El Estado de las autonomías, diseñado en sus elementos básicos en la Constitución de 1978 y conformado posteriormente con la aprobación de los estatutos de autonomía, leyes orgánicas y la doctrina del Tribunal Constitucional, ha vuelto a situarse en el centro de los comentarios y las reflexiones de políticos y académicos. Tras el fracaso de su reinterpretación a partir de las reformas estatutarias, la crisis económica ha hecho emerger algunas de sus deficiencias estructurales y ha planteado nuevos problemas.
Con el fin de ofrecer un punto de encuentro a representantes de la Administración general del Estado, de las comunidades autónomas y del mundo académico para debatir sobre la realidad de este modelo de organización territorial, identificar sus problemas y ofrecer respuestas a los mismos, el Instituto de Derecho Público de la Universitat de Barcelona, con la colaboración de las fundaciones Ortega-Marañón y Giménez Abad, y bajo los auspicios del Senado, organizó el lunes pasado una jornada de debate sobre el momento actual del Estado autonómico español.
La jornada, bajo el nombre de Foro de las Autonomías, se estructuró a partir de tres documentos contenidos en el informe relativo al 2011, textos que sirvieron de base para las intervenciones los ponentes, miembros de las mesas redondas y asistentes, y contó con la conferencia inaugural del vicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia. Las respuestas autonómicas a la crisis económica y la garantía de los derechos sociales y el principio de igualdad en esta misma situación fueron los temas objeto de las ponencias, que dieron lugar a una reflexión final sobre el momento presente. El presidente del Parlamento de Aragón, directores generales de la Administración central, consejeros y directores generales autonómicos intervinieron en las mesas redondas junto con profesores universitarios.
La mesa redonda final, centrada en la valoración de la evolución del Estado autonómico, permitió identificar desde ópticas diversas los problemas esenciales de nuestro modelo. A modo de ejemplo pueden citarse la necesaria redefinición del sistema competencial, la supresión del principio dispositivo, la necesidad de acordar el contenido de lo básico en un procedimiento legislativo participado, la necesaria reforma del Senado, la recuperación del prestigio del Tribunal Constitucional -cuyas sentencias deberían dictarse en plazos razonables-, el desarrollo de mecanismos de colaboración horizontal y vertical, la articulación de la participación autonómica en la fase ascendente del derecho comunitario, la definición constitucional de los principios básicos del sistema de financiación.
Junto a estos problemas, que son los clásicos de todo Estado compuesto, en el caso español se añade el problema político previo consistente en el reconocimiento de los hechos diferenciales que permitan un acomodo fácil de las diversas sensibilidades sin ver en ello privilegios y sin que la diferencia cuestione la igualdad básica de los derechos fundamentales y el buen funcionamiento del conjunto del sistema.
Como síntesis de esta intensa sesión de debate quedaron para el futuro inmediato las siguientes consideraciones.
- El Estado autonómico es una realidad asentada, irreversible y cuyo funcionamiento merece una valoración general positiva. El modelo constitucional y su paulatina configuración posterior han permitido una amplia descentralización política y administrativa que ha reforzado la democracia, el desarrollo económico y la cohesión del Estado.
- La crisis económica, sin embargo, ha puesto en evidencia ciertas deficiencias del modelo, lo que ha llevado a cuestionar algunos de sus elementos estructurales y a reclamar la necesidad de acometer algunas reformas durante mucho tiempo aplazadas.
- La situación actual reclama abordar sin dilación el examen de problemas y propuestas, pero a su vez se deben evitar planteamientos coyunturales, simplistas y vinculados exclusivamente a la crisis y sus exigencias.
- Las propuestas de reforma deben partir de la diversidad del Estado español y de las diversas percepciones sobre sus problemas y vías de solución, pero tratando de integrar esta diversidad en un modelo final que pueda funcionar eficazmente como sistema unitario.
- Representantes del Estado, de las autonomías y de la academia deben mostrar su capacidad de realizar un buen diagnóstico y proponer vías de repuesta a quien tiene el poder político de llevarlas a efecto. Para ello es necesario abrir un diálogo franco centrado en la búsqueda del interés general, respetuoso con las singularidades, pero que es algo más que la suma de intereses particulares, a través de las necesarias reformas organizativas.
- El Foro de las Autonomías debe mantener su continuidad descendiendo al examen de problemas concretos para poder ofrecer vías de solución. La forma de articularlas después podrán ser varias, sin que se rechace la necesaria reforma constitucional.