El caso Pujol, un asunto de Estado

El 25 de julio Jordi Pujol Soley lanzó una bomba atómica con su oscura confesión de la existencia de unas cuentas familiares ocultas en Andorra durante más de tres décadas. Pese a estar a las puertas del gran éxodo vacacional, la declaración del patriarca del nacionalismo conmocionó a la sociedad y colocó en el punto de mira el proceso político catalán y al partido que Pujol fundó, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Aparentemente, la admisión del pecado circunscribía el perímetro del terremoto a Pujol y los suyos, entendiendo por estos últimos tanto su familia personal como la política. Pero menos de dos meses después, el caso Pujol se ha desvelado como una auténtica cuestión de Estado, el último episodio que así lo pone de manifiesto son los SMS entre María Victoria Álvarez, la examante del hijo mayor del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, y Jorge Moragas, el jefe de gabinete del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, en los que el alto cargo animaba a su interlocutora a denunciar al hijo mayor del expresident. Los jueces no son la única mano del Estado que mece la cuna del caso.

La confesión de Pujol, cuyo efecto desmovilizador ha sido a la vista de los hechos escaso, en contra de lo que soñaron muchos en Madrid y unos pocos en Barcelona, ha sido acogida con incredulidad por la mayoría social, que no se cree que el origen de los cuatro millones de euros aflorados proceda de un legado familiar oculto en Suiza desde los años ochenta y piensa que la corrupción es su explicación más verosímil.

Los tribunales y Hacienda están sobre el asunto y mañana mismo tendrá lugar la primera declaración ante el magistrado Pablo Ruz del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional del implicado que ha dado origen a todo, Jordi Pujol Ferrusola, denunciado por su examante y por Javier de la Rosa Martí, el exvicepresidente de Torras-KIO en los años ochenta, multicondenado a varias penas de prisión en Barcelona, Madrid y Londres por dos de los mayores fraudes de la historia económica española; empresario ejemplar de Pujol padre.

En ningún lugar se vivirá esa declaración con más desamparo que en la sede del partido que ahora ocupa la presidencia de la Generalitat en la persona de Artur Mas, CDC. Al frente del mismo se encuentra una nueva generación encabezada por el nuevo coordinador, Josep Rull, un equipo que no vivió la anterior fase de Gobierno de Pujol, finiquitada en el 2003, y que no dispone del libro de códigos para descifrar lo ocurrido entonces. El único puente entre ese pasado y la actualidad es el propio Mas, que ocupó diversas consejerías en los gobiernos de Pujol, desde la de Obras Públicas a la de Economía para acabar siendo conseller en cap. Pero Mas ha adoptado la actitud de la esfinge. El propio Rull ha explicado en los pasillos de la embargada sede del partido que en la mañana del crítico 25 de julio el presidente simplemente le anunció que “Pujol nos va a dar un disgusto esta tarde”. En honor a la verdad debe dejarse constancia de que tampoco Mas tenía mucha más información. Pujol le dio apenas detalles sobre la bomba que llevaba plegada en el bolsillo de su chaqueta cuando fue a informarle a las 8,30 h de aquella mañana de lo que iba a hacer por la tarde de ese viernes.

Desde entonces las dos partes, la familia Pujol y el partido, han actuado cada uno por su cuenta y en función de sus intereses, judiciales los primeros, políticos el segundo. El equipo jurídico de los Pujol, encabezado por los letrados Cristóbal Martell y Alberto Carrillo, en España, y Joan Miquel Rascagneres, en Andorra, se ha enclaustrado las últimas semanas preparando la declaración de mañana, pero sin mantener ningún contacto con la sede de la calle Còrsega, donde Convergència tiene su cuartel general. Igual ha sucedido con el sainete de la comparecencia de Pujol padre en el Parlament de Catalunya, fijada para la próxima semana. Pese a la expectativas, cuando el patriarca acuda al parque de la Ciutadella aseguran las fuentes consultadas, se limitará a recitar la confesión de julio, pues seguirá alegando que una vez muerto su padre, Florenci, y nombrado el aún no desvelado administrador del dinero legado a su esposa Marta y sus siete hijos, él se desentendió del asunto y no supo, por propia voluntad, nada más.

Los abogados de Pujol Ferrusola han adiestrado a su cliente para que mañana responda a las preguntas del juez y el fiscal aportando toda la documentación disponible y creen que eso desmontará los informes de la Unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF), sobre cuyos informes se asienta la imputación del juez por blanqueo y delito fiscal.

Pero el temor en CDC no reside tanto en esas operaciones, la gran mayoría de las cuales se produjeron cuando el partido ya estaba fuera de la Generalitat y el Govern era del tripartito o afectan a Ayuntamientos de otros partidos, como el socialista de Palamós. Las peligrosas aventuras de Pujol júnior son conocidas por muchos en Catalunya, especialmente en el ámbito empresarial, y hay abundantes episodios que atestiguan sus intentos de mantener una línea de financiación propia, paralela a la del partido, incluso cuando CDC ya no gobernaba, como sus propios dirigentes saben. Muchos en CDC consideran que por eso el caso Ferrusola es un peligroso artefacto sin control.

Y aquí vuelve a aparecer la activa implicación de determinados aparatos del Estado. La denuncia de inquietantes personajes como De la Rosa, descareditado para cualquier otra cosa, y de la examante de Pujol júnior, estimulada por Moragas, animada por la presidenta del PP catalán y custodiada entre algodones por la Policía, acabó en el juzgado de Ruz, que las rechazó en diciembre del 2012, hasta que en enero del 2013 la sección tercera de la Audiencia le obligó a darle curso. Desde entonces, la causa apenas progresó hasta que apareció, y no en el juzgado, la famosa transferencia en Andorra desde las cuentas de los Pujol en Andbank a las de la BPA, lo que obligó a la familia a presentar declaraciones de bienes en el extranjero y blindarse de la acusación de fraude fiscal.

María Victoria Álvarez, también acudió a la Oficina Antifrau de Catalunya, que dirige Daniel de Alfonso, y depositó un ordenador y un teléfono móvil son SMS. Antifrau tampoco encontró motivos para seguir la causa y pasó la información al juez Ruz. Posteriormente, a Antifrau se le atribuyó negligencia y falta de interés. Precisamente, después de esas insinuaciones han aparecido los SMS que revelan la intervención de Moragas en el caso.

Movimientos que arrancan en otoño del 2012, en plena campaña electoral en Catalunya, y que coincidieron con la fabricación de informes atribuidos a unidades de inteligencia policial con relatos sobre supuestas actividades de una parte cada vez más amplia de la élite barcelonesa. En su mayor parte son meros refritos de rumores y delirios que mezclan travestismo con culebrones matrimoniales y especulaciones económicas, pero que acaban viendo la luz pública, especialmente en medios digitales y están sembrando el pánico entre amplias capas de la burguesía de la ciudad. Tal vez ese sea su objetivo.

Manel Pérez

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