Desde la primera semana de noviembre, el gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y los máximos dirigentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se sentarán a la mesa para intentar llegar a un acuerdo de paz. El escenario estará ubicado en Venezuela, país con el que Colombia acaba de reanudar relaciones diplomáticas y económicas.
Convenir un nuevo proceso con el ELN significa desarticular a la organización guerrillera más antigua del país y comenzar un camino hacia la desmovilización de unos 3,000 alzados en armas. Esto sería una gran noticia para los colombianos que vieron con frustración la interrupción del diálogo en 2019, que ya tenía una agenda y un cronograma convenidos.
La sede de las negociaciones será el vecino país de Venezuela. Este es un espacio muy significativo, pues hasta hace apenas unos meses las relaciones entre las dos naciones pasaba por su peor momento, situación que ahora parece ser cosa del pasado.
La apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, el pasado 26 de septiembre, representa para Petro —en una actitud aparentemente pragmática y alejada de las ideologías— un paso trascendental hacia el logro de su más ambicioso y peligroso proyecto: lograr la paz total.
Luego de aproximadamente 60 años de conflicto armado interno, y de cerca de nueve millones de víctimas (por muerte, desaparición forzada, secuestro, reclutamiento, desplazamiento y violencia sexual, entre otros), lograr la paz y la convivencia es casi una tarea titánica en un periodo presidencial de solo cuatro años. Sin embargo, esta fase no llega sin riesgos. Petro se juega el prestigio internacional de Colombia al no cuestionar los problemas internos del gobierno de Nicolás Maduro. Además, si las negociaciones fracasan, se abrirá paso a una nueva frustración nacional y la guerra, sin duda, se recrudecerá.
Venezuela se ha convertido en el refugio de varios grupos ilegales colombianos, aprovechando principalmente la vieja disputa entre Maduro y los últimos gobiernos de Colombia. Organizaciones como la Nueva Marquetalia —firmantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que regresaron a la lucha armada—, disidencias de las FARC que no firmaron, el ELN, así como paramilitares, se han establecido en el oeste de Venezuela y es muy poco lo que el gobierno socialista ha hecho para contenerlos.
Venezuela ha sido garante de diálogos en el pasado debido a que las organizaciones armadas izquierdistas se sienten cómodas con su interlocución y respaldo. Esto significa que tener buenas relaciones con el gobierno de Maduro le conviene al equipo negociador de Petro en este nuevo periodo de diálogos.
Pero restablecer relaciones plenas con el país vecino no es tarea fácil. Por un lado, es necesario devolver a los habitantes fronterizos la confianza perdida a partir de 2015, cuando Maduro cerró la frontera después de acusar al entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de hacer la vista gorda ante el supuesto paso de paramilitares colombianos que, según él, buscaban desestabilizar a su gobierno. Desde entonces, la economía fronteriza quedó totalmente destruida. Actividades cotidianas tan simples como comprar abarrotes, ir a la escuela o visitar a algún familiar, quedaron interrumpidas de un momento para otro. Y los negocios que florecían a cada lado se cerraron, dejando a sus dueños y trabajadores en la miseria.
Tres años después, Iván Duque llegó al poder en Colombia y la crisis se profundizó por la declaratoria del llamado“cerco diplomático”. A eso se le agregó el apoyo del nuevo líder hacia Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Durante la pasada campaña electoral, Petro anunció que, si ganaba la presidencia, reanudaría las relaciones diplomáticas, económicas y jurídicas entre Colombia y Venezuela, una propuesta calculadamente estratégica. Y afortunadamente la está cumpliendo: apenas se instaló en el Palacio de Nariño, nombró embajador y sentó las bases para la reapertura de todos los pasos fronterizos. Desde hace dos semanas, vehículos y personas hacen sus desplazamientos y la actividad comercial lentamente se reanuda. Pero mientras los pasos peatonales tienen una actividad vigorosa, los vehiculares siguen estancados y, según me relató el periodista colombiano Jhon Jairo Jácome, 15 días después solo 36 camiones habían cruzado el puente Simón Bolívar que comunica a los dos países.
De acuerdo con Jácome, quien vive en Cúcuta, la ciudad limítrofe más importante del país, el principal problema es que Venezuela no ha abierto las oficinas de su lado fronterizo y el comercio continúa pasando de forma clandestina por las trochas, pagando sobornos a las autoridades fronterizas y a los grupos ilegales de ambos países. Trasladar mercancía, por consecuencia, sigue siendo riesgoso y los comerciantes colombianos prefieren que los compradores entren a su territorio y paguen sus productos en efectivo.
En medio de todo esto, un tema ha puesto a prueba el talante de Petro: la disposición de Maduro para colaborar en las negociaciones con el ELN, al punto de que ya los jefes de esa organización se encuentran en territorio venezolano. Es un gesto para agradecer pero, al mismo tiempo, deja al presidente colombiano en una situación incómoda que lo ha hecho guardar un silencio injustificado frente a las denuncias de la ONU sobre violación de derechos humanos en Venezuela. Eso lo llevó, la semana pasada, a no suscribir la resolución de ampliación de la Misión de investigación de la ONU sobre crímenes en ese país.
A estas alturas, Petro ha decidido no entrometerse en la forma como gobierna su colega ni en su ideología. Una actitud pragmática pero delicada, pues no todo vale cuando de respeto hacia la oposición y los derechos humanos se trata. Quienes creemos que el camino que ha trazado hacia la paz total es acertado, no podemos ignorar que Maduro, el principal intermediario, debe aceptar que su gobierno tiene que hacer correctivos radicales para que sus opositores gocen de plenos derechos. Y Gustavo Petro debe ser el primero en exigírselo.
A su vez, Maduro debe comprender que por convertir la política internacional en una prioridad que se oriente hacia el logro de la paz total, Colombia no se puede quedar callada. Él tendría que enderezar el camino para cumplir con estándares mínimos de respeto a los derechos humanos.
En estos términos, el fortalecimiento de las relaciones significaría una victoria para ambos países. Además, Petro rescataría a un aliado para sus proyectos de paz y una posible fuente de dinamización comercial en momentos en que el planeta está ante una recesión económica.
Es, pues, la hora de poner fin al imperio de las ideologías y respetar la soberanía de cada Estado. Pero también de que, en medio de las negociaciones entre Colombia y la guerrilla, Petro actúe para que Venezuela sea un anfitrión que busque su propia convivencia.
Olga Behar es periodista, politóloga y escritora colombiana. Por más de 30 años ha investigado el conflicto armado y político de Colombia. Autora de una veintena de libros.