Una de las satisfacciones más grandes que he tenido a lo largo de mi vida ha sido el poder disfrutar con mi familia del medio rural los fines de semana y vacaciones y el haber gestionado algunas empresas agroalimentarias.
Los problemas del campo no cuentan con el interés y empatía de la población urbana, que es la que fija las directrices políticas, más bien son recibidos con poco reconocimiento del duro trabajo realizado, prepotencia y, a veces, hipocresía.
No debiera ser así, pues el campo es nuestra tierra, regada por lluvia y ríos, que, trabajada con ingenio por el hombre, nos alimenta. Las técnicas ancestrales forestales, de la ganadería, la agricultura, la caza, la apicultura, etc., son nuestras raíces culturales. Es importante conocer el origen y el proceso de elaboración de nuestros alimentos.
Una de las críticas que recibe el sector es que recibe subvenciones de la Unión Europea. Estas se deben a varios objetivos:
1/ Es un sector estratégico, que hay que mantener activo, para evitar una dependencia total del exterior, pues una crisis que impidiera el comercio mundial podría conllevar riesgo de desabastecimiento y, sin esas subvenciones, la mayoría de las explotaciones agrícolas serían deficitarias y cerrarían.
2/ La población rural frena la despoblación de muchos núcleos de la España vaciada, que tienen un importante valor cultural y de protección del patrimonio histórico, así como de ayuda a la conservación del medio ambiente de la comarca.
3/ Hay que dinamizar y modernizar tecnológicamente nuestra industria agroalimentaria para poder competir en calidad, con productos más baratos que importamos de terceros países donde la normativa medioambiental especialmente de fitosanitarios y la laboral es mucho más permisiva que la nuestra, por lo que tienen unos costes de producción mucho más bajos debido, sobre todo, al coste laboral. Unos productos que nos llegan al supermercado con unos aranceles en reducción, por los acuerdos suscritos con la Organización Mundial del Comercio.
El sector se queja del bajo precio de los productos agrícolas y ganaderos en origen, pues muchos de ellos se han mantenido prácticamente estables durante los últimos 50 años, a pesar del encarecimiento en la maquinaria, el gasoil, la electricidad o la mano de obra. Esto se debe a que para frenar la inflación en la cesta de la compra el Ministerio de Economía siempre ha intentado contener estos precios. Los agricultores piden precios mínimos, la compra pública de los excedentes, como se hacía hace años, y tener más información sobre los precios añadidos a los productos a lo largo de la cadena hasta el consumidor (mercados, lonjas y mayoristas) dado que el precio que pagamos los consumidores es entre 5 y 10 veces lo pagado al agricultor.
Otras quejas, muy razonables, son debidas al intervencionismo del Estado y la Unión Europea, que imponen excesivas cargas regulatorias, administrativas y burocráticas a los agricultores y ganaderos. Es asfixiante el papeleo, el control de la actividad y la falta de libertad empresarial. La administración desconfía de la iniciativa privada, casi todo: poner una valla, cortar un árbol, comprar un semental, exige autorizaciones, a veces denegadas, aunque redundarían en un incremento de la producción.
Hay, además, incomprensión e incluso enfrentamiento existente entre los ecologistas y la gente del campo sobre cómo ha de gestionarse el medio rural. Es una paradoja que se imponga el criterio de un ecologista «urbanita» al de los agricultores y ganaderos que viven en el campo y son los que lo entienden mejor. Los verdes tienen una fuerza de movilización enorme. A través de medios de comunicación, comunidad científica y empresas, están alarmando a la población sobre el cambio climático, condicionan la política, recibiendo subvenciones y aprobando sus objetivos en la agenda 2030, que dirigirá nuestras vidas futuras.
Cada vez son más elevados los costes abonados por los agricultores europeos para el ahorro energético del mantenimiento de la biodiversidad y la protección medioambiental, obligando a la modernización de regadíos y maquinaria y a las labores sostenibles, prohibiendo los transgénicos y fertilizantes agroquímicos. Los ganaderos sufren muertes de sus rebaños por la protección de lobos, osos y zorros, estando las cabañas ganaderas sometidas a un rígido control estatal. Se están demoliendo presas e impidiendo trasvases, que son necesarios para garantizar el suministro de agua a las ciudades y los regadíos, especialmente en países secos como España, uno de los países del mundo que hace un uso más eficiente del agua.
Nuestra generación ha visto el planeta «pequeño» desde el espacio. Es comprensible y bueno que la humanidad esté sensibilizada por la fragilidad de nuestro ecosistema y que estemos preocupados por saber adaptarnos, a la velocidad necesaria, a los cambios de sequía y calor que lo amenazan.
Pero los verdes más radicales pretenden revertir la obra de domesticación del planeta, realizada durante milenios, para devolvernos a una naturaleza virgen, que supone una regresión y se le culpa al hombre exclusivamente como depredador y contaminador de la naturaleza, cuando en ella intervienen más factores.
La ideología verde y la «cultura bambi» tienen mucho de panteísta y algo de ingenua. Sitúa al hombre en igualdad con respecto al resto de la naturaleza: bosques, peñas, ríos, animales. Nos quieren convencer de que no nos es lícito servirnos de la naturaleza, que no matemos, pero seguir comiendo carne.
Hay otras formas de enfocar el calentamiento global. No somos sólo animales. Han perdido la conciencia cristiana, no creen que el hombre tenga la misión de administrar el planeta con eficacia y sostenibilidad como, por otra parte, con algunos excesos y errores, venimos haciendo desde hace milenios: abriendo caminos de comunicación, desaguando y desecando zonas pantanosas para trasvasar el agua que sobra a donde es necesaria, explotando los recursos minerales, vegetales y animales, seleccionando lo aprovechable, limitando lo prescindible.
El cambio es consustancial con la geología, no hay un solo equilibrio ecológico en la Tierra, este está en perpetua mutación y la naturaleza ha tenido una enorme capacidad de regeneración y reequilibrio.
La naturaleza está al servicio del hombre y no al revés. Es razonable que el Estado vele para que esa explotación de los recursos se haga de forma sostenible pero no debemos frenar el desarrollo y el progreso por miedo o apego. El desarrollo sostenible debe conciliarse con mejorar las condiciones de vida de la humanidad.
Confiemos y demos más facilidades a los que entienden: agricultores, ganaderos, pastores, cazadores, leñadores, simplifiquemos las trabas burocráticas. Seguro que su buen trabajo, junto con la investigación, la tecnología y la ciencia nos permitirán adaptarnos a las nuevas circunstancias y seguir disfrutando de nuestro medio rural algún milenio más.
Guillermo Perinat Escrivá de Romaní es administrador único de SOTOMEJOR SL (empresa agroalimentaria).