Por Luis Martí Mingarro, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ABC, 27/02/06):
HAY una corriente de enorme y reiterado pesimismo que nos describe abocados al fin de uno de esos ciclos que definen -metafóricamente- el devenir de las civilizaciones. Se nos dice que se está acabando la era de la vigencia y validez formal del Estado de Derecho. Se nos cita el ejemplo de Iberoamérica, de cuya comunidad esencial y cultural formamos parte y con la que estamos alineados en la lucha por la libertad.
Contemplamos con enorme preocupación, pero sin resignación ni conformidad, que ante los retos de la pobreza y de la injusticia social; ante los fracasos del mercado y los tropiezos de la libertad se hable y se admita, con rendido fatalismo, la prioridad de otros valores que puedan ahogar la libertad siempre soñada. Me rebelo contra ese destino anunciado que pudiera abrir las puertas -otra vez- a las pesadillas de significación, aire o realidad totalitaria. Como si no tuviéramos ya experiencia sobre la ineficiencia de la medicina autoritaria para corregir la corrupción, para redistribuir la riqueza, para crear la solidaridad, para fundar la democracia y para alcanzar las mayores cotas de libertad posibles.
Se nos aventuran propuestas ajenas a la tradición democrática: atajos de corte autoritario, suspensión de derechos, restricción en la eficacia de las normas, reformas constitucionales que debilitan o suprimen los controles, populismos que encumbran al poder ejecutivo, ensombrecen el legislativo y arrumban o fagocitan al judicial... Todo eso son síntomas de una profunda astenia democrática que puede terminar por ser letal para el sistema, sobre todo porque los protagonistas de la degradación son, a veces, quienes más obligados están a mantener la vigencia de los principios que ellos mismos contribuyeron a crear. Tal es el caso de Estados Unidos, que, ante la cruel realidad del terrorismo, parece empeñado en dejar de impartir la cátedra de la libertad. Lo cierto es que el proceso se da en todo el mundo; y no siendo una patología ni explícita ni únicamente iberoamericana, la enfermedad ha arraigado seriamente en las naciones de nuestro mundo cultural y apunta a convertirse en auténtica pandemia.
De todos los factores que afectan a este proceso, la justicia es quizá el más sensible al fracaso, pues si éste se produce quedan sin control ni referente posible los demás poderes del Estado. Así que no es sólo un problema ético filosófico, es sobre todo el requerimiento de calidad sobre un sistema desarrollado como aparato capaz de proporcionar la paz social que reclama la convivencia de las personas. La Justicia es el indicador más veraz de la calidad del Estado democrático y, a la vez, el mejor instrumento de la necesaria gobernabilidad que trae paz y desarrollo. Lo cierto es que ese aparato de justicia aparece deteriorado ante la imagen de los ciudadanos, y ese descrédito socava la confianza en la justicia y genera la percepción social de que, sin su independencia y sin su calidad, ningún otro de los males del Estado tiene remedio. Cuando los ciudadanos no pueden decir, como el molinero prusiano al rey de aquel país, «¡Aún hay jueces en Berlín!», es que la injusticia y la sinrazón se han impuesto del todo.
No erraba Montesquieu cuando basaba en esa metáfora de la División de los Poderes la premisa fundamental del sistema democrático. En las sociedades modernas y avanzadas, esa metáfora debe ser capaz de ir más lejos de la pura descripción de los tres espacios del ejercicio de la soberanía. Una sociedad civil rica y activa ha de mantener la necesaria vigilancia, movilizando todos sus recursos para afianzar el sistema tanto en sus valores como en sus mecánicas. Ese es también el papel de la abogacía institucional.
Desde su fundación hace más de 30 años, la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados (UIBA), que agrupa a la dirigencia de la abogacía de nuestros países, mantuvo cuando fue necesario una exigente actitud para la recuperación de la democracia; y ha proseguido su atenta observación sobre la evolución de los sistemas constitucionales y de los ordenamientos jurídicos derivados de ellos, en lo referente al cumplimiento de las pautas básicas del Estado de Derecho.
Nos hemos esforzado en la tarea de su consolidación, contribuyendo con nuestras aportaciones a la permanente tarea de implantación de libertades y derechos. Puro ejercicio de nuestra condición de abogados, conscientes de la labor que nos atañe. Por eso sabemos que el ordenamiento jurídico ha de garantizar que la justicia se imparta desde un poder que, por ser independiente, pueda ser siempre imparcial.
Desde nuestra independencia hemos de denunciar los riesgos y la realidad de las fisuras que puedan producirse en la independencia del poder judicial, que la ciudadanía percibe como un apetito de control por parte de la política partidaria y de cuyo mal son los jueces, los muchos y buenos jueces, los primeros perjudicados.
Sin embargo, hay lugar para la esperanza. Nuestro optimismo viene de la prontitud y calidad de la respuesta. La abogacía ha sido en este caso instrumento eficaz de la denuncia de esta disfunción institucional, lo ha sido, como hemos dicho, en todo el marco de nuestra cultura europea frente a las sombras que no cejan de proyectarse como auténticos «agujeros negros» del Estado de Derecho, pero lo ha sido también en nuestro otro continente, Iberoamérica, donde la situación era aún más delicada. Allí corporaciones como la UIBA no han dudado en personarse en la defensa de esta frontera -la frontera de la razón- sobre la que se asienta nuestro sistema. Como apuntó San Agustín en «La Ciudad de Dios», traumatizado aún por el saco de Roma por el godo Alarico, el peor enemigo no es tanto ese bárbaro que pueda venir de fuera, sino la pérdida de los valores sobre los que se fundamenta nuestra cultura. No vaya a ser que el camino de libertad se convierta otra vez en camino de servidumbre.