Defensa del deporte

Este martes representaré a España en la firma de la convención del Consejo de Europa contra el amaño de partidos. «Preparar o alterar el resultado de algo para engañar a los demás y obtener un beneficio». Ese es el contenido del vocablo amaño, y describe una realidad que desgraciadamente lleva encabezando la agenda del deporte en los últimos años. Afortunadamente, llevamos tiempo trabajando contra un riesgo que ha crecido al calor del enorme volumen de negocio de las apuestas y la facilidad que las tecnologías ofrecen para seguir las competiciones en cualquier lugar del mundo. Este nuevo instrumento incrementará de forma significativa la eficacia de las acciones de formación y vigilancia. En estos dos últimos años hemos visto llegar a los tribunales algunos casos, y mostrar la represión de estas conductas también desincentiva de forma eficaz la comisión de estas agresiones al deporte.

La aportación del deporte a la sociedad es de un enorme valor. La transmisión de los mejores valores, su contribución a la socialización e integración, las sinergias con el sistema educativo o su repercusión en la salud difícilmente pueden encontrar parangón en otra actividad social. Pero al mismo tiempo, ese éxito, también difícilmente comparable con cualquier otra realidad social, es causa de los riesgos que amenazan su integridad. Sin esa atracción, no sería rentable la actividad de las mafias que persiguen lucrarse con las apuestas mediante la predeterminación de los resultados. Salimos al paso de esta amenaza de nuevo cuño, pero también durante esta legislatura hemos fortalecido vigorosamente la defensa frente al resto de factores que pretenden desvirtuar los genuinos valores del deporte. Una nueva ley que nos garantiza una Agencia Antidopaje autónoma, suficientemente dotada de medios económicos y plenamente acorde a los parámetros de las convenciones internacionales, ha rescatado a nuestro deporte de cualquier ámbito diferente al del liderazgo en esta materia. Cooperamos con los países más avanzados y hemos garantizado la pervivencia de dos laboratorios acreditados en España, algo que ocurre sólo en tres países del mundo.

La sostenibilidad del deporte profesional era su asignatura pendiente. Pérdidas millonarias, recurso reiterado a las normativas concursales, impagos como moneda continua… La resonancia que tiene el fútbol en nuestro país nunca más debe servir de excusa para la inacción de los poderes públicos. La transparencia es una demanda ciudadana, condición imprescindible para enjuiciar la actuación del Gobierno, y por eso decidimos publicar las auditorías que los equipos de fútbol nos entregan anualmente. Hemos alcanzado por primera vez el equilibrio financiero, y así se está reconociendo de forma elogiosa en el ámbito internacional. También como hecho inédito en una competición centenaria, este cambio de rumbo ha provocado que la deuda de más de 4.000 millones de euros haya comenzado a reducirse de forma significativa, de la misma manera que sucede con la que mantienen las entidades deportivas con las administraciones públicas. El cambio cultural del fútbol profesional ha culminado, y ahora, con determinación, repudia el camino recorrido durante tantas décadas y hoy felizmente abandonado.

Este nuevo panorama, del que ha sido colofón la regulación de la venta centralizada de los derechos televisivos, ha conducido a que aparezca el interés por invertir en el fútbol de nuestro país por parte de inversores de verdad, como las franquicias del deporte profesional estadounidense. Por fin vemos la misma realidad que envidiábamos de los países de nuestro entorno, y han desaparecido las malas experiencias de los pretendidos «inversores» de épocas anteriores, y de los que tan amargas experiencias pueden contar aficionados de no pocas ciudades españolas.

Este esfuerzo de gobernanza hace falta a todos los niveles. Hemos visto con el caso de la FIFA que el problema al que se enfrenta el movimiento deportivo en este punto es global. Afortunadamente, una inmensa mayoría de las federaciones españolas han dado una lección de austeridad en estos años de crisis, y tampoco aquí sirve de excusa el revuelo que puede seguir al enfrentamiento con una organización de esta naturaleza cuando sus prácticas contraríen los estándares éticos que exigen los ciudadanos. El mérito del mundo del deporte, que ha atravesado estos duros años de crisis sin que se resientan los resultados en las competiciones internacionales, se ha asentado en buena medida sobre sus generalizadas buenas prácticas en la utilización de los recursos disponibles.

Revive la amenaza del uso político del deporte. El régimen de libertades del que disfrutamos había desterrado hace muchos años esta práctica tan impropia de una democracia, pero desgraciadamente hemos asistido en las últimas semanas a acontecimientos condenables sin paliativos. Corresponde aquí al Gobierno combatir estas prácticas, que dañan tan gravemente la imagen de las instituciones públicas y privadas que las alientan. De la misma manera que hemos conseguido desterrar la violencia de nuestros estadios tras los acontecimientos del pasado 30 de noviembre, evitando el uso del deporte al servicio de grupos violentos, ganaremos esta batalla contra quien pretende convertirlo en un panfleto político.

Preservar la identidad del deporte, sus valores, no es una injerencia en el mundo deportivo. Es una obligación del Gobierno, que debe proteger los beneficios que la sociedad y los ciudadanos recibimos de él. No cejaremos en esta amable obligación.

Miguel Cardenal, presidente del Consejo Superior de Deportes.

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