«Hágase la voluntad nacional»

El martes por la noche una voz indignada clamaba por la radio, comentando la actualidad y repitiendo una y otra vez a modo de estribillo: «¿Qué nos ha pasado?»… «¿Qué nos ha pasado?».

A la tercera o cuarta reiteración, captó tanto mi interés que llamé al periódico para que transcribiéramos lo esencial de ese vibrante alegato. Así lo hicimos: «Uno va viendo que se baten todos los récords de imprevisibilidad. ¿Qué nos ha pasado para que escuchemos que alguien (Pablo Iglesias) ha llamado a una persona fugada de la justicia (Puigdemont), para salvar al Presupuesto de 48 millones de habitantes y que le demos una cierta normalidad?… ¿Quién está decidiendo el Presupuesto? Un señor en el Tribunal Supremo (Junqueras) y otro en Waterloo. ¿Hay alguien normal decidiendo el Presupuesto?… ¿Qué nos ha pasado? ¿Quién les ha dado las llaves para que un señor en Waterloo y otro en el Supremo decidan el Presupuesto? ¿Y quién ha mezclado un problema territorial de primer nivel con la negociación del Presupuesto? ¿Qué nos ha pasado?».

No entiendo cómo ni Casado ni Rivera comenzaron al día siguiente la defensa de sus enmiendas a la totalidad con este demoledor audio. Porque la cadena que lo emitió no fue ni es Radio, ni la Cope, sino la Ser. Y quien daba rienda suelta a su indignación no era ningún tertuliano conservador, ni ningún portavoz de Vox, el PP o siquiera Ciudadanos, sino Eduardo Madina durante cinco años secretario general del Grupo Socialista y, durante algún tiempo más, gran esperanza blanca del partido.

Hágase la voluntad nacionalMadina, un hombre de temple, hasta el extremo de no haberse dejado llevar nunca por la ira o la sed de venganza contra la ETA que lo mutiló al colocar una bomba bajo su coche en 2002, contraponía, con rabia, la deriva del presente con su propia experiencia parlamentaria: «Tras 13 años como diputado, me cuesta reconocer como propias cosas que durante años sentí así. He estado dirigiendo hasta seis negociaciones, pero nunca levanté un teléfono con prefijo en Waterloo, ni pedí a nadie que hablara con alguien que está en el Tribunal Supremo». Le faltó mencionar la reunión de la cárcel de Lledoners.

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La síntesis de la perplejidad de Madina no debería haber sido ese «¿qué nos ha pasado?», sino un mucho más sincero «¿quién nos ha pasado y nos sigue pasando?». Sobre todo porque al primero que le «pasó» fue a él, cuando en 2014 Pedro Sánchez le derrotó en las primarias del PSOE gracias -quién lo diría- a la ayuda decisiva de Susana Díaz.

Y es indiscutible que los usos de la política española han cambiado, decisivamente, en los cinco años transcurridos desde entonces, a resultas de las ascensiones, resistencias y reinvenciones de este hombre. Para bien, porque Sánchez ha vigorizado resortes democráticos -la apelación a las bases, la renuncia por coherencia al escaño, la moción de censura-, poco menos que atrofiados. Para mal, porque, al mismo tiempo, ha dinamitado los límites de la lealtad constitucional como requisito imprescindible de cualquier alianza política.

Si la deriva impulsada durante sus ocho meses de gobierno no fuera tan peligrosa para la propia supervivencia de España como nación, no dejaría de tener cierta gracia que la palanca sobre la que pretende construir ahora su relato electoralista sea una foto. Pero no la foto de Torra sentado con él en la Moncloa y el Palacio de Pedralbes, exhibiendo el lazo amarillo que denuncia que España es una dictadura, en la que los jueces cumplen órdenes del Gobierno o del Rey; no la foto del propio Torra, incitando, megáfono en ristre, a «no aflojar» a los CDR que cortan carreteras, coaccionan a magistrados y amedrentan a viandantes; no la foto de sus ministros pasando por debajo de la pancarta que sigue denunciando desde el balcón de un edificio del Estado, como el Palau de la Generalitat, la existencia de «presos políticos»; no la foto de su socio, Pablo Iglesias, entrando en la cárcel para emprender esa infamante negociación presupuestaria, sino la foto de la «derecha trifálica» -Delgado dixit- que subraya la presencia, juntos pero no revueltos, de Abascal, Casado y Rivera en la concentración de Colón.

Tan poca duda tengo de que esa foto fue un error de marketing electoral, como seguro estoy de sus nulas consecuencias políticas, pues de ninguna manera veo a Ciudadanos plegándose a las tesis reaccionarias de Vox en materia de derechos civiles.

No puedo decir lo mismo de la escalada de concesiones formales que Sánchez ha hecho en su diálogo con los separatistas: la bilateralidad, la sustitución de la referencia a la legalidad constitucional por la saducea «seguridad jurídica», la aceptación de la mesa de partidos con «relator» incorporado… por no hablar de las insinuaciones sobre su disposición a indultar a los ahora, al fin, en el banquillo. Todo esto crea un imaginario colectivo que sitúa el campamento-base del debate cada vez más cerca de la cima de la autodeterminación.

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Cualquiera con dos dedos de frente que escuchara este jueves la meliflua declaración ante el Supremo de ese humanista cristiano llamado Oriol Junqueras, que tanto «ama» a los españoles, como para llegar al extremo de considerarnos «iguales» a los catalanes, debería darse cuenta del riesgo extremo que afronta el Estado. La Sala de lo Penal ha acertado al permitir la retransmisión del juicio y al no restringir la libertad de expresión de los acusados, por mucho que desbarren en la construcción de su coartada política. Pero la Justicia sólo es una de las piezas del puzle.

Marchena y sus colegas piensan, con buen tino, que la legitimación que esta estrategia garantista proporcionará a su sentencia, dentro y sobre todo fuera de España, bien merece el coste de toda la propaganda que los separatistas están ya diseminando desde el plató del palacio de las Salesas. Pero, ojo, para que esa ecuación sea certera sólo hace falta un requisito: que el Poder Ejecutivo empiece a asumir sus responsabilidades institucionales con el mismo rigor y solvencia con que vienen haciéndolo los altos tribunales.

Es decir que, tras el pasado estaférmico y el presente mucilaginoso, España pueda contar con un Gobierno con la claridad de ideas y el apoyo parlamentario suficientes para invertir el sesgo que ha ido tomando el pulso contra el separatismo catalán. Algo así como ocurrió en tiempos de Aznar en la lucha contra ETA, cuando el Ejecutivo impulsaba al mismo tiempo la acción policial, diplomática, judicial –a través de la Fiscalía-, de apoyo a las víctimas y de movilización social.

Esa es la posibilidad que abren las elecciones del 28-A. De ellas debe exhalar el petricor que impregna los senderos cuando las primeras lluvias suceden a una larga sequía. Es el olor a tierra mojada que anuncia la regeneración de la naturaleza. No estaría mal, por cierto, que esta Academia en la que, con Muñoz Machado, Carmen Iglesias y Pérez Reverte a la cabeza, no faltan los regeneracionistas, predicara con el ejemplo, abriendo las ventanas del Diccionario al sutil aroma del petricor –acuñado desde hace más de medio siglo en la divulgación científica- después de haberse embaulado las “almóndigas”, “toballas” y “moniatos”.

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Divagaciones lingüísticas al margen, siempre que se convocan una elecciones generales resuenan en mis oídos los wagnerianos acordes del telar de las hilanderas, mientras vuelve a avistarse el barco de «El Holandés Errante», como símbolo de la nueva oportunidad colectiva que nos proporciona el sistema político, y el tozudo lema de mi paisano de adopción, el general Baldomero Espartero: «Hágase la voluntad nacional».

Se trata de una voluntad coral que debe articularse, a partir del conocimiento de causa. Lo esencial es que el cuerpo electoral entienda lo que en cada envite está en juego. En este caso se trata, a mi entender, de algo mucho más concreto e importante que ese «futuro que conquistar» o ese «modelo de sociedad que construir» a los que se refirió Sánchez el viernes.

Digámoslo sin ambages: de lo que ocurra el 28 de abril depende la fortaleza o el debilitamiento del orden constitucional y por ende de la Nación española, tal y como la conocemos. Una consolidación de la actual mayoría parlamentaria formada por un PSOE aventurero y dos de los tres populismos que hoy padecemos en España, tendría consecuencias tan nefastas, desde ese punto de vista, que no es exagerado decir que afrontamos la cita con las urnas más determinante de los últimos cuarenta años.

No estamos ante una cuestión personal, vinculada a la idiosincrasia de un dirigente, al modo del «Maura no» o del «Fraga no» de comienzos de la Transición. Tampoco ante una cuestión moral como la que obligaba a descartar al Felipe González implicado en los GAL o al Mariano Rajoy responsable directo de la corrupción.

El «no» a Sánchez que debería abarrotar las urnas es, ante todo, un «no» a su política de estos nueve meses, sectaria en lo ideológico, perniciosa en lo económico y muy peligrosa, como digo, en el orden constitucional. Cuanto más clara sea la alternativa que lo excluya del poder, sin tener que hacer concesiones a la extrema derecha, o menor sea el peso de un PSOE necesariamente distinto, recuperado para la causa de la confrontación con el separatismo, en una eventual coalición de la que participe, más garantías habrá de que España enmendará su rumbo.

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Nadie crea que yo estoy dramatizando. Simplemente ocurre que la situación puede ser dramática. De hecho, nada es tan previsible como que, tras las muy probables condenas a los acusados del procés, los separatistas ganen por primera vez las elecciones catalanas, no sólo en escaños sino también en número de votos. De ahí que sea tan importante que previamente se haya pronunciado el conjunto de los españoles. Es obvio que nada tendrá que ver afrontar ese desafío, de enorme proyección internacional, con un Gobierno estable, decidido a aplicar de verdad el 155, a tener que hacerlo con una alianza como la de estos meses, en la que el Ejecutivo ha sido rehén de aquellos a quienes debía combatir.

Sí, ya sé que muchas personas bienintencionadas alegan que mientras media Cataluña sea proclive al separatismo no cabrá ninguna solución que no implique concesiones significativas, dentro de un nuevo marco constitucional. Pero eso es confundir la foto de un momento histórico concreto, configurada desde la Generalitat, TV3 y el sistema educativo al modo de la profecía autocumplida, con una opinión inmanente de los catalanes, como si su sensibilidad respecto al resto de España no hubiera cambiado una y otra vez a lo largo de los siglos.

Ya que he mencionado a Espartero, sirva, como el más elocuente ejemplo de esa mutación de la percepción colectiva, el hecho de que el mismo hombre que, en su calidad de regente ordenó y dirigió personalmente aquel bombardeo de Barcelona de 1842, que tanta controversia originó, al ser evocado hace ocho años por Peces Barba, se convirtió apenas una década después, por mor de su exilio, en la encarnación de la causa liberal y la figura política más querida, admirada y homenajeada en Cataluña, hasta el extremo de que su biógrafo, el canadiense Adrian Shubert, dedica nada menos que diez páginas a las celebraciones que en Reus como en Manresa, en Caldas de Montbui como en Sabadell, y por supuesto en la propia Barcelona, tenían lugar cada 27 de febrero, día de San Baldomero, en honor del «pacificador de España y campeón de la libertad».

Porque como escribió el político e intelectual, autodefinido como “catalanista i progresista”, Victor Balaguer, refiriéndose al mismo hombre que había ordenado fusilar sumariamente a los 13 cabecillas de la revuelta, “sempre has sembrat la virtut, predicant la llibertat”. Los tiempos son otros; la condición humana, la misma.

Pedro J. Ramírez, director de El Español.

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