En los próximos días publicará sus conclusiones un Comité de Evaluación creado por el Banco Mundial para valorar el que, sin duda, es su informe anual más importante: Doing Business. Se especula con que el Comité recomendará la supresión pura y simple del informe o, en su caso, la externalización del mismo suprimiendo la clasificación de países en relación a su facilidad para hacer negocios.
Este desafío no es algo nuevo. Poderosos accionistas del Banco Mundial llevan intentando acabar con el proyecto desde sus inicios en 2002. Ahora China, la segunda economía mundial y cada vez más influyente en el Banco, lidera la batalla por descafeinar el informe eliminando, entre otros aspectos, las clasificaciones de países (este año Doing Business situó a China en el puesto 91 de las 185 economías nacionales que analizó).
Sin embargo, desfigurar o suprimir Doing Business sería un craso error -como tirar el grano con la paja-; porque su metodología es apropiada, sus propósitos válidos y sus conclusiones prácticas.
El informe de 2013 contiene datos cuantitativos agrupados en 11 cuadros de indicadores, que van desde la facilidad de crear una empresa hasta la disponibilidad de crédito. Se han comparado los datos entre distintas economías en el tiempo clasificando 185 países en diez categorías de regulación empresarial, tales como comercio internacional y procedimientos de insolvencia. Las aportaciones de los encuestados en todo el mundo, que ascienden a más de 9.600 en este año, han influido en las conclusiones del informe.
Doing Business no tiene por objeto evaluar a fondo la economía de los países. Su objetivo es dotar a los responsables políticos de referencias claras y útiles para lanzar el debate sobre reformas constructivas.
De hecho, la clave de la efectividad del informe es su simplicidad. Doing Business ha estado a la vanguardia en materia de síntesis de datos cuantitativos y subjetivos para implantar medidas accesibles. Al restringir la cifra total de indicadores analizados y obtener referencias claras, se favorece que los responsables políticos definan sus objetivos y mejoren la eficacia de la normativa en ámbitos decisivos.
Además, Doing Business contribuye a vencer los obstáculos que dificultan la creación de pequeñas y medianas empresas en países en vías de desarrollo, concretamente en aspectos que constituyen el caldo de cultivo para la corrupción y la economía sumergida. Así, los datos que arroja Doing Business contribuyen a generar la voluntad política y el apoyo público necesarios para vencer la oposición de grupos de presión contrarios a cualquier medida de impulso de la competencia, grupos interesados en mantener obstáculos procesales y dificultar el acceso al mercado.
Doing business es uno de los proyectos estrella del Banco Mundial y ha incorporado más de 2.000 reformas en los últimos diez años, al tiempo que ha demostrado ser una herramienta valiosa al servicio de los responsables políticos de economías en desarrollo para estimular la reforma y favorecer la inversión. Por ejemplo, Ruanda ha pasado del puesto 143º del ranking en 2009 al 52º en 2013.
De forma similar, mientras Georgia ha subido hasta el puesto nº 9, su PIB ha aumentado en más de un 200% y las entradas de inversión extranjera se han incrementado en casi un 300% desde 2003. De todas las economías recogidas en el informe, únicamente Zimbabwe y Venezuela no han mejorado o han mantenido los mismos indicadores desde 2005.
Sin embargo, estos logros no han impedido que el proyecto suscite críticas. Las más tempranas procedían de Francia, que se opuso enérgicamente al respaldo de las ediciones de 2004 y 2006 sobre la teoría de los «orígenes jurídicos», sugiriendo que los países con derecho consuetudinario gozan de una mayor eficacia reguladora que los países con ordenamientos de tradición romanista.
Al igual que Francia en el pasado, China se opone actualmente al sesgo angloamericano de Doing Business. También abundan las críticas a la metodología del informe alegando, bien que los indicadores no son exhaustivos o bien que miden de forma inadecuada el entorno reglamentario. Finalmente se subraya que Doing Business penaliza las políticas de proliferación de reglamentación y de altos impuestos lo que puede incentivar a los países a decretar reformas que les empuje a hacer trampas en lugar de obtener resultados significativos.
Sin lugar a dudas, no todas estas objeciones carecen de interés; y sin duda se puede mejorar la metodología. De hecho, cada año Doing Business adapta sus indicadores a partir de los comentarios y evaluaciones recibidos. Por ejemplo, a raíz de las críticas al indicador de contratación de trabajadores (Employing Workers Indicator) y tras un análisis detallado, el Banco Mundial decidió suprimirlo en la elaboración de sus rankings. Sería conveniente realizar un estudio similar de otros indicadores -como «Tributación»- y efectuar cualquier ajuste siempre que se mantenga la comparación continuada en el tiempo, que es uno de los principales atractivos del proyecto.
Las deficiencias metodológicas del proyecto pueden, pues, resolverse mediante reformas y revisiones específicas. Por ello, suprimir Doing Business sería una medida extrema e innecesaria. Países como Francia, India y China, insatisfechos con su baja posición en los rankings, no deberían paralizar o desfigurar el proyecto.
En realidad, externalizar o prescindir de Doing Business dañaría la imagen del Banco Mundial. Sin ir más lejos, el mes pasado el Secretario del Tesoro estadounidense, Jack Lew, elogió profusamente Doing Business en una comparecencia en el Congreso en la que justificaba el apoyo estadounidense a los bancos multilaterales de desarrollo. En términos más generales, el abandono de Doing Business redundaría en perjuicio del fomento que el Banco Mundial persigue en materia de seguridad jurídica y haría un flaco servicio a los que batallan por transformar las economías clientelistas.
Por último, a la vez que Doing Business centra su actividad en ayudar a los países más pobres para que mejoren su rendimiento económico, también influye en las prácticas empresariales y la formulación de políticas en los países desarrollados. La supresión de Doing Business significaría la pérdida para los responsables políticos europeos de una información relevante que contribuya a orientar los avances en el fomento de la competencia. Por ejemplo, registrar propiedades en Grecia es mucho más complicado que en la República de Yibuti; hacer cumplir un contrato en Italia requiere el triple de tiempo que en Italia. yen abrir un negocio en España se tarda aproximadamente 3 veces y media más que en Azerbaiyán.
Doing Business no ofrece soluciones políticas. No obstante, facilita un marco preciso y fiable de debate político y, por tanto, una oportunidad que ninguna economía puede permitirse perder.
Ana Palacio, a former Spanish foreign minister and former Senior Vice President of the World Bank, is a member of the Spanish Council of State.