El estado de ánimo de la ciudadanía combina dos circunstancias que mezcladas son explosivas. Por un lado, el 70 por ciento de los españoles dice estar insatisfecho con el funcionamiento de nuestra democracia, una cifra nunca vista. Por otro, la política despierta un interés enorme. Salir de este escenario va a implicar cambios en nuestro sistema político.
El Gobierno se muestra muy tibio sobre esta cuestión. Parece instalado en la idea que, una vez se recupere la economía, la ciudadanía volverá a estar satisfecha con nuestras instituciones. Esto puede explicar que el Plan de Regeneración Democrática recientemente aprobado sea tan insuficiente. Éste se centra en algunas medidas necesarias, pero deja de lado nuestro principal problema político: la enorme distancia que existe entre representantes y representados. Un ejemplo puede clarificar esta cuestión.
En enero de 2012, el CIS elaboró un estudio sobre la congruencia ideológica entre electores y políticos. En él interrogó a los encuestados sobre si preferían bajar los impuestos aunque esto significase gastar menos en prestaciones sociales y servicios públicos. Sólo el 27 por ciento estaba de acuerdo con esta afirmación, mientras que casi el 50 por ciento mostraba su más rotunda discrepancia. Entre los diferentes grupos ideológicos, sólo la extrema derecha parecía tener una mayor simpatía hacia la rebaja de impuestos combinada con una reducción del gasto público.
Si esto es así, ¿por qué el Gobierno del PP parece decidido a hacer lo contrario de lo que desea la gente?
Seguramente algunos piensen que la tarea del Gobierno no es seguir las preferencias de los ciudadanos, puesto que en ocasiones están equivocados, dado que no tienen los conocimientos suficientes. Esto podría ser cierto si sólo hubiese una única forma de gestionar la cosa pública. Pero si miramos más allá de nuestras fronteras, podemos ver que cada país sigue su propia estrategia económica. Durante la actual crisis, mientras algunos han hecho recaer gran parte del ajuste en la reducción del gasto, otros han hecho un mayor énfasis en el aumento de los ingresos. Por lo tanto, las preferencias de la gente, aunque a veces se basen en una supuesta ignorancia, no siempre están equivocadas. Aunque la ciudadanía no tenga un gran conocimiento técnico sobre muchos temas, no significa que no sepa lo que quiere.
Quizás, lo que le pase al PP es algo parecido a lo que le sucede a la derecha norteamericana: están presos de la minoría más radical. En los últimos tiempos, el Tea Party está consiguiendo condicionar la estrategia de oposición del Partido Republicano. En España, la minoría más conservadora parece alojada en la Comunidad de Madrid, en FAES y en algunos medios de comunicación. Esta facción goza de la simpatía de una parte relevante del poder económico. Esto les permite tener unos enormes altavoces que utilizan constantemente para condicionar la línea ideológica del PP. Cada vez que consideran que el Gobierno de Mariano Rajoy está siendo “tibio”, utilizan todos sus instrumentos para radicalizar la postura del ejecutivo. Lo hemos visto con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La bajada de impuestos del presidente de la Comunidad de Madrid parece enmarcada en esta forma de actuar.
Alguien podría replicar que ésta no es la respuesta correcta. En los últimos años, se ha extendido la idea de que muchas de las medidas económicas vienen impuestas desde fuera, especialmente por parte de la Unión Europea, reduciendo el margen de actuación del ejecutivo. Si el Gobierno no hace lo que quiere la ciudadanía es porque le obligan desde fuera. Pero esto es una realidad a medias. Es cierto que las instituciones europeas nos hacen recomendaciones. Pero no nos dicen cuánto tiene que ser nuestro gasto social, cómo debemos legislar en materia educativa, qué rentas debemos grabar o cuáles deben ser nuestros tipos impositivos. Es decir, nos han marcado unos objetivos de déficit, pero no nos han dicho ni cómo conseguirlos ni cómo debemos organizar nuestra sociedad.
Dado este escenario, ¿cómo podemos solucionar este déficit democrático? Recientemente se viene haciendo una defensa de la participación política. La solución a nuestros problemas vendría de una mayor implicación por parte de la ciudadanía. Es cierto que ésta es una condición necesaria pero no suficiente para corregir nuestro déficit democrático. También necesitamos nuevos canales de participación y es necesario incrementar la información que dispone la población.
El ejemplo escocés muestra qué necesitamos. Desde hace mucho tiempo, en Escocia utilizan la colaboración público-privada en la prestación de la sanidad. Pero trabajadores y sindicatos sospechaban que esto era un mal negocio para las arcas públicas. Por ello, presionaron para conocer los contratos y los gastos que implicaba este modelo de gestión. Sólo gracias a la Ley de Libertad de Información pudieron acceder a estos datos, descubriendo que la colaboración público-privada estaba siendo muy rentable para las empresas y muy cara para los ciudadanos. Desde entonces, el Gobierno escocés no lo tiene nada fácil cada vez que propone esta forma de gestión.
No sólo es necesario que la gente se involucre más, sino que debemos transformar nuestras instituciones para abrir nuevos canales de participación que permitan hacer propuestas y que los ciudadanos estén mejor informados. Se trataría de que la ciudadanía pudiese hacer llegar sus iniciativas de forma mucho más sencilla. Además de proponer, también es necesario que una agencia realice informes y dé respuestas a las preguntas que puedan formularle los ciudadanos sobre cualquier cuestión. Sólo una ciudadanía más informada y con mayor capacidad de intervención en las instituciones puede evitar que la brecha entre representantes y representados siga agrandándose.
La conclusión es opuesta a algunas de las pócimas mágicas que se vienen repitiendo como mantras. Aunque son muchos los que abogan por un incremento de las consultas populares, lo cierto es que el gran problema de nuestra democracia radica en la capacidad de representación de nuestras instituciones. No porque la gente decida todos los días sobre múltiples cuestiones nuestra democracia mejorará. Por ejemplo, es muy probable que si esto sucediese, la tasa de participación electoral fuese muy baja (entre 1990 y 2013, la participación media en los referéndums en Suiza ha sido del 43 por ciento).
En definitiva, lo que espera la gente no es que se les pregunte todos los días, sino que cuando se les pregunte, su opinión cuente. Es decir, frente a un sistema político donde el gobierno es preso de una minoría, en ocasiones muy poderosa, necesitamos una democracia que nos represente.
Ignacio Urquizu es profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de la Fundación Alternativas. Autor del libro La crisis de la socialdemocracia: ¿Qué crisis? (Catarata)