Por Henry Kamen, historiador. Acaba de publicar Bocetos para la Historia (EL MUNDO, 16/02/06):
La profesión de la prostitución ha sido uno de los aspectos más permanentes de la civilización en todos los países de Europa, pero de ningún modo el más deseable. Nunca ha dejado de generar controversia, y siempre negativa. Poetas, novelistas, moralistas, teólogos e incluso la Biblia han hablado de ella. Pero probablemente donde mejor reflejada ha quedado su tristeza sea en la clásica melodía de Cole Porter Love for sale. La sociedad siempre ha tolerado la prostitución, bajo la suposición de que podía evitar daños peores. Por supuesto, siempre había peores males que combatir.A su lado, la prostitución parecía casi una virtud. Desde un punto de vista sociológico podía parecer más una enfermedad que un daño. La autora feminista Kate Millett comentaba que «la prostitución, cuando no estaba motivada por la necesidad económica, bien podía ser definida como una especie de adicción psicológica».
Cuando los moralistas toman el control en la política, a menudo piensan que pueden remediar el problema. Algunos incluso creen que pueden suprimirlo del todo. Estos días hay moralistas activos en la política española. Una dama catalana, que previamente llevaba una vida tranquila como alcaldesa de la pequeña ciudad catalana de Mollet del Vallès, sustenta ahora el puesto de consejera en la Administración autonómica de Cataluña y ha decidido ocuparse del problema de la moralidad pública en Barcelona. Su propuesta es legalizar la prostitución, limitar su ejercicio a los burdeles, y penalizar la práctica en la calle. Dice: «Quitar la prostitución de la calle no es sólo una cosa que yo crea que es necesaria, sino que así lo cree mucha gente en Cataluña, y lo que pretendemos es precisamente hacernos eco de una demanda popular clarísima».Quizás tenga el apoyo de la demanda popular, pero lo que no tiene es el apoyo de su propio partido y del resto de los principales partidos. Tampoco cuenta con el apoyo de ninguno de los organismos sociales interesados en la cuestión. Por lo tanto se encara a una formidable oposición. Pero, ¿tiene razón? Esta es la cuestión que los diputados en las Cortes tendrán que debatir esta semana.
Empecemos por reconocer que la prostitución es una parte integral de la historia cultural de España. Los que han leído La Celestina o La lozana andaluza sabrán muy bien a lo que me refiero. Deberíamos recordar que Isabel La Católica aceptaba la existencia en sus reinos de la prostitución, e incluso convirtió los burdeles en monopolio del Estado; de ese modo podía grabarlos con impuestos.Nuestros manuales de Historia no explican que la Reina Católica no desdeñaba aceptar los ingresos del impuesto de la prostitución.Pero ella no era la única que aceptaba burdeles. Desde comienzos del siglo XVI, la tendencia de la legislación era restringir y controlar. Un famoso teólogo de la época escribía: «Lícito es a los que rigen, permitir que en alguna parte de la ciudad estén mujeres malas. Lícito es permitir que estas mujeres tengan patronos". En el reinado de Felipe II, ordenanzas del año 1570 imponían reglas a cada burdel, insistiendo en que el director (o arrendador) de cada uno debía responder ante el municipio.De hecho, el imperialismo de Felipe II dependía de la conservación de la prostitución. En 1566, el duque de Alba fue a Flandes con un ejército de 10.000 soldados. Un noble francés que los vio nos dice: «Con el ejército iban 400 rameras cabalgando a vanguardia para capitanes y teólogos, y detrás de estas princesas tan lindas como bravas, iban unas 800 míseras rameras para los goces de la soldadesca». Por lo tanto, la prostitución desempeñaba un papel positivo en la tradición española. En 1565, el famoso santo de Andalucía, San Juan de Avila, casi apologéticamente preguntaba al arzobispo de Granada si los burdeles en Andalucía no podían cerrarse al menos durante la hora de la misa mayor dominical, «pues es tan breve término». La prostitución era una parte tan importante de la vida pública en el Siglo de Oro que un historiador de Sevilla, donde la práctica tomó dimensiones internacionales, escribió: «la prostitución era una parte integral del sistema moral de la ciudad». Un teólogo de aquellos días, Farfan, argüía que la prohibición de la prostitución era mayor daño que la misma prostitución, porque una ciudad sin burdeles animaba a la homosexualidad, al incesto, al acoso a mujeres inocentes, y a un aumento del número de personas viviendo en pecado.
Demos por supuesto que nadie, de momento, quiere ilegalizar la prostitución. Si España siempre la ha aceptado, entonces, ¿en qué términos puede continuar funcionando? Ese es el problema al que se enfrenta la bien intencionada consejera de la Generalitat.Por un lado ha sido criticada por el Instituto de la Mujer, que ve la prostitución como «una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democrática», y piensa que la legalización contraviene la ley internacional.En lugar de legalizarla, el Instituto cree que sus raíces deberían ser arrancadas del todo, ejerciendo presión sobre los clientes de las prostitutas. El Gobierno central socialista, asimismo, se opone a la legalización, pero cree que la única necesidad urgente es la ayuda social para las prostitutas individualmente.El PP también se opone a la legalización. Mirándolo bien, estos partidos probablemente tienen la razón. La idea de legalización empieza con la premisa de que las prostitutas son personas libres que pueden voluntariamente dar sus nombres para que sean inscritos en un registro oficial, donde disfrutarán de ciertos privilegios (protección de la salud, salarios, etcétera). Pero la evidencia disponible sugiere que la mayoría de las prostitutas en España no son personas libres, sino sólo instrumentos de una red criminal.Es la red la que en la práctica decidirá quien puede ir en los registros oficiales, ya que muchas prostitutas tienen mucho que ocultar. Una alta proporción son inmigrantes ilegales, sin pasaportes, dependiendo de ingresos bajo condiciones de trabajo totalmente ilegales. No son personas libres, sino esclavas. Todavía tienen validez las palabras que Victor Hugo pronunció hace mucho tiempo, en 1862: «Decimos que la esclavitud ha desaparecido de la civilización europea, pero esto no es cierto. La esclavitud todavía existe, pero ahora se aplica sólo a las mujeres y su nombre es prostitución».El intento de legalizar producirá los resultados alcanzados en Holanda, donde sólo una pequeña proporción ha sido colocada en el registro, y la vieja e ilegal red continúa floreciendo.
A pesar de las enormes dificultades que necesitan superarse, la Guardia Urbana de Barcelona, con el apoyo de las autoridades socialistas, ha comenzado el aspecto probablemente más debatible de toda la operación: la imposición de multas. Están haciendo esto en nombre de una medida que se llama Ordenanza de civismo de Barcelona, una agresiva nueva ley de 102 artículos que las autoridades de la ciudad han creado para convencerse a sí mismas de que Barcelona es una ciudad civilizada, y que están utilizando para perseguir a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos.El alcalde de Barcelona, Clos, se refiere a la iniciativa como «el derecho administrativo como medida preventiva». Algunas de las prostitutas de Barcelona han sido castigadas con sanciones que oscilan entre 1.500 y 3.000 euros. Es difícil saber qué tiene en mira esta política. Si intenta conseguir dinero de las prostitutas, ése es un motivo claro, pero también es irracional, porque no resuelve ninguno de los aspectos básicos del problema en Barcelona y no da ninguna solución, ni a las prostitutas ni a los ciudadanos.Sobre todo, las multas no afectan a las mafias que están controlando toda la operación y reclutando a las mujeres.
España tiene un enorme problema y la respuesta no es el castigo sin sentido a pequeños grupos de prostitutas. Según algunas cifras fiables recientes, entre 50.000 y 300.000 mujeres en España se ganan la vida ejerciendo la prostitución. La cuestión de cómo controlar el fenómeno es obviamente difícil. Hay muchos aspectos -tales como el bienestar social, moral y de salud de la mujer- que están posiblemente mejor atendidos por organismos formados por voluntarios, de los que hay varios en España. La legislación, ya sea en Barcelona o en Madrid, puede ofrecer una solución externa, pero no estructural. Una aproximación positiva ha de basarse en una adecuada colaboración entre los organismos voluntarios y estatales. Hay asuntos fundamentales, como es la cuestión del género (el 90% de las prostitutas son mujeres y el 90% de los clientes son hombres), que nunca pueden llegar a resolverse en nuestra sociedad, porque tampoco han podido solucionarse en ningún lugar en miles de años. Otros países se han ocupado del problema, y, a menudo, con más éxito que en España. Recientemente, Gran Bretaña ha tomado algunas medidas positivas, aunque la esperanza para un acuerdo a largo plazo siempre será una fantasía. Como otros problemas (guerra, violencia, corrupción, crimen) de los que los humanos -sobre todo nosotros los hombres- somos responsables, la prostitución no desaparecerá. Vale la pena citar las esperanzas optimistas de Golda Meir, quien ayudó a crear una nueva sociedad en Israel y que en 1973 decía: «Yo creía que un estado judío estaría libre de los males que afligen a otras sociedades: robo, asesinato, prostitución Pero ahora los tenemos todos».