La crisis energética –especialmente la escasez de gas debido a una pérdida de suministros de Rusia- está hundiendo a Europa en una recesión y causando tensiones sociales y conflictos distributivos. Los gobiernos europeos buscan ansiosamente maneras de apaciguar la situación, pero sólo lo lograrán si cooperan de manera estrecha. El mercado energético transfronterizo debe permanecer abierto y la Unión Europea debería ejercer su poder de mercado cuando les compra gas a terceros países. Pero sin estrategias nacionales de gestión de crisis coordinadas, la respuesta de Europa podría convertirse en una carrera de subsidios contraproducente.
Los precios de la energía en marcado aumento han reducido la producción y el consumo por igual, y los hogares responden a los crecientes costos recortando otros gastos. Algunos ya están recurriendo a los ahorros, pero muchos otros no quieren tocar sus reservas porque temen que las vayan a necesitar más tarde. Y otros, por supuesto, directamente no tienen reservas.
Los precios elevados del gas son centrales en esta crisis, porque afectan no sólo las boletas de la calefacción sino también la producción industrial y de electricidad. Cuando la electricidad está en alta demanda, las energías renovables, el carbón y la energía nuclear no son suficientes. Y como la central eléctrica activa más cara es la que determina el precio de la electricidad, los precios más altos del gas también han hecho subir marcadamente los precios de la electricidad –ambos aumentaron aproximadamente diez veces entre enero de 2021 y septiembre de 2022.
La dimensión de la agitación económica y social dependerá mucho de cómo respondan los gobiernos. Dos estrategias son posibles. La primera consiste en intervenir directamente en los mercados energéticos e intentar hacer que la electricidad, el gas y el petróleo sean más baratos mediante recortes impositivos o subsidios. La subvención en España del gas comprado por su sistema de electricidad es un ejemplo de esta opción.
La otra estrategia es abstenerse de intervenir en los precios y centrarse, en cambio, en ayudar a los hogares de bajos ingresos o a las empresas afectadas seriamente con transferencias de una suma única. A simple vista, la primera estrategia parece más efectiva –y obviamente les resulta atractiva a los políticos que quieren generar la impresión de que están ocupándose directamente del problema-. Pero tiene dos desventajas.
Primero, los precios más bajos del gas, de la electricidad o del petróleo benefician a quienes consumen más energía, que normalmente son los hogares con ingresos más altos, casas más grandes y autos de mayor tamaño. Este grupo no sólo puede hacer frente a los precios más elevados sin ayuda de nadie, sino que también terminará pagando el subsidio de todas maneras, a través de los impuestos que el gobierno tendrá que poner en práctica para pagar las deudas adicionales en las que incurrió.
El segundo problema, y más importante, es que los subsidios o los recortes impositivos impulsarán la demanda al debilitar el incentivo de reducir el uso de energía. Pero como la energía se ha vuelto escasa en términos reales, esta mayor demanda se topará con una oferta sin alteraciones, y los precios tendrán que subir hasta que la oferta y la demanda vuelvan a coincidir. Como resultado de ello, una parte considerable del subsidio o del recorte impositivo irá a manos de los proveedores de energía, y no a los consumidores.
Esta divergencia es particularmente problemática en el mercado del gas, y más aún cuando los subsidios se distribuyen y se implementan a nivel nacional. Después de todo, como las terminales de gas natural licuado están trabajando en toda su capacidad, la oferta de gas para Europa no es particularmente flexible. Si un solo estado miembro reduce los precios del gas doméstico con subsidios y otros estados no lo hacen, el precio del gas a nivel de Europa aumentará poco, pero claramente fluirá más gas para el país que pague el subsidio, privando al resto de Europa de ese suministro.
Asimismo, si todos los países actúan de esta manera, se encontrarán en una carrera de subsidios que dejará a todos en peores condiciones. Si la cantidad de gas disponible en Europa este invierno no se puede aumentar mediante ofertas de precios más altos (porque simplemente no hay más oferta), un subsidio aumentará el precio exactamente por la misma cantidad que el subsidio. Será como si los gobiernos hubieran transferido el dinero de sus balances directamente a los productores de gas como un regalo. En definitiva, los consumidores no obtendrán alivio alguno.
Una política que se limita a subsidiar sólo a los hogares más pobres y a las empresas más afectadas evitaría ambos problemas, ayudando a quienes en realidad necesitan ayuda. Desafortunadamente, debido al shock del alza de los precios de la energía, los gobiernos nacionales están aumentando la presión política doméstica para intervenir directamente para reducir los precios. La mayoría de estos debates a nivel nacional no consideran las implicancias más amplias de este tipo de políticas.
Para colmo de males, los efectos transfronterizos de los subsidios interferirán con otras medidas que se necesitan con urgencia. Por ejemplo, una manera efectiva de estabilizar los mercados de gas y electricidad es reactivar las centrales eléctricas alimentadas a carbón y petróleo que fueron decomisadas, y extender la vida útil de las plantas de energía nuclear. Esto reduciría la cantidad de gas necesario para la producción de electricidad y beneficiaría a toda Europa, no sólo al país que actúa en cada caso.
Una gestión efectiva de la crisis energética requiere una coordinación europea. Si cada país actúa sólo con sus propios intereses en mente, a Europa le irá mucho peor –y sin un motivo válido.
Clemens Fuest, President of the Ifo Institute, is Professor of Economics at the University of Munich.