobre la oportunidad de la medida –el aplazamiento del IVA a julio del 2010 es estimulante hasta entonces–, pero no se trata como se ha dicho de una decisión disparatada.
Antoni Papell, periodista.